“Somos republicanos, creemos en el principio de inocencia, el debido proceso legal y la defensa en juicio, pero eso no obsta que uno advierta que hay un estado de sospecha”, señaló este lunes el jefe del bloque FpV-PJ, Héctor Recalde, en referencia a la difusión de los “Panamá papers”. Y señaló en ese sentido que el especialista Ricardo Nissen ha dicho que “nunca vio una sociedad offshore que se dedicara a fines lícitos, siempre se armaron para ocultar y evadir”.

Así las cosas, Recalde sostuvo que “el hecho reviste gravedad porque jamás se hace una empresa offshore con fines lícitos. Así como hay presunción de inocencia, algo huele a podrido en Dinamarca”.

En declaraciones a varios medios, el diputado kirchnerista señaló que “no es una sorpresa lo del ingeniero Macri porque en los 90 ya tuvo una sociedad offshore, con aparentes vinculaciones con el contrabando, que tuvo una condena de la Cámara de Apelaciones y luego consiguió la absolución de la Corte llamada de la mayoría absoluta. Entonces en esto de armar una sociedad offshore tiene experiencia”.

“Estamos hablando del presidente de la Nación, tiene la mayor responsabilidad en dejar las cosas absolutamente en claro ante los argentinos y ante el mundo. Una forma de insertarnos en el mundo es mostrar que el presidente rinde cuentas”, enfatizó el legislador nacional, para quien “no importa que no haya sido accionista. Las acciones no son nominativas en estas sociedades, lo normal es que haya apoderados, en este caso el mismo estudio jurídico tenía 11 mil sociedades constituidas en su domicilio”.

Asimismo cargó contra la titular de la Oficina Anticorrupción, criticando a Laura Alonso porque “defienda sin investigar”. Señaló que “la Oficina Anticorrupción debería estar en manos de la oposición, con la misma filosofía de la Auditoría General de la Nación, porque necesita de alguien que controle. Se podría hacer un proyecto de ley para corregir esto”.

Con relación a los primeros meses de gobierno de Mauricio Macri, Recalde dijo que “no hay ninguna medida a favor de los sectores rezagados, ni de los trabajadores, ni de los desocupados, ni de las pymes. Este es un gobierno para ricos”.

“Hay remedios que se pueden tomar sobre lo que está pasando. En primer lugar, el Estado tiene que parar con los despidos. La Constitución Nacional les otorga a los trabajadores públicos el derecho a la estabilidad. Acá no hay ñoquis, hay compañeros que trabajan. En todo caso, tienen que demostrar que alguien cobra sin trabajar. Hasta nos agravian con el lenguaje, cuando el ministro de Hacienda habla de la grasa militante o dice ‘nos sacamos de encima la basura’”, agregó Recalde.

Ante los aumentos de las tarifas, el diputado del FpV se preguntó “¿por qué no dan un aumento de emergencia a los jubilados y a los trabajadores? Son precios nuevos con salarios viejos. Esto hay que pararlo, porque nos espera un destino terrible. En el segundo semestre no va a haber aumento de precios, porque no va a haber consumidores, y ese es el principio de un circuito infernal. Cuando hay menos consumo, hay menos ventas, hay menos producción, hay menos empleo, y es lo peor que nos puede pasar. Ya nos sucedió, y fue terrible”.

Con relación a las modificaciones impulsadas sobre el Impuesto a las Ganancias, señaló que “hay 26 o 27 proyectos sobre el mal llamado Impuesto a las Ganancias, que se tendría que llamar impuesto a los altos ingresos. Si hacemos un acto de justicia como es elevar el mínimo no imponible y cambiar las alícuotas, tenemos que ver como se compensa ese dinero que deja de percibir el Estado. Y la forma de compensarlo es exactamente al revés de lo que ha hecho este gobierno. En lugar de quitarle las retenciones a la minería, hay que aumentarle el impuesto, lo mismo con el juego y la timba financiera”.

“'Durante nuestro Gobierno, salvo un año, siempre se actualizó el mínimo no imponible. Eso no quiere decir que hayamos hecho la solución integral que buscamos”, reconoció, y recordó luego que “en la época electoral el Gobierno actual se comprometió a modificar el impuesto a las ganancias y ahora habla del 2017. Todos los sectores opositores hemos acordado que la reforma tiene que ser ya”.

“Hay muchas cosas por hacer que tienen que ver con la decencia y la honradez políticas, como ver qué sanciones hay para aquellos que en la campaña electoral prometen cosas y después hacen exactamente lo contrario, el famoso ‘si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado’. Tiene que haber una sanción y eso lo tenemos que tratar en la reforma política, porque es una forma de defraudar”, concluyó.