Ante la dificultad de origen con la que Mauricio Macri llegaba al gobierno, se plantearon de entrada las dudas que generaba el hecho de que tuviera que gobernar sin tener mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso. La respuesta confiada que dieron entonces los macristas consultados fue en general la misma: en la Legislatura porteña nunca tuvo mayoría y ello no fue obstáculo para que pudiera gobernar. Atento a esa condición, tuvo la obligación de consensuar leyes y ganó y perdió votaciones. Y cuando tuvo que hacerlo, usó el poder del veto.

Vaya si lo hizo: en su primer mandato como jefe de Gobierno, aplicó 75 vetos (entre totales y parciales), y contando su segundo mandato vetó más de 130 leyes. Incluso desde la oposición llegaron a reprocharle que hasta vetaba leyes que habían votado sus propios legisladores.

Atento a la necesidad de arrancar con el pie derecho, el año pasado los socios radicales le recomendaron al Presidente no arriesgarse a mandar proyectos al Congreso hasta tanto no tuviera la certeza de poder aprobarlos, de ahí la decisión de no convocar a extraordinarias. El éxito en ambas cámaras de la aprobación del acuerdo con los holdouts envalentonó a Cambiemos, pero sus miembros no tardaron en poner los pies en la tierra: saben sobradamente que no siempre podrán gozar de la anuencia de los gobernadores, como para que presionen a sus legisladores para aprobarle leyes a Macri.

Es la razón por la cual pese a la premura inicial mostrada, los nombramientos de los dos jueces para la Corte Suprema permanecen en lista de espera. El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, dijo a este medio que esos pliegos serán tratados en mayo y como no podía ser de otra manera se mostró optimista, pero nada garantiza que vayan a ser aprobados. De hecho, hoy por hoy se afirma que solo pasaría uno de los dos pliegos. Se verá.

En este contexto se dio una novedad que resulta azarosa para el gobierno, pero no debe sorprenderlo, pues no será la primera vez que la oposición le marque la agenda en el Parlamento. Así es que tuvo a maltraer esta última semana al oficialismo con los proyectos para frenar despidos y declarar la emergencia laboral. Si bien sabían de la decisión de la oposición, los popes oficialistas pensaron en principio que podrían dilatar el tratamiento del tema, pero en una suerte de maniobra de pinzas, sendas iniciativas avanzaron prestamente en ambas cámaras y obtuvieron dictamen.

En Diputados, donde el massismo tuvo especial protagonismo, el proyecto que avanza es más inconveniente, pues retrotrae la prohibición de despedir al 1° de marzo y extiende la emergencia hasta diciembre de 2017. En el Senado el proyecto es más racional, ya que la medida no es retroactiva y es solo por seis meses. Con todo, el gobierno ha declarado su total rechazo a cualquiera de los dos proyectos.

En la Cámara baja el tema podrá demorarse, pues tras obtener dictamen en la Comisión de Legislación del Trabajo la oposición necesita cumplir el mismo trámite en Presupuesto y Hacienda, donde manda Cambiemos y pueden demorar el llamado a reunión; razón por la cual la oposición ya ha adelantado que presionará con las herramientas que le brinda el reglamento para incluso autoconvocarse. El oficialismo dice que no será necesario, pues están dispuestos a dar el debate, pero quieren convocar a todas las partes involucradas y especialistas, lo cual les permitiría estirar el tratamiento.

El problema lo tienen en el Senado, donde manda el PJ-FpV, que en un día de debate en comisión sacó el dictamen y el proyecto está listo para ser debatido en el recinto. Ahí tendrán que consensuar con el oficialismo su inclusión en el temario, pero más temprano que tarde forzarán el tratamiento y recibirá media sanción. Cuando pase a Diputados, ese proyecto tendrá que hacer de nuevo el recorrido en las comisiones antes de llegar al recinto. La idea de Cambiemos sería demorar el trámite hasta dos meses y empalmar entonces con las vacaciones de julio. Confrontarán con las presiones sindicales para su aprobación exponiendo los argumentos de los empresarios, sobre todo las Pymes, que masivamente han salido a reprobar la ley antidespidos. Pero si finalmente sale, se sabe que el Presidente está decidido a usar el poder de veto y cargar ese costo político a la cuenta donde ya acumula tarifazos, DNU y otras medidas antipáticas.

