Desde el Frente Renovador presentaron el proyecto de ‘Ética y Transparencia para el ejercicio de la función pública’ que prohíbe que familiares de funcionarios sean nombrados en la planta del Estado.
En la Cámara de diputados, el Frente Renovador presentó un Código que establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado de la Provincia de Buenos Aires o sus Municipios.
El proyecto es impulsado por el diputado massista Lisandro Bonelli, y busca la “nominación o designación de familiares en las áreas funcionales, administrativas, técnicas, de maestranza, operativa, de planta permanente o transitoria del organismo o dependencia del Estado en el cual el funcionario designante cumpla funciones o cargo electivo”.
En ese sentido, Bonelli expresó que “aquellos familiares que entran a la administración pública, en cualquiera de los estados del poder público, a través de un concurso o de mecanismos legales, lo van a poder hacer en forma normal. Pero también se pueden nombrar cargos políticos, que se irán con el funcionario cuando termine el mandato”.
Además, la iniciativa dispone que ninguna persona “podrá desempeñarse en más de un empleo, cargo o función pública remunerada, cualquiera sea su categoría o característica, dentro del ámbito de cualquier administración estatal provincial o municipal”, a excepción del cargo docente.
En caso de aprobarse esta Ley, funcionarios de diferentes rangos deberán presentar sus declaraciones juradas -medida ya dispuesta por la gobernadora María Eugenia Vidal- alcanzando además a todos los estamentos del Estado provincial, incluyendo legisladores y trabajadores de la justicia.
Asimismo, el diputado del Frente Renovador, destacó que “la transparencia, el control y la eficiencia en la gestión pública es una demanda permanente de la sociedad democrática, en parte dirigida al conjunto de las fuerzas políticas parlamentarias para que continúen en la búsqueda de los mecanismos legislativos que conduzcan al logro de aquellos fines”.
Finalmente, se intentará crear un Tribunal Social de Responsabilidad Política, un “órgano independiente de los poderes estatales” que actuará con autonomía funcional y estará especializado en ética pública y transparencia en el ejercicio de la función pública.
