El diputado por el GEN Marcelo Díaz presentó un nuevo proyecto de ley para que se suspendan por 180 días las acciones para la realización de la subasta del inmueble donde se encuentra el Hospital vecinal Ciudad de Llavallol.

El proyecto está emparentado a la decisión que ambas cámaras bonaerenses tomaron el pasado 9 de marzo por unanimidad, para la expropiación y puesta nuevamente en funcionamiento del centro de salud y que el Ejecutivo provincial vetó.

Díaz consideró que “hay un desconocimiento total de las necesidades de los vecinos, pareciera que la ministra de Salud no está muy interesada en la salud de los ciudadanos de Lomas” y agregó: “El decreto de Vidal para vetar la expropiación tiene fundamentos débiles que hacen pensar en la ingerencia de algún interés en que ese centro sanitario llegue a remate”.

“La comunidad de Llavallol está preocupada y sospecha que detrás del veto hay un sector del sistema empresarial y sindical, que quería comprar la quiebra a precio vil y en lugar de un hospital público montar una clínica privada”, sostuvo el legislador.

Marcelo Díaz destacó que “Lomas de Zamora tiene un défict de 700 a 800 camas; ahora tiene un poco más de 200 para casi un millón de habitantes y por eso todas las autoridades sanitarias coincidían en que recuperar los quirófanos del hospital de Llavallol era clave para descomprimir al Gandulfo, que está colapsado y con camillas en los pasillos”.

“Entendemos que la decisión del Poder Ejecutivo, de proceder al veto de la ley sancionada se trata de un error, creemos que no ha tenido el asesoramiento respectivo de las necesidades que tiene la comunidad de Lomas de Zamora en materia de déficit de camas, falta de quirófanos en los hospitales públicos; hay un sólo hospital interzonal, y esta es una gran posibilidad por eso seguiremos luchando para que Llavallol tenga su hospital”.

El proyecto en cuestión, fue vetado por el Poder Ejecutivo, a través del Decreto 190/16, del 23 de marzo pasado, señalando, entre otros aspectos, que distintos organismos provinciales, tales como: la Fiscalía de Estado, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía, a través de la Dirección Provincial de Presupuesto, se han pronunciado en forma desfavorable en relación a la promulgación del proyecto en cuestión.