Por José Angel Di Mauro. Si bien al gobierno no deja de convenirle que la revulsión judicial centre una atención que centraría sino la economía, existe aprensión por lo que pueda derivar de semejante conmoción.
Cuando el último día de enero de 2015 Mauricio Macri y Elisa Carrió anunciaron a través de Facebook su acuerdo político, se consumó el entendimiento que venían amasando desde hacía semanas, pero no por eso el acuerdo dejó de llamar poderosamente la atención. No faltaron los que sugirieron que sería otra relación política que emprendería la diputada, con ruptura a plazo fijo. Los antecedentes no la ayudan: la lista de los aliados con los que terminó peleada es extensa y notoria. Pero esta vez las características de los protagonistas y el objetivo concreto le daban a ese entendimiento un carácter distinto.
A Mauricio Macri le sirvió de mucho esa alianza, y así lo sabían quienes la propiciaron. Fue parte del intento de modificar su perfil, de cara a las presidenciales, más allá de que otros lo interpretaron como una “derechización” de Lilita. El resultado fue mucho más allá del escuálido porcentaje que la líder de la CC obtuvo en las PASO y los votos que pudo haberle aportado a Cambiemos en las dos elecciones generales siguientes. Por eso es que la perdurabilidad de ese pacto es primordial para el Presidente, que se ha mostrado dispuesto a hacer todo lo posible para evitar que los clásicos arrebatos de su socia política terminen en un portazo.
Estaba claro que los cortocircuitos no tardarían en llegar, pero en Cambiemos están convencidos de que más que dañarlo, el Presidente sale fortalecido cada vez que Carrió lo interpela. No porque gane esas pulseadas -que prefieren queden sin vencedores ni vencidos-, sino porque muestran un saludable nivel de diversidad. Y porque amortiguan de algún modo las críticas externas.
Eso no implica que los roces estén guionados, ni siquiera consensuados. Ni que no vayan a fastidiar al primer mandatario, como ha sucedido cada vez que su aliada la ha emprendido contra Daniel Angelici o su “hermano de la vida” Nicolás Caputo, por ejemplo. Pero es parte del precio que debe pagar para el objetivo de mostrar un Macri amplio de criterio, capaz de soportar las críticas de propios y extraños.
Especialmente rendidora fue esa relación cuando al día siguiente del estallido de los Panamá Papers, Elisa Carrió salió a bancar fuertemente al Presidente, luego de haberlo cuestionado por la mañana. Para muchos más de los que se cree, la palabra de la diputada tiene un peso específico superior cuando la honestidad está en tela de juicio.
Pero está tan claro que no alcanza para casos de este tipo, como que el gobierno minimizó en extremo el poder corrosivo de una revelación que le había sido adelantada a las autoridades con dos meses de antelación, y reiterada una semana atrás. El kirchnerismo lo hubiera resuelto de otra forma, seguramente anticipando la inminencia de una “andanada destituyente”, según el manual K que aprendimos a conocer. Maestros en materia de presentar los hechos de un modo de aparentar una realidad adecuada a sus intereses, contrarrestaron en julio del año pasado una nota crítica en la revista The New Yorker sobre el caso Nisman, en un supuesto reportaje que dejaba bien parada a Cristina Kirchner. Lo hicieron adelantándose a la publicación difundiendo la entrevista, que el gobierno había grabado por su cuenta.
El macrismo en cambio no tomó conciencia de la magnitud de la información que sería difundida, su alcance y la manera como la administraría la oposición. Sobre todo en un contexto en el que la sociedad está tan sensible y ávida de transparencia. Reaccionó con un frío comunicado que lejos estuvo de apaciguar las dudas, y el Presidente demoró cuatro días en hablar del tema en la Casa Rosada, cuando ya un fiscal lo había imputado.
“Actuaron como empresarios”, razonó un legislador opositor no tan crítico al tratar de interpretar ante este medio la parsimonia oficial frente al escándalo. Conjeturaba que en el mundo empresarial semejante revelación no merecería mayor atención, y que por el contrario una sobreactuación sugeriría que había algo que ocultar. Ahora lo tendrá que determinar la justicia, activada a partir de la denuncia de un ignoto diputado neuquino que la anunció en el recinto durante la sesión del miércoles pasado, al cabo de una extensa sucesión de discursos del kirchnerismo y la izquierda, cada vez más cercanos en la Cámara baja. Tanto que el FpV avaló un pedido impulsado por la diputada del PTS Myriam Bregman para cambiar el temario de la sesión por el de la empresa offshore del Presidente. A la hora de la votación, realizada a pedido de Héctor Recalde de manera nominal y no a mano alzada, se les sumaron los socialistas.
Más tarde vendría la denuncia del neuquino Norman Darío Martínez, quien asumió el 10 de diciembre en reemplazo de Nanci Parrilli, hermana del extitular de la AFI, Oscar Parrilli, quien mantiene contacto directo con Cristina y al que se imagina detrás de la denuncia de su comprovinciano.
