La Legislatura porteña aprobó con 50 votos a favor y 5 abstenciones un proyecto consensuado que declara el “rechazo” a la actividad de la empresa Uber en el territorio porteño. La propuesta fue presentada por el presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, Claudio Palmeyro (Sindical Peronista), cercano a Omar Viviani, el líder del sindicato de taxistas.

Al comienzo del debate, el legislador Fernando Vilardo (Autodeterminación y Libertad) sostuvo que la firma “es una empresa que lo que hace es explotar mano de obra” y que “enfrenta a trabajadores con trabajadores”.

En tanto, Patricio Del Corro (PTS) aseguró que con el desembarco de la empresa en la Ciudad se corre el riesgo del “crecimiento de la precarización laboral”. Y señaló que Uber “es una empresa que no tiene ninguna responsabilidad sobre los choferes, no pagan seguros”. También, el diputado destacó que muchas personas se anotan en el sistema debido a los “altos índices de desempleo”.

Por su parte, el legislador Marcelo Ramal (FIT) explicó que “esta firma virtual no se hace cargo de las eventuales costas por accidente, y el chofer es anotado como emprendedor independiente, es decir, que aparece como una persona que actúa en cuenta propia”.

“El sistema de puntajes incentiva a este supuesto emprendedor a la autoexplotación”, continuó y consideró que “la tecnología dirigida conscientemente” tendría que utilizarse para “un sistema digital para asegurar un sistema de transporte rápido y barato”.

Por el lado del Pro, el diputado Daniel Presti, presidente de la Comisión de Justicia, aseguró que la empresa “no cumple con ninguna normativa vigente dentro de la Ciudad” y “no se encuadra en ninguno de los aspectos normativos”, por lo cual “no corresponde que esté operando en la Ciudad”.

También desde el oficialismo, la legisladora Cristina García dijo que “el sistema de transporte público que se pretende poner en marcha disimulado bajo las nuevas tecnologías es impensable. Nosotros decimos bienvenida la innovación y el desarrollo tecnológico pero que se cumpla con la ley”.

“Estamos rechazando este atropello a la normativa vigente. No estamos a favor ni de Uber ni de ningún transporte público ilegal. Estamos a favor de garantizar la seguridad de los vecinos, el trabajo registrado y la legislación vigente en la materia”, añadió.

El jefe de la bancada K, Carlos Tomada, resaltó que “el caso de Uber es extremo” y “debe servir para ponernos en alerta”. Aclaró que Uber “no tiene autorización para funcionar” y “ni siquiera está inscripto en la AFIP”. “Es una empresa multinacional con gran poder de lobby que quiere operar por fuera de la legislación argentina”, expresó y subrayó que el Estado tiene la tarea de intervenir regulando para “proteger” no sólo a los usuarios sino también “al trabajo”.

Gustavo Vera (Bien Común) remarcó que “nunca la tecnología puede estar por encima de las fuentes de trabajo”, y que en todo caso “la aplicación de tecnología debe ser para preservar el trabajo y mejorarlo”.

El legislador Roy Cortina (PS) pidió “avanzar en las regulaciones” para “el beneficio de los trabajadores”. “No alcanza con decir que lo rechazamos”, sostuvo e insistió con debatir las regulaciones que sean necesarias para “trasformar en dignas las condiciones de los trabajadores en la Ciudad de Buenos Aires”.

Al cierre del debate, el autor de la iniciativa, Claudio Palmeyro (Sindical Peronista), señaló que Uber “es una empresa que pretende funcionar en la Ciudad por encima de los tres poderes”. Explicó que “no hay un rechazo ni a la aplicación ni a la tecnología” sino que “a la empresa no le interesa el fallo judicial, lo que dice el Gobierno de la Ciudad ni las leyes que hicimos en esta Casa”.

Propuesta para regular Uber

El presidente de SUMA+, Hernán Rossi, justificó la abstención de su bloque y dijo: “nos comprometemos a trabajar la cuestión de manera positiva y es por eso que presentaremos un proyecto para regular la actividad”.

El diputado sostuvo que “la regulación que proponemos debe ser a favor y no en contra del trabajador del taxi”, y afirmó que la iniciativa buscará “dar garantías al taxi”.

Para ser parte del sistema, Rossi explicó que se contemplarán los requisitos de que los conductores sean propietarios de al menos un 25 por ciento del vehículo; que el vehículo tenga 7 años o menos de antigüedad y que un 3 por ciento de las ganancias de los viajes sea destinado a un fondo de movilidad sustentable, entre otros.

“Preferimos trabajar en la búsqueda del interés general”, manifestó el legislador radical y señaló: “no nos corresponde actuar a favor o en contra de una empresa”.

El servicio Uber opera mediante una aplicación móvil que une a conductores que ofrecen viajes con su auto a pasajeros que lo requieren. A las 24 horas de comenzar a funcionar en la Capital Federal, el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 15 resolvió hacer lugar a una medida cautelar que presentó el Sindicato de Peones de Taxis de la Ciudad para que la empresa no ofrezca su sistema.