La senadora Silvina García Larraburu presentó un​​ proyecto de ley que propone modificar el Código Civil y Comercial, con el propósito de mejorar las condiciones de los contratos de alquiler con destino habitacional y evitar abusos. La iniciativa, trabajada en conjunto con la organización de Inquilinos Agrupados, cuenta con el apoyo de senadores, legisladores y concejales de todo el país, integrantes de pymes, cooperativas y organizaciones no gubernamentales.

Entre los puntos más sobresalientes se propone ampliar de dos a tres años el plazo mínimo de la locación para que las familias locatarias tengan mayor estabilidad y reducción de gastos; que el locador cumpla con la devolución del depósito en concepto de garantía abonado al inicio de la relación contractual, que las comisiones sean estrictamente determinadas por ley en cada jurisdicción, y en caso de no estar reguladas no superen nunca el valor de un mes de alquiler y que las expensas extraordinarias en ningún caso corran por cuenta del locatario. Además, se elimina el plazo de seis meses para que el locatario pueda rescindir el contrato sin causa al inicio del contrato y se añade que las partes están obligadas a acordar o no la renovación del contrato sesenta días antes del vencimiento de la locación.

“Es muy elevado el número de personas que alquilan, viven en hoteles, pensiones o albergues. El cambio de gobierno y la consecuente devaluación del 40% del peso argentino dieron vía libre a la especulación inmobiliaria”, subrayó. Explicó que los aumentos en los precios de los alquileres superan las proyecciones de inflación más altos; a pesar de estar en un contexto de estabilidad de precios en dólares sobre el valor del metro cuadrado.

García Larraburu detalló que el sistema inmobiliario es sumamente especulativo, no cuenta con ninguna visión de desarrollo o responsabilidad social empresaria. “Los aumentos en los precios de los alquileres rondan el 46% y en algunos casos llegan al 60%. A estos, hay que sumar los discrecionales incrementos de las expensas – nunca del todo claros- que deben pagar los inquilinos”.

Hizo hincapié en la necesidad de sancionar este proyecto, ya que la ausencia de regulación del Estado en un sector que comercia con un derecho tan importante involucrado, genera una enorme dificultad económica para los inquilinos a la hora de acceder a una vivienda digna.

“Un alto porcentaje de familias argentinas se enfrentan a graves ajustes locativos o imposibilidad en el acceso al alquiler; los aumentos, las expensas, el mes de depósito, la comisión inmobiliaria, los gastos de certificación y garantía, tornan en una odisea financiera el acceso a la vivienda. Es fundamental que subamos la vara de políticas que contengan a los ciudadanos”, finalizó.