La investigación conocida como los “Papeles de Panamá” muestra sólo la punta de una gran madeja de estudios y asesores dedicados a crear sociedades off-shore (extraterritoriales) en las guaridas fiscales. Entre todos ellos, el estudio Mossack Fonseca, que tiene 570 clientes argentinos, es uno más. Si sumamos la “Lista Falciani” y otras filtraciones, no sería exagerado pensar que hay otra gran cantidad de cuentas de argentinos abiertas en “paraísos fiscales”.

Como han sostenido diversos funcionarios de la actual gestión macrista: “Constituir una sociedad en un paraíso fiscal no constituye ningún delito en sí mismo”. Es cierto, pero justifican estas operaciones sosteniendo que el mundo off-shore es “una amplia industria global de banqueros, abogados, contadores y otros intermediarios que trabajan coordinados para proteger los secretos financieros de sus clientes”. Una sucursal bancaria en Nueva York, o en Roma, también protege el secreto financiero de sus clientes. Lo que se intenta ocultar con las cuentas en guaridas fiscales es el origen de los fondos transados en esos territorios y por las sociedades off-shore, muchas de las cuales poseen capitales de menos de U$S 1.000.

En ese marco, la discusión no pasa por si el presidente Mauricio Macri fue o no fue accionista de Fleg Trading. Fue su director y el asunto es qué cosas se gestionaron a través de esa empresa. Dos datos a tener en cuenta: uno; este gobierno nombró directora de la Unidad de Información Financiera (UIF) a la abogada del HSBC, entidad investigada a nivel global por facilitar la evasión impositiva y la fuga de divisas. Dos; la desregulación y liberalización de las operaciones, política que abrazó el gobierno macrista, favorecen la fuga de capitales y, vinculados con ella, los distintos ilícitos.

Las guaridas fiscales se caracterizan por la existencia de un régimen fiscal beneficioso con bajas o nulas tasas impositivas producto de una legislación comercial “flexible” y la falta de regulación de instrumentos financieros y estructuras legales. La segunda y no menos importante característica es que proveen confidencialidad de la información, garantizando secreto bancario y fiscal.

En la gran mayoría de los casos, la apertura de sociedades se realiza para cometer evasión o elusión fiscal y blanquear activos provenientes de diversos delitos, así como incluso ocultar patrimonio a herederos, y otras maniobras.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, mencionó -en uno de sus discursos como candidato presidencial- la existencia de un edificio en las Islas Caimán (consideradas guarida fiscal) que alberga a 12 mil empresas. Agregando que “o es el edificio más grande del mundo o es la estafa impositiva más grande del mundo”. La preocupación es atendible: el Departamento de Administración Presupuestaria de Estados Unidos propone una reforma impositiva que apunte a que “las empresas norteamericanas paguen impuestos por los 2 billones de dólares que tienen en el exterior no declarados”.

Según estudios de Oxfam (2016), los paraísos fiscales esconden 7,6 billones de dólares de fortunas individuales, una cantidad superior al PIB del Reino Unido y Alemania juntos.

Es un fenómeno institucionalizado en el mundo que se debe erradicar, lo cual no resulta fácil puesto que la mayoría de las guaridas fiscales se encuentra en territorios de países desarrollados, como Delaware (EEUU) o la Isla de Man (Gran Bretaña).

De allí el importante trabajo desarrollado en nuestro país por la Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a facilitar la Evasión de Tributos y la consecuente Salida de Divisas del País, cuyo informe resultó muy claro respecto a la complejidad de las cuestiones abordadas y los desafíos pendientes. Se comenzó a estudiar un entramado que involucra no sólo a los evasores -y por ende beneficiarios de las “irregularidades impositivas”- sino también a las denominadas “plataformas financieras” que ofician de intermediarias al ofrecer los canales necesarios para fugar divisas hacia las guaridas fiscales.

Queda mucho por hacer. Filtraciones como los “Papeles de Panamá” o la “Lista Falciani” dan prueba de la existencia de estas operaciones a gran escala. Por ello, debería constituirse una nueva comisión investigadora, con los mismos objetivos de la que ha finalizado, similar composición y, sería recomendable, un plazo mayor de funcionamiento. Quedan aún muchos actores por entrevistar y también resulta conveniente recibir mayores aportes de los representantes de las entidades reguladoras y especialistas en el tema. La continuidad de esta comisión permitiría presentar distintas propuestas destinadas a actualizar las leyes y disposiciones que regulan en nuestro país las operaciones financieras y la constitución de sociedades extraterritoriales.