ELA, FEIM, CEDEM y MuMaLá presentaron una nota ante la AGN solicitando que se haga efectiva la auditoría de la implementación de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Auditoría General de la Nación (AGN) información detallada respecto del estado de auditoría de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), el Centro de la Mujer de San Fernando (CEDEM) y Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) se involucraron durante 2015 en el Programa de Participación Ciudadana de la AGN, con el objetivo de que se incorpore a la Planificación Anual la auditoría de la implementación de la Ley 26.485.
En diciembre pasado, el Departamento de Planificación de la AGN informó a las organizaciones que se había determinado la inclusión, para el ejercicio siguiente, del proyecto de auditoría denominado Consejo Nacional de las Mujeres – Ley Nº 26.485 – Gestión, referido a las tareas desarrolladas por el CNM hasta diciembre de 2015.
Con este antecedente y habiendo comenzado las actividades planificadas para el año 2016, las organizaciones solicitaron a la AGN información detallada sobre el proyecto de auditoría, incluyendo su estado actual, los plazos para su realización y su alcance.
En la nota, definieron como un desafío acuciante la rendición de cuentas “respecto de los recursos públicos que se destinan para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.
Para las organizaciones, el año 2015 significó “un despertar de la sociedad argentina bajo el lema Ni una Menos” que puso en la agenda pública el rol de las instituciones del Estado y sus compromisos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
“Los organismos de control de las instituciones tienen, en esta coyuntura, un papel fundamental para garantizar la rendición de cuentas para corregir y mejorar políticas públicas y prácticas institucionales”, afirmaron.
Por último, las firmantes manifestaron la importancia de hacer efectiva la auditoria de la implementación de la Ley 26.485 e informar de los resultados del proceso, así como también brindar a las organizaciones la información necesaria para hacer un seguimiento del curso de la misma.
