El secretario de Asuntos Políticos detalló ante la Cámara de Diputados la ambiciosa propuesta para que los organismos del Estado garanticen el acceso a la información.
El Congreso Nacional ya discute un proyecto de ley de acceso a la información pública. En el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el secretario de Asuntos Políticos de la Nación, Adrián Pérez, presentó la iniciativa del Poder Ejecutivo para garantizar el ejercicio de este derecho, “en términos de transparencia y participación ciudadana”.
La propuesta, explicó, busca garantizar que cualquier ciudadano pueda acceder a la información pública a través de simples pedidos de informes a todos los poderes del Estado: el Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial y el Ministerio Público Fiscal.
Según dijo, el proyecto se basa en cuatro principios: la celeridad, “para que rápidamente el Estado pueda responder a quienes piden información”; la publicidad; la gratuidad, y la informalidad, “para que cualquier ciudadano con sólo la identidad y el contacto” pueda obtener la información, “sin otro documento que presentar”.
Pérez concurrió a la reunión en la Sala 1 del Anexo de la Cámara de Diputados junto a la secretaria de Relaciones Parlamentaria, Paula Bertol, durante casi una hora y media, en la que respondió preguntas de los legisladores y recogió adhesiones de todos los bloques opositores presentes.
Así, Margarita Stolbizer (GEN), Graciela Camaño (Frente Renovador) y los kirchneristas Julio Solanas y Marcos Cleri adelantaron su apoyo en general al proyecto oficial, aunque hicieron observaciones en particular.
Detalles del proyecto
Pérez explicó que los ciudadanos no deberán presentar documentación alguna para pedir información, salgo la identidad. En tanto, indicó que ante la no respuesta por parte de un organismo público se habilita un nuevo reclamo ante la autoridad, que deberá expedirse en un plazo de 30 días, así como una demanda judicial.
El secretario también informó que los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y el Ministerio Público Fiscal deberán crear agencias de acceso a la información, que serán las autoridades de aplicación de la ley en estos organismos. Sus respectivos directores, precisó, serán designados por las autoridades de estos poderes en el marco de audiencias públicas con la recepciones de adhesiones e impugnaciones por parte de los ciudadanos. Además, tendrán “autonomía y autarquía”.
Asimismo, el proyecto establece la creación de un “Consejo de Transparencia” integrando por representantes del Gobierno nacional y de los gobiernos provinciales para evaluar eventuarles reformas sobre la materia.
En relación a la “transparencia activa”, Pérez sostuvo que “todos los organismos tiene que brindar información en sus páginas web”: su organigrama, sus autoridades, su personal, sus gastos, la ejecución del presupuesto asignado, las contrataciones, etcétera. “Es sumamente ambicioso”, aseveró.
Respaldo y dudas
La primera en manifestar su apoyo general al proyecto fue Margarita Stolbizer: “reúne los estándares de la ley marco que propone la OEA”, destacó la diputada del GEN, que no obstante pidió “acortar el plazo de implementación” de la ley previsto de un año a partir desde el momento de su sanción.
Además pidió limitar los casos de restricción de acceso a la información por cuestiones de “confidencialidad”, al citar el caso YPF-Chevron.
Más crítico con el oficialismo fue el diputado Julio Solanas, del Frente para la Victoria por Entre Ríos: “El Poder Ejecutivo se controla a sí mismo”, protestó en relación a la facultad del Gobierno de designar al director de su propia agencia de información.
En el mismo sentido, el camporista Marcos Cleri sostuvo que para su bloque quedan “dudas sobre la independencia del director de la agencia” al tener en cuenta la militancia de los titulares de la nueva Enacom y de la Oficina Anticorrupción. Sin embargo, adelantó que el Frente para la Victoria “va a acompañar en las generales de la ley”.
Desde el propio oficialismo también se plantearon inquietudes. Así, el porteño Fernando Sánchez, mano derecha de Elisa Carrió, pidió que sindicatos y universidades también estén incluidas en la ley, aunque hizo foco en el Poder Judicial.
“Me preocupa el caso del Poder Judicial porque ellos deben garantizar que se cumpla la ley y no es adepto a abrir información”, confesó el secretario parlamentario del interbloque Cambiemos. Y amplió: “no quiero sancionar una ley para que se me diga ‘a mí no se me aplica’. No quiero que tengan un régimen ad hoc”. Algo así sucedió con el Impuesto a las Ganancias, que no rige para los empleados judiciales y de las fiscalías por una acordada de la Corte Suprema de Justicia.
