Patricia Bullrich presenta en Diputados proyectos sobre seguridad

La ministra de Seguridad expone ante un plenario de comisiones iniciativas sobre flagrancia e investigación compleja.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expone ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo en materia de seguridad.

Se trata de dos iniciativas que forman parte de un paquete de leyes anunciado la semana pasada, que también incluye reformas en el Poder Judicial y en el Ministerio Público Fiscal.

La primera de ellas regula un procedimiento especial para los delitos cometidos en flagrancia, es decir, cuando el delincuente es sorprendido “in fraganti” infringiendo la ley.

El otro proyecto incorpora nuevas herramientas respecto de los delitos de investigación compleja, contemplando las figuras del arrepentido, el agente encubierto, el agente revelador e informante, y la entrega vigilada.

Los proyectos son analizados por las comisiones de Legislación Penal, presidida por Gabriela Burgos; y de Justicia, cuyo titular es Diego Mestre –ambos diputados de la UCR-, en el Anexo C de la Cámara baja.

La exposición

“El objetivo de estos proyectos es trabajar sobre una problemática (…) que es el tema de los delitos complejos, narcotráfico, lavado, la trata, de todos aquellos delitos que general realmente mucha incertidumbre en la sociedad”, explicó la ministra y agregó: “dotar a la lucha contra el delito complejo y el narcotráfico herramientas más adecuadas, en una lucha que por lo general vamos por detrás”.

En relación al proyecto sobre flagrancia, dijo que el objetivo es “dar respuesta la alto índice de criminalidad y de reincidencia” y “dotar al Poder Judicial de una herramienta que es ágil, sencilla, eficaz”.

Explicó entonces que “en el momento en que se constituye el delito, se constituye la prueba. El mismo hecho de la existencia de los rasgos, la posición de objeto, facilita el juicio posterior”. “Cometiéndose un delito, la persona que comete el delito al día siguiente vuelve a parecer en el barrio que cometió el delito y eso genera una situación de impunidad y de mucha incertidumbre; lo que aparece es un Estado que no se hace cargo de esa realidad”, advirtió

Por eso explicó que la propuesta está planteada “para todos los hechos dolosos, cuando el delincuente es sorprendido”.

“El detenido es inmediatamente llevado al juez. Dentro de las 24 horas se realiza una audiencia oral. En esta primera audiencia debe asistir la persona que está imputada, su defensor, el juez, el fiscal y la víctima, si quisiera”, precisó y añadió que 20 días de después de la audiencia de prueba se debe llevar a cabo el juicio.

Según Bullrich, este sistema permite que “la persona que ha cometida el delito tenga una resolución rápida”. “Esto generaría una solución procesal, clara, concreta, con mucha experiencia en muchas provincias”, destacó.

En relación al otro proyecto sobre “delitos complejos”, dijo que el objetivo es “poder llegar” al último eslabón de la “cadena”.

Así, la iniciativa contempla la modificación de la figura del “arrepentido” para que el arrepentido pueda dar datos de otras causas además de la que está involucrada y brindar información aún después de la sentencia; la “inclusión de nuevos delitos”; y la creación del policía “infiltrado” en las mafias, aunque la ministra dejó abierta la posibilidad de que también se habilite la participación de civiles.

También dijo que evalúan que la Comisión Bicameral de Seguridad Interior del Congreso pueda tener acceso al registro de informantes pero a condición de que mantenga los expedientes en secreto.

Flagrancia

Según el artículo 285 del Código Procesal Penal, “se considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después; o mientras es perseguido por la fuerza pública, por el ofendido o el clamor público; o mientras tiene objetos o presenta rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito”.

Hay provincias que ya implementaron este elemento, y son las de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Si bien el Código Procesal Penal de la Nación establece en los artículos 353 bis y 353 ter un procedimiento para los casos de flagrancia, el proyecto amplía la cantidad de delitos alcanzados por estas reglas y su aplicación no sólo a la etapa de instrucción, sino también a la de juicio.

El procedimiento se aplica a los delitos cometidos en flagrancia cuya pena máxima no supere los 15 años de prisión o, “tratándose de un concurso de delitos, ninguno de ellos supere dicho monto”.

De acuerdo con el texto del proyecto, “el detenido será trasladado ante el juez a fin de participar de una audiencia oral inicial de flagrancia que deberá llevarse a cabo dentro de las 24 horas desde la detención, prorrogables por otras 24 horas cuando no pueda realizarse por motivos de organización del tribunal, del fiscal o de la defensa, o cuando el imputado lo solicite para designar un defensor particular”.

A esa audiencia deberán asistir el Ministerio Público Fiscal, el imputado y su defensor. Además, la víctima tiene derecho a asistir a todas las audiencias y deberá ser notificada de la realización de las mismas, a fin de ser escuchada y eventualmente ser tenida por parte querellante.

Asimismo, se establece que “todas las cuestiones introducidas en la audiencia oral inicial de flagrancia deben ser resueltas por el juez en forma oral, inmediata y de manera infundada”.

Nuevas figuras para los delitos de investigación compleja

Con el fin de combatir el crimen organizado, el proyecto instituye en primer lugar la figura del arrepentido, aquella persona que “colabora con la Justicia, brindando información acerca de delitos en los que ha participado o no, a cambio de beneficios procesales con el fin de esclarecer un hecho delictivo o individualizar a sus autores o partícipes, prevenir su consumación o detectar hechos conexos”.

Por otra parte, se crea la figura del agente encubierto, esto es, “un miembro de una fuerza de seguridad o policial que es designado para introducirse en organizaciones criminales, ocultando su identidad y adoptando una nueva, con el propósito de identificar a los autores y partícipes e impedir la consumación o continuación de delitos”.

En tanto, el agente revelador es definido como “un agente de las fuerzas de seguridad o policiales designado a fin de simular interés en comprar o transportar, para sí o para terceros, dinero, bienes personas, servicios, armas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o participar de cualquier otra actividad de un grupo criminal, con la finalidad de identificar a las personas implicadas en un delito y de recolectar material probatorio que sirva para el esclarecimiento de los hechos ilícitos”.

El agente informante, otra de las nuevas figuras, es aquella persona que “de manera sistemática o estructurada suministra información a las fuerzas de seguridad, policiales u otros organismos acerca de los miembros, actividades, financiamiento y cualquier otro dato respecto de organizaciones criminales que sirva para orientar la investigación a cambio de ciertas ventajas económicas o procesales”.

En cuanto a la entrega vigilada, se trata de una técnica que consiste en “dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atravieses o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas”, según define la Convención de Palermo.

El proyecto de ley establece además que el funcionario o empleado público que revele la identidad de un agente encubierto, revelador o informante, será reprimido con prisión de cuatro a ocho años, multa equivalente en pesos al valor de seis a 85 Salarios Mínimo, Vital y Móvil, e inhabilitación absoluta y perpetua.

A su vez, el funcionario e empleado público que “por imprudencia, negligencia o inobservancia de los deberes a su cargo permita que otro conozca la información”, será sancionado con prisión de uno a tres años, multa equivalente en pesos al valor de cuatro a 60 salarios Mínimo, Vital y Móvil, e inhabilitación especial de tres a 10 años.

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