La bancada que conduce Héctor Recalde presentó iniciativas para anular sendos decretos impulsados a principios de la gestión de Mauricio Macri.
El bloque de diputados del FpV-PJ presentó este jueves dos proyectos de resolución tendientes a declarar la invalidez por inconstitucionales de los decretos 133/15, que redujo 5% las retenciones a la soja y eliminó el resto de las retenciones a las exportaciones agrícolas, y 194/16, que aumentó la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires de 1,4 a 3,7%.
En el primer caso, la invalidez del decreto se basa en que la facultad de subir o bajar derechos aduaneros corresponde el Congreso (art. 75 inc. 1 CN). “El Poder Ejecutivo ha invocado para bajar o eliminar derechos de exportación una facultad que no tiene desde hace años (desde agosto de 2010). Es, pues, inconstitucional”, sostiene el proyecto en referencia a la ley 26.519, que en 2009 prorrogó las facultades delegadas, pero solo por un año.
El mismo argumento se aplica para el decreto que incrementó la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, con el agregado de que en este caso “el Presidente Macri pretendió ejercer una facultad delegada en 1988 por el artículo 8 de la ley 23.548”, y “como la delegación de la ley de coparticipación es previa a 1994, ha caducado. De tal modo, el decreto 194/2016 es inconstitucional”.
Los legisladores añaden que además de inválido por inconstitucional, el decreto que baja las retenciones “conlleva una transferencia de riqueza brutal a los grupos más poderosos de la economía nacional, los exportadores que se concentran en pocas empresas multinacionales”, y señalan que “la ganancia que implica este decreto para ese sector es exorbitante, más aún con la devaluación del sesenta por ciento de la moneda”. Este proyecto lleva las firmas de Héctor Recalde, Carlos Kunkel, Teresa García, Mayra Mendoza, Alejandro Abraham, Leonardo Grosso y Carlos Castagneto.
Asimismo, expresan que “la modificación por decreto de la coparticipación del distrito más rico del país por el motivo egoísta y oportunista de estar gobernado por el partido del Presidente de la Nación es un acto político injusto, casi rayano con la mala fe”, que “además viola en forma grosera los objetivos que la Constitución estableció para el reparto: solidaridad, equidad y que priorice el logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio de la Nación”. En este caso, lo firman los diputados antes mencionados, más el exministro de Economía Axel Kiciloff.
