A poco más de tres semanas de haber desembarcado en la Argentina, la empresa Uber despertó la polémica en la Ciudad de Buenos Aires e hizo estallar a los trabajadores del taxi, quienes protestaron contra la actividad de la firma con cortes en calles y esquinas neurálgicas, y recurrieron a la Justicia con la presentación de un amparo.

Incluso, desde el Gobierno de la Ciudad, tanto el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, como el vicejefe, Diego Santilli, sostuvieron que la multinacional estaba incumpliendo con la ley. Por otra parte, la Fiscalía porteña ordenó, mediante el fiscal Martín Lapadú, que el Ente Nacional de Telecomunicaciones (ENACOM) bloquee la aplicación y página web de la compañía. Pese al amplio rechazo y la medida cautelar de la Justicia, la empresa alegó las razones por las que pretende desarrollar su actividad en el país.

No obstante, la Legislatura de la Ciudad no estuvo al margen de la situación. A las 48 horas de haber comenzado a funcionar en la Ciudad, Uber se ganó el “rechazo” legislativo con la votación a favor de un proyecto de todos los bloques parlamentarios, excepto SUMA+, durante una sesión ordinaria. La declaración fue impulsada por el diputado Claudio Palmeyro, ligado a Omar Viviani, el líder del Sindicato de Peones de Taxi. En el recinto también se planteó que la oposición a la aplicación no se debe a la innovación tecnológica, sino a una posible precarización laboral de trabajadores.

Sin embargo, el bloque radical liderado por Hernán Rossi decidió abstenerse y manifestar su postura para encarar la cuestión de “una manera positiva” y poder poner en discusión una ley que habilite un marco regulatorio que permita el funcionamiento de Uber, o cualquier otra empresa que quiera brindar el “sistema privado de transporte”. A su vez, el presidente del grupo de diputados que responde a Martín Lousteau subrayó la necesidad de dar efectivas “garantías” al trabajo de los taxistas.

Para Rossi es competencia de la Legislatura “abocarse a estudiar el fondo de la cuestión para eventualmente establecer en la Ciudad las condiciones legales para el funcionamiento de un servicio privado de transporte con chofer que mejore sustancialmente las posibilidades de movilidad, transporte y desplazamiento de los ciudadanos”.

También, sostuvo que con el correr del tiempo “van a ir incorporándose innovaciones tecnológicas, tanto para el diseño y administración de políticas públicas, como para la gestión de herramientas de movilidad privadas”, y es necesario adecuar las leyes.

La propuesta busca incorporar la modalidad al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad, y define “el régimen de funcionamiento y control del Transporte Privado de Pasajeros con Chofer, así como las normas que regulan tanto a los prestadores del servicio, como a las personas físicas o jurídicas que ejerzan la administración de plataformas o aplicaciones informáticas que permitan la vinculación geolocalizada entre los usuarios del servicio y los prestadores del mismo a través de dispositivos fijos y móviles”.

El servicio de transporte privado de personas consiste en “automóviles particulares de hasta cuatro pasajeros por vehículo, prestado en un vehículo y por un conductor debidamente habilitados”. La norma aclara que el servicio debe prestarse “en el recorrido solicitado por el pasajero y pactado a través de la plataforma o aplicación”.

Además, como contraprestación del servicio, los usuarios deberán efectuar el pago por anticipado al conductor, el cual podrá ser abonado de acuerdo con una tarifa acordada previamente y “a través de medios de pago electrónico, quedando expresamente prohibido el intercambio de moneda de curso legal entre usuario y prestador”. También, el pedido de los vehículos para realizar un viaje sólo podrá hacerse mediante la aplicación, y quedará totalmente prohibido intentar utilizar el servicio mediante otra modalidad que no sea una plataforma autorizada.

Sobre este aspecto, se resalta que el Gobierno de la Ciudad será el encargado de supervisar los niveles tarifarios, “los cuales deberán ser informados por las administradoras de las plataformas o aplicaciones de vinculación”, con la finalidad, tanto de garantizar los niveles de servicio, como a constatar que guarde adecuada proporcionalidad con el servicio de taxi.

La iniciativa de SUMA+, incluso establece que “los conductores atenderán con cortesía y deberán prestar servicio correctamente vestidos y aseados”, y que tendrán que asistir a personas discapacitadas que tengan dificultades para subir al vehículo.

Para los conductores, rige la normativa de que deberán aprobar con la periodicidad que la reglamentación establezca “un examen psicofísico” y “un curso específico que incluya nociones de seguridad vial y del viario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fundamentalmente en lo que refiere a las principales localizaciones de los edificios públicos y de servicio”. Y se detalla que este curso será diferenciado en sus contenidos y alcances según se trate de licencias de conducir. En tanto, se enumeran las sanciones para los conductores que no requieran con todas las disposiciones de la ley y se indica que en caso de realizar viajes sin la habilitación requerida, el conductor será inhabilitado por cinco años para ejercer la actividad.

Entre los requisitos principales que exige la ley se destaca la necesidad de que los conductores sean a la vez propietarios de al menos un 25 por ciento del vehículo, lo que lo diferencia de la prestación de cualquiera de las modalidades existentes, ya que estas pueden ser prestadas por choferes asistentes.

Por otro lado, la reglamentación apunta sobre la antigüedad y el valor del vehículo, estableciendo un máximo de antigüedad de siete años, contra los diez que establece la normativa para el Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de Alquiler con Taxímetro. Con respecto al valor de una posible regulación podría establecer un valor de referencia en la tabla de la AGIP para la misma marca y modelo sobre el último año con respecto al ejercicio vigente.

Otro de los puntos que se destacan en el proyecto de SUMA+ es el que le compete a las Administradoras de Plataformas o Aplicaciones Informáticas, las cuales tendrán que prestar el servicio las 24 horas del día, durante todo el año. Asimismo, para recibir el alta que les permita comenzar a funcionar y llevar adelante sus actividades, deberán asumir como compromiso aportar un 3 por ciento del importe total de los viajes vinculados para un Fondo “Movilidad Sustentable Buenos Aires”. El Fondo tendrá como objetivo promover la movilidad sustentable e inteligente, desalentando el transporte automotor. Este último punto es una de las tantas iniciativas que desde el oficialismo se promociona, y que el propio jefe de Gobierno mencionó en la apertura de sesiones ordinarias: aliviar el tránsito en la Ciudad.

Con la firma de Hernán Rossi, Juan Francisco Nosiglia, María Inés Gorbea, Natalia Fidel, María Patricia Vischi y Marcelo Guouman, el proyecto fundamenta que “la movilidad y el transporte se encuentran en permanente innovación en el mundo y la Ciudad de Buenos Aires requiere que, en sintonía con estos cambios, receptemos legislativamente nuevas formas de movernos dentro de ella”.

Además, los diputados consideraron que “resulta imperioso garantizar la seguridad, tanto de los potenciales usuarios como de los potenciales prestadores, a la vez que resulta necesario dar garantías al primer sustituto del vehículo particular, constituido por el Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de Alquiler con Taxímetro, a efectos que su actividad no se vea afectada por estas nuevas relaciones”.