Di Lello pidió investigar al juez Claudio Bonadio y al titular del BCRA, Federico Sturzenegger, por la venta de dólar futuro, ante el pedido de legisladores del Frente para la Victoria.
Toma vigor la causa en la que este martes Cristina Kirchner pidió ser querellante: hablamos de la impulsada por un grupo de diputados del kirchnerismo el mismo día en que la expresidenta declaraba en Comodoro Py, precisamente contra el juez federal Claudio Bonadio y el presidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger.
En esta causa presentada por los diputados Héctor Recalde, Juliana Di Tullio, Nilda Garré, Diana Conti, Teresa García, Carlos Kunkel, Luis Cigogna, Carlos Moreno, Marcos Cleri y Rodolfo Tailhade, el fiscal federal Jorge Di Lello, pidió abrir una investigación contra el juez federal y el presidente del BCRA.
Según la denuncia, se investigará si los denunciados generaron pérdidas para el Estado Nacional por las operatorias de venta de dólar a futuro a raíz de una “mega devaluación” impulsada por la administración macrista.
El fiscal hizo su presentación ante el juez federal del caso, Sergio Torres, y en ese marco reclamó la citación a prestar declaración testimonial a la exmandataria y al exministro de Economía Axel Kicillof, ambos imputados en la causa que investiga la venta de dólar a futuro y quienes fueran indagados por Bonadío la semana pasada.
En su dictamen, el fiscal federal señaló que Sturzenegger, oportunamente, le había solicitado al juez federal Bonadío -en el marco de la causa que tramita ante su juzgado- le informara si existía “alguna restricción o limitación (…) a la que tuviere que atenerse” ya que debía actuar con la mayor premura para resolver “la actitud a adoptar ante los adquirentes de los contratos a término, en las operaciones realizadas a partir del 15 de octubre de 2015”. Sobre esta consulta, y según surge de la presentación, el magistrado instructor respondió que en las mencionadas actuaciones no se había “dispuesto medida restrictiva alguna (…)”.
Los denunciantes solicitaron que se investigue una posible “administración infiel en perjuicio de la administración pública, al haberse modificado las condiciones en que fueron celebrados los contratos denominados de dólares a futuro en perjuicio de los intereses estatales y en favor de particulares; abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por parte de quienes participaron y/o encubrieron el episodio típico referido; prevaricato por parte del Juez interviniente (y) tentativa de estafa procesal y de privación ilegal de la libertad”.
En su escrito, el fiscal Di Lello solicitó al juez Sergio Torres diversas medidas de prueba, entre ellas, la nómina completa de las personas físicas y/o jurídicas que vendieron sus tenencias de dólar a futuro, llamó a prestar declaración testimonial a varios funcionarios y ex funcionarios del Gobierno Nacional, y ex presidentes del Banco Central de la República Argentina.
