Por José Machain. Estas experiencias muy arraigadas en diferentes regiones del país desde hace años, tienen su origen en iniciativas surgidas en época de la última dictadura cívico-militar.
La reciente convocatoria de la Policía Provincial de Catamarca a conformar un “cuerpo de Policía Infantil”, representa un preocupante retroceso en la vigencia de los derechos de las infancias.
Estas experiencias, muy arraigadas en diferentes regiones del país desde hace años, tienen su origen en iniciativas surgidas en época de la última dictadura cívico-militar. Y lamentablemente para vastos sectores de la población, queda en evidencia con la rápida cobertura de vacantes en Catamarca, continúa representando un “valor” importante para con la formación y crianza de sus hijxs.
Las iniciativas de estas “Policías Infantiles” (como la explicitada en Catamarca) parten de la falsa premisa de que una Fuerza de Seguridad está en condiciones de “educar” en algunos aspectos a nuestros niñas, niños y adolescentes.
Estas experiencias ya fueron erradicas por decreto junto con la gendarmería infantil en 2011 por iniciativa de la entonces Ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garre; quién fundamentara que la disolución de esos cuerpos policiales conformados por niñxs, en el pedido de los organismos de Derechos Humanos, y explicitó que “los niños y los menores de edad no deben educarse dentro de ambientes de las instituciones de seguridad, nacionales o provinciales”.
La función “educativa” de la población desde el estado, está claramente enmarcada en su sistema educativo, contemplando las modalidades formal y no formal, establecido en la Ley 26.206 de Educación Nacional del año 2006. En ningún caso debiera contemplarse que las Fuerzas de Seguridad asuman alguna función e institucional en el sistema educativo.
Como ya venimos señalando desde hace tiempo, el proceso de crianza es un proceso pedagógico y político. Político en tanto debe ser un compromiso colectivo de la comunidad en general, la que debe sentirse comprometida en la transmisión de saberes, cultura, tradiciones y valores.
En ese sentido, la escuela es el ámbito indicado para sistematizar esa trasmisión, para lo cual la sociedad ha depositado su confianza en que sus hijxs sean educados, para los cuales la escuela ha diseñado un currículum, ha brindado una formación específica a sus docentes con contenido pedagógicos determinados y contempla mecanismos de supervisión y capacitación continua.
Debemos entender que el currículum escolar es un proyecto formativo integrado de carácter público. Como dice Miguel Zabalza, el “CURRICULUM ES UNA CARTA DE DERECHOS”, dado que define los derechos que reconocemos a los ciudadanos de aprender determinados contenidos valiosos para la formación de la persona y el ciudadano, desde el punto de vista social, cultural, económico y político (*).
En todo caso, si la comunidad educativa y el propio sistema educativo advirtiera la necesidad de incorporar otros saberes no contemplados en el curriculum, debería exigir más y mejor educación y más políticas públicas destinadas al “juego” y a la “recreación”. Y el propio sistema está en condiciones de desplegar acciones “extracurriculares”, a través de “POLITICAS SOCIOEDUCATIVAS”. Los cuales debes ser impulsadas, sostenidas y extendidas por los respectivos Ministerios de Educación Provinciales y Nacional.
El conjunto de esos programas tiene unos objetivos comunes, en todos encontramos la trilogía inclusión, igualdad y calidad.
Las políticas socioeducativas deben ser consideradas como actividad “agregada”, de incluir “otros” recursos a la escuela; y estos recursos no deben ser solamente “suficientes”; sino que además tiene que ser “adecuados” y “pertinentes”.(**)
De esta forma, estos “recursos” es la escuela y no las fuerzas de seguridad las que está en condiciones de proveerlas en clave de derechos.
Las fuerzas de seguridad como la Policía, institución verticalista, orientada a la represión y prevención del delito, no es el ámbito propicio para fortalecer la construcción de ciudadanía y en perspectiva de derechos que un proceso educativo debe contemplar para nuestros NNyA.
José Machain
Consejero por Legislatura Porteña
Consejo de Derechos de NNyA – CABA
(*) Mayol Lassalle, Mercedes – Conferencia OMEP Oberá, Misiones 2011 – http://bit.ly/1qCM0gX
(**) Tenti Fanfani, Emilio – Seminario 2/2015 – DNPS, Min. Educación Nación
