Una veintena de especialistas y representantes de organizaciones civiles celebraron el proyecto del Poder Ejecutivo sobre acceso a la información pública, aunque sugirieron algunos cambios a la iniciativa, que obtendría dictamen favorable el jueves.

La audiencia pública tuvo lugar en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por Pablo Tonelli (Pro), luego de que la iniciativa fuera defendida por el secretario de Asuntos Políticos del Gobierno, Adrián Pérez, la semana pasada.

La intención del oficialismo es firmar dictamen favorable este mismo jueves, para tratarlo, en principio, en la sesión del próximo miércoles 4 de mayo.

El proyecto propone que toda solicitud de información pública sea resuelta en un plazo máximo de 15 días, y contempla sanciones al funcionario que obstruya el proceso.

En líneas generales, los especialistas y ONGs pidieron garantizar la independencia del director de la Agencia de Acceso a la Información, la autoridad de aplicación de la ley, dado que ésta funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo.

Los expositores coincidieron en la necesidad de modificar el proceso de designación del titular de esta agencia, y, por otro lado, apuntaron a las excepciones que establece el proyecto con respecto a la información “reservada”, en línea con el principio de máxima divulgación de la información pública.

La coordinadora del Programa de Derecho de Internet y de Tecnologías de las Comunicaciones de la Universidad de San Andrés, Paula Vargas, criticó diversos aspectos del proyecto del Ejecutivo y ponderó la iniciativa de la diputada Karina Banfi (UCR).

Así, señaló que la “letra fina” del proyecto “restringe el gobierno abierto” y que posee una “definición restrictiva” de lo que significa información pública.

También consideró que la iniciativa oficial “aumenta la posibilidad de litigio” por la forma ambigua en la que define quién puede declarar como confidencial una información.

Además cuestionó que “si no hay obligación de conservar información, no hay obligación de entregarla”, ante lo cual afirmó: “Lo veo como una trampa”.

A continuación, Marcela Basterra, doctora en derecho de la UBA y representante de la Fundación REAL, aseguró que la propuesta “pasa el test más exigente de constitucionalidad”, aunque opinó que “se puede mejorar”.

Desde Amnistía Internacional, Paola García Rey destacó que la Argentina se sume a los “17 países de la región que cuentan con ley de acceso a la información”.

García Rey pidió que el texto sea más explícito con respecto a las excepciones de proveer la información, al sostener que el proyecto contiene “formulaciones generales” en el artículo 8.

Asimismo, la representante de Amnistía Internacional propuso que se especifique “quiénes son los funcionarios que establecen qué información es reservada o no”, y por qué. Por último, pidió establecer un plazo máximo para desclasificar la información reservada.

Pablo Secchi, de Poder Ciudadano, dijo estar ante “un marco general interesante y positivo, pero no suficiente”. El especialista se refirió a un documento emitido por varias ONGs donde reclaman “asegurar de un modo más adecuado la idoneidad e independencia del órgano garante, encargado de controlar y hacer cumplir la ley”.

Además, Secchi advirtió que la iniciativa oficial “no habilita la acción de amparo como vía para el reclamo” si el pedido es denegado.

Como co-director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Renzo Levin también se refirió al tema del órgano garante como una “debilidad”, y lo definió como “el talón de Aquiles de esta ley”. Y coincidió en que el proyecto “no especifica cuál es la vía idónea para reclamar por la vía judicial”.

María Barón, de la Fundación Directorio Legislativo, reclamó más tiempo para analizar las propuestas formuladas en la audiencia, pero Tonelli le respondió que “la discusión en el Congreso es añeja” y que “estamos en condiciones de madurar un proyecto”.