El Estado tiene la responsabilidad indelegable de velar por la seguridad de sus ciudadanos. Su presencia evidenciada en sus políticas es quien debe garantizarnos el libre ejercicio de todos y cada uno de nuestros derechos. La ausencia, negligencia o su connivencia con el poder empresarial ponen en riesgo el más elemental de los derechos: el derecho a la vida.

Lo que sucedió en la madrugada del sábado 16 de abril en la fiesta Time Warp, realizada en el complejo Costa Salguero,pone de manifiesto esta afirmación.

Muchos de los asistentes declararon públicamente que el complejo estaba sobrepasado en relación a su capacidad, que las canillas de agua de los baños estaban clausuradas y que las botellas que se ofrecían comercialmente tenían un precio exorbitante, y que se permitió el ingreso de menores de edad.

¿Dónde estaba el Estado controlando para evitar estos excesos? ¿Con que criterio se consideró que 2 ambulancias, 5 médicos y 10 socorristas son suficientes para un evento en el que participaron más de 10 mil jóvenes?

La lógica de maximización de las ganancias y de reducción de costos es la premisa básica que guía cualquier negocio empresarial. Solo el Estado, a partir de un rol activo, puede evitar que los derechos, cualquiera estos sean, se vean vulnerados.¿Acaso la vida de nuestros pibes tiene precio?

La falta de control del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se repite sistemáticamente, como lo fue en el caso del Boliche “Beara”, en el gimnasio “Orión”, el Geriátrico San Marcos,o en las decenas de talleres textiles clandestinos, entre otros casos.

Las drogas pueden matar. Pero la ausencia de controles del Estado sin dudas lo hace. Por eso, no podemos hablar de tragedia cuando nada tuvo que ver con lo fortuito, muy por el contrario. La muerte siempre es dolorosa, pero mucho más aun cuando puede ser evitable.