La controversia sobre la actividad de los “trapitos” en el territorio porteño despierta una y otra vez el debate en la Legislatura, donde en cuatro oportunidades fracasó la votación de la iniciativa del oficialismo para prohibirla. La última de ellas fue en diciembre de 2014 cuando la discusión se postergó para el período siguiente, año en el que no encontró chance de ser tratada por la marcada agenda electoral que se vivió tanto a nivel local como nacional.

En el inicio de un nuevo período parlamentario, la Comisión de Justicia cuenta en su agenda con distintos proyectos que buscan darle una solución “definitiva” a la problemática. Desde el macrismo, la postura es una sola: hay que prohibir la actividad de los cuidacoches. El jefe del bloque Pro, Francisco Quintana, fue el encargado de presentar en 2015 la propuesta para cambiar la redacción del artículo 79 del Código Contravencional, el cual explicita las multas para quienes cuiden autos en el espacio público sin una autorización legal.

Con el objetivo de reducir el rechazo de la oposición en el recinto, el Pro detalló en el proyecto que la prohibición se efectuaría para quienes realicen la actividad durante el desarrollo de espectáculos masivos. “Durante la realización y/o transcurso de espectáculos masivos, de carácter artístico o deportivo, llevados a cabo en los estadios de fútbol; clubes sociales, culturales y deportivos con instalaciones cubiertas; clubes deportivos con instalaciones al aire libre, o en cualquier otro lugar habilitado para tal fin”, precisaron.

Además, la propuesta oficial establece el límite en un radio de 30 cuadras y multa a los “trapitos” que infrinjan la ley con una multa que va desde los 1.000 a los 10 mil pesos; o con dos a 10 días de arresto. También indica que “cuando el interviniente se dedicare reiteradamente a estas actividades, la sanción se elevará al doble. En caso de existir previa organización, la sanción se elevará al triple para los organizadores”.

Ante las insistentes declaraciones de los legisladores del bloque amarillo, y su firme mirada al respecto de que la prohibición sería una efectiva salida a los conflictos generados en torno a la actividad de los cuidacoches, el Frente para la Victoria presentó un proyecto de ley que busca crear un “Registro de Cuidadores de Vehículos”. La iniciativa guarda coincidencias con la ley que se sancionó en 2011, que regulaba el accionar, pero que fue vetada por el entonces jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.

A su vez, la medida plantea prohibir a los “trapitos” que no posean la autorización legal para ejercer en la vía pública. Las sanciones serían de uno a dos días “de trabajo de utilidad pública” o una multa de 250 pesos a 500; y cuando se exigiera retribución, la sanción se elevaría al doble. Tal cual lo reglamenta el artículo en cuestión, el FpV señaló que la previa organización tendría penas mayores.

El texto del kirchnerismo también busca crear un nuevo artículo al Código, el 91 bis (el artículo 91 se refiere a la reventa de entradas) en el cual se especifican las sanciones para los cuidacoches que operen en las 30 cuadras alrededor de los estadios de fútbol, durante las cuatro horas antes del horario programado para el comienzo del espectáculo y hasta una hora después de su finalización. Y agrega las zonas de concentración de la oferta gastronómica.

También, establece que “el dirigente de un club de fútbol y/o responsable de dicho evento que participare en la organización o colaborare directa o indirectamente” con la actividad de los “trapitos” podrá ir preso entre 2 a 20 días.

Sobre la regularización de los cuidacoches, el kirchnerismo llama en la iniciativa “permisionarios” a las personas que se dediquen a ser “encargados de cuidar los vehículos estacionados en la vía pública durante la ausencia de sus dueños/as o poseedores/as a título de dueño/a, que estén inscriptas en el Registro de Cuidadores de Vehículos y tengan permiso para desarrollar la actividad”. De prosperar el proyecto, el Registro funcionará en el ámbito de la Secretaría de Transporte, del Ministerio de Transporte y Desarrollo Urbano y, por otro lado, el requisito más llamativo para poder inscribirse en el mismo, es el que determina la edad de 16 años como el mínimo para ser “permisionario”.