Aunque ausente, la expresidenta está muy pendiente de lo que sucede a nivel político, como lo demostró cuando tras la difusión de los Panamá Papers emitió un comunicado más extenso que el de Presidencia, en el que desvinculó a su familia de los paraísos fiscales y fustigó en cambio a Macri por figurar en las listas.
No hizo en cambio ninguna referencia al exsecretario de su esposo Daniel Muñoz, poseedor de una firma offshore en las Islas Vírgenes Británicas. Muñoz fue sindicado en el programa PPT por Miriam Quiroga, secretaria de Néstor Kirchner, como el que “llevaba los bolsos a Olivos y de ahí a Santa Cruz en avión o por vía terrestre”. Quien era sindicado por su cercanía como “la sombra de Kirchner” por casi veinte años fue investigado por enriquecimiento ilícito en 2009, por haber crecido su patrimonio desde 2003 de $14.000 a cerca de $1.100.000. Pero el juez Claudio Bonadio terminó sobreseyéndolo.
Eran tiempos en los que ese magistrado tenía buena relación con los Kirchner. Hoy es el juez más odiado y temido por el kirchnerismo en general y Cristina Kirchner en particular. Se verán las caras el próximo miércoles, y dicen que la expresidenta está convencida de que él ordenará su detención. No es probable que eso suceda; sí que al cabo de su declaración Bonadio dicte su procesamiento, como así también los de Alejandro Vanoli y Axel Kicillof por la causa de la venta de dólares a futuro. Una estrategia financiera por la que el gobierno siguiente deberá pagar mucho más de 50 mil millones de pesos.
Contrariamente a lo que sospecha Cristina, en el gobierno son más los que no ven con buenos ojos que la expresidenta termine presa. Sobre todo por esa causa, que no consideran la más comprometedora para CFK. Ya de por sí temen por el nivel de agitación que pueda haber en la calle el miércoles, en la movilización convocada por el kirchnerismo duro para “bancar” a su líder. No querrían que el clima social se agite con una profundización de la grieta que sobrevendría con un avance jurídico sobre la exmandataria. Sí en cambio veían con buenos ojos las penurias judiciales de otras figuras del elenco estable kirchnerista, que por otra parte ayudan más que a desviar la atención de la inflación creciente, a retemplar el espíritu de los votantes de Cambiemos que por ahora vienen tolerando sin mayor reacción los sucesivos tarifazos.
Pero más allá de los deseos del gobierno, la declaración del “valijero” Leonardo Fariña precipitó dramáticamente los hechos. Luego de que Lázaro Báez generara cierto desánimo en las expectativas, al retractarse en torno a Ricardo Echegaray, la declaración del exmarido de Karina Jelinek causó un terremoto político-judicial. Fariña venía alertando a sus interlocutores periodísticos su disposición a encender el ventilador. Se dice que esperaba también alguna señal del gobierno que si bien se afirma que hasta último momento no habría llegado, podría haber sido el aval para que declarara en condición de “arrepentido”.
Tras la detención de Ricardo Jaime la semana pasada, el kirchnerismo vivió un segundo sábado consecutivo de conmoción al anunciarse la imputación de Cristina Fernández de Kirchner.
Junto a CFK, cuya presentación en Comodoro Py el miércoles toma ahora un cariz aun más serio, fueron imputados también el exministro Julio De Vido y el financista Ernesto Clarens, una figura desconocida por el gran público, pero clave.
Y volvemos a Elisa Carrió, quien sostiene que Lázaro Báez era “el gran testaferro, todo era de Kirchner. El se habrá quedado con el 10, 15%”. Según ella, todo era manejado “centralmente por Kirchner”, y consecuentemente “su muerte produce un desorden”; y advierte sobre “una persona muy vinculada al Banco Macro, Clarens, que era el que le manejaba todo. De repente se separan las administraciones de la plata y es donde Lázaro cae en Fariña y Elaskar”.
Clarens era dueño de Invernes, empresa que con ironía muchos interpretan como “Inversiones Néstor”. Carrió no va tan lejos, pero insiste: “Clarens es una figura central, que ha hecho desarrollos enormes en Miami… Todos ellos tienen desarrollos en todos lados del mundo”.
El final de esta historia podría estar construyéndose por estos días, precipitándose de manera dramática a través de jueces que parecen haberse tomado al pie de la letra la consigna del titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, reiteró esta semana de manera contundente: “Queremos que los jueces terminen de una vez de demorar causas. La corrupción debe ser política de Estado, si no lo es, se pierde credibilidad”. Lo hizo en el marco de un homenaje a la memoria del fiscal del juicio a las Juntas Militares, Julio Strassera, una figura que siempre fue incómoda para el kirchnerismo.
