El jefe de Gