El gobierno de Macri deberá rendir cuentas antes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el decreto de necesidad y urgencia que derogó parcialmente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sin pasar antes por el Congreso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) aceptó el pedido realizado por la defensora del Público, Cinthya Otaviano, y la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), organismo integrado entre otros por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), para tratar el 8 de abril en audiencia pública con el Gobierno nacional las modificaciones realizadas mediante el decreto de necesidad y urgencia 267/2015 a las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital.
La audiencia tendrá lugar en Washington en la OEA, a las 10.
De esta forma, la CIDH obliga al gobierno de Mauricio Macri a explicar las medidas que disolvieron la AFSCA y la AFTIC, organismos con representación significativa del Poder Legislativo, de las provincias y de diversos sectores académicos, de medios comunitarios y trabajadores, para reemplazarlos por el ENACOM, de mayoría automática del Ejecutivo.
A menos de 30 días de haber asumido la presidencia, el líder de Cambiemos ordenó implementar cambios sustanciales en los artículos de ambas leyes, lo cual derivó en el cierre del AFSCA (Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) y posterior creación del ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), dependiente del Ministerio de Comunicación.
La CCD sostiene que la audiencia “tratará la vulneración del derecho humano a la comunicación y los estándares elaborados por el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, del que el Estado argentino forma parte”, a raíz de dichos cambios realizados.
Asimismo, reclama fundamentar la aplicación de un decreto de “necesidad y urgencia” para modificar una ley tratada en el Congreso y aprobada en gran mayoría por el arco oficialista y opositor, tras meses de debate en todo el país.
Para el kirchnerismo, los cambios impuestos implicaron un retorno a la permisividad de concentración de medios y la transferencia de la televisión por cable al sistema mercantil de las telecomunicaciones.
Las entidades denunciantes son el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las Universidades Nacionales de Lanús (UNLa) y de las Artes (UNA), la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM). También participan la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), la Red de Radios Universitarias de América Latina y el Caribe (RRULAC), la Asociación de Radiodifusoras Universitarias argentinas (ARUNA), el Sistema Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID), la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), Músicos Autoconvocados, la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina (ARBIA) y la Cooperativa Eléctrica de La Pampa como expresión de las empresas cooperativas de servicio público.