Más que el costo político que puede conllevarle a Macri ante la sociedad ese veto, el gobierno se preocupa especialmente por la reacción de los sindicalistas, que vienen mostrando buena voluntad al postergar protestas. Si bien espera el gobierno escuchar algunas críticas severas el próximo viernes, en el acto organizado por las CGT por el Día del Trabajador, peor hubiera sido una movilización, que precisamente no se convocó. Ni hablar de un paro general. Pero sabe que los sindicalistas tienen un radio de acción acotado y no quisiera abusar el gobierno de esa paciencia, razón por la cual este fin de semana se analizaban medidas para ofrecer en el mientras tanto, cuestión de mitigar los miles de despidos que vienen produciéndose. Tal vez una alternativa sería reforzar los “Repro” -que como la doble indemnización comenzaron a implementarse en el gobierno de Duhalde, y consiste en un subsidio a las empresas para pagar parte de los sueldos a fin de que los empresarios se abstengan de despedir empleados-. El Programa de Recuperación Productiva fue prorrogado en enero hasta fin de año, pero bien podría el gobierno agilizar esos trámites de modo tal de demostrar cabalmente que no es insensible a la emergencia.

Como dijimos, el massismo se mostró muy activo en promover la ley antidespidos, pero el tema generó reacciones encontradas en el seno de esa fuerza, ya que mientras el ala sindical impulsó ese tratamiento, otros miembros, como el industrial José De Mendiguren, o el exministro Roberto Lavagna, se mostraron críticos de la doble indemnización. De hecho, el diputado bonaerense promovió el jueves pasado un encuentro de pymes industriales bonaerenses en el Congreso, donde decenas de ellas se manifestaron en contra de los proyectos que acababan de obtener dictamen en ambas cámaras. La audiencia pública fue organizada conjuntamente con la Comisión de Industria del Senado, que conduce otro aliado del massismo, Alfredo Luenzo, quien también dejó claro que no está de acuerdo: “La doble indemnización no soluciona el problema de la falta de empleo, que es a lo que hay que apuntar”, remarcó.

Pasa que el difícil equilibrio que Sergio Massa tiene que hacer, para mantener su rol de opositor “severo pero racional”, hacia afuera y hacia adentro de su fuerza, lo lleva a convivir con ese tipo de disyuntivas. Están también los que dicen que la irrupción de Cristina Kirchner en el centro del ring hizo correr un paso a la izquierda al resto de la oposición dialoguista, para incomodidad del gobierno.

Hablando de CFK, la expresidenta se volvió a Santa Cruz luego de casi dos semanas de actividad plena en el flamante Instituto Patria, una sede que quisieran transformar en una suerte de verdadera “Rosadita”. Su raid de eventos culminó con el esperado encuentro con los senadores del PJ-FpV, que tuvo la concurrencia más menguada de todas las convocadas estos días. Sobre 39 senadores, faltaron 17. Lo curioso es que los propios organizadores de la reunión se encargaron de difundir una prolija lista donde figuraban presentes y ausentes, con las razones de las inasistencias. Pero el listado se plantaba en el número 27, dejando claro que no tenían en cuenta a los 12 restantes. Entre ellos estaban nada menos que el titular del bloque, Miguel Pichetto; el hermano del gobernador Urtubey; el ascendente santafesino Omar Perotti; los santiagueños, aliados estratégicos del kirchnerismo cuando fue gobierno, con Gerardo Zamora a la cabeza; y los tucumanos, con el mismísimo José Alperovich, entre otros.

Al mismo tiempo, en La Plata el bloque provincial de diputados del FpV oficializaba su división.

Y mientras las novedades judiciales siguieron dando tela para cortar y agravando la situación del kirchnerismo en general, el gobierno cerró la semana con la noticia más esperada: la salida del default. Fiel a su costumbre, Mauricio Macri lo anunció a través de Facebook, y también por las redes sociales se ocupó de sacarle jugo al tema el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso de Prat-Gay. Artífice clave de la negociación, el ascendente ministro sumó así otro escalón en su ascenso en la consideración pública, pues ya acumula la salida del cepo, el acuerdo por la deuda y una exitosa colocación de bonos.

Cuestiones de cartel o simples celos, se entienden las rispideces que involucran a Prat-Gay con otros funcionarios, fundamentalmente el jefe de Gabinete, con el que compartió una conferencia de prensa el martes pasado. Al punto tal que algunas mentes afiebradas de Cambiemos ya comenzaron a pensar en él como candidato a suceder a Macri. Falta un siglo para entonces; por lo pronto, veremos en qué queda su pronóstico de una inflación anual del 25%. Ya comenzaron a mostrar el as en la manga que permitiría llegar a esa cifra: el ministro hablaba del índice nacional, y el impacto de las tarifas que disparó los porcentajes se dio solo en el Area Metropolitana (CABA-Conurbano), argumentan los funcionarios. De ahí que se esté considerando el índice calculado por San Luis.