Según la propuesta K, las jornadas de los cuidadores no podrán ser superiores a las ocho horas diarias, y en los casos de los permisos otorgados a personas menores de 18 años, no se podrán exceder las seis horas diarias de habilitación para prestar el servicio.

En los fundamentos del proyecto, el bloque expresó que se “propone instituir un sistema de ordenamiento y sanciones que, desde un enfoque integral, encuadre las actividades de los “cuidadores de vehículos” y aísle las actividades ilícitas que con tal propósito se desarrollaren en su contexto”.

“Nuestro bloque entiende que una estrategia puramente prohibicionista estaría desconociendo este entramado de situaciones sociales de alta vulnerabilidad que se canalizan a través de estos medios de subsistencia, dejando sin resolver las razones de fondo que obligan a quienes ejercen la actividad a volcarse a estos medios informales. Asimismo, una prohibición general no haría otra cosa más que alentar a quienes utilizan la actividad de cuidar coches con fines ilícitos, creando incentivos para que éstos aumenten sus beneficios ante una supuesta elevación de los costos derivados de la prohibición”, sostuvieron en alusión a la iniciativa del Pro que pregona por el no rotundo.

Otro proyecto

Antes de la presentación del Frente para la Victoria, fue la diputada Natalia Fidel del bloque SUMA+ (interbloque ECO) quien lanzó su iniciativa para prohibir y regularizar con excepciones a los cuidacoches. Dichas excepciones están destinadas a las personas en situación de vulnerabilidad “mediante su incorporación a un programa de inclusión social”. El proyecto contempla las actividades de estacionamiento, asistencia e indicaciones para estacionar, lavado total o parcial, o cuidado de vehículos en la vía pública.

Fidel pidió que el Poder Ejecutivo disponga y garantice “los medios necesarios para asegurar el efectivo cumplimiento de la prohibición y el respeto a sus excepciones”, y que pueda “abocarse a la persecución y denuncia penal de las organizaciones criminales que actúan en forma conexa a la actividad de cuidadores de vehículos que operan en forma ilegal”.

Subrayando el eje de la inclusión, la legisladora explicó que “consiste en un programa de inclusión social destinado a asistir a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, contemplando la concesión de una autorización legal para desempeñar la actividad de cuidadores de vehículos” y que tiene como finalidad “conceder un beneficio mediante una transferencia de ingresos a los beneficiarios, promoviendo que estos realicen un servicio a favor de la comunidad, avancen en la finalización de sus estudios y obtengan capacitación para facilitarse el acceso a empleos que les permitan reinsertarse en el mercado laboral y en la economía formal”.

La norma específica que el programa sería financiado por los gastos presupuestarios, y que los beneficiarios recibirían un monto equivalente al 80 por ciento de la Canasta Alimentaria de menor monto estimada por el Gobierno de la Ciudad. Podrían ser cuidadores de vehículos personas desocupadas y personas con discapacidad.

Entre las reglas de la actividad, se menciona que: no podrán cobrarle a los conductores por estacionar, aunque sí podrán recibir propinas, debiendo entregar una constancia de contribución oficial; se les asignará una zona específica y un horario fijo; se los proveerá con una credencial y pechera identificatoria y un botón antipánico, de modo que tengan la capacidad de reportar la actividad sospechosa que se produzca en sus zonas. También, tendrán la obligación de continuar sus estudios o capacitarse en oficios y no podrán quedarse en el programa más allá del límite máximo de cuatro años.

Por otro lado, se pondrá a disposición de los ciudadanos una serie de canales (web, línea telefónica y una aplicación móvil) para que puedan realizar denuncias frente a eventuales abusos de cualquier beneficiario del programa.