El proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal que promueve el Poder Ejecutivo no sólo acota el mandato del procurador general a cuatro años, sino que también facilita el procedimiento del juicio político para poder removerlo del cargo.

Se trata de una clara ofensiva contra la actual procuradora general, Alejandra Gils Carbó, quien fue objeto de insistentes críticas y cuestionamientos por parte del actual oficialismo dada su cercanía con el kirchnerismo.

El proyecto apunta entonces a limitar el poder del jefe de los fiscales, y para ello lo primero que hace es acotar su mandato a cuatro años –el cargo hoy es vitalicio-, “pudiendo ser nuevamente designado con intervalo de un período completo”.

Además, se facilita el procedimiento de juicio político para remover al procurador, en el cual se requieren mayorías calificadas en el Congreso difíciles de conseguir para cualquier partido político.

El Gobierno se basa en el argumento de que la Constitución Nacional sólo prevé este mecanismo para destituir al presidente, al vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema.

Según el proyecto, el Poder Ejecutivo podría solicitar la remoción del procurador a través de un decreto, así como la Cámara de Diputados de la Nación, por el voto favorable de la mayoría simple de los miembros presentes.

Luego, la destitución sí debería ser resuelta por el voto favorable de los dos tercios de los miembros presentes del Senado, con previa audiencia del interesado.

Esto podría realizarse contra el procurador por razones de mal desempeño o por comisión de crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones.

Por otra parte, el proyecto de ley crea la figura de cuatro subprocuradores generales -en derecho penal, en delito organizado, en derecho público y en derecho privado-, que también durarán cuatro años en sus cargos.

Estos subprocuradores serían designados por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado por mayoría simple, y los candidatos deberían reunir los mismos requisitos que el procurador general.

Para la remoción de los mismos se establece también idéntico procedimiento, con la excepción de que se requiere mayoría simple –y no agravada- en el Senado.

Así, en caso de “licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia” del procurador, se acudiría al subprocurador de mayor jerarquía y antigüedad.

La iniciativa que se debatirá en Diputados también prevé una participación más activa al Consejo General del Ministerio Público Fiscal, al que se le otorga la función de controlar dicho Ministerio, y que estará integrado por el procurador, los cuatro subprocuradores, dos fiscales generales y dos fiscales.

Asimismo, se prohíbe el traslado de fiscales de una jurisdicción a otra en la cual no fue nombrado, salvo que, cumplidos cinco años en el cargo, el fiscal solicite el traslado con motivo fundado, el cual deberá ser autorizado por el subprocurador del área correspondiente y el Consejo General.

En otro punto importante, se prevé la evaluación de los candidatos a ocupar cargos de magistrados del Ministerio Público Fiscal mediante instancias orales y públicas.

El proyecto incluye modificaciones en el Tribunal de Enjuiciamiento, que estaría conformado por tres vocales (uno designado por el PEN, uno por el Senado y uno por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal), y dos vocales elegidos por sorteo entre los magistrados del Ministerio Público que tengan más de diez años de antigüedad en el cargo.

Por último, se prevé la posibilidad de impulsar acuerdos con diferentes instituciones y se privilegia la facultad de crear nuevas dependencias administrativas y unidades de apoyo funcional especializado –cuyas funciones, organización e integración quedan libradas a la reglamentación de la ley-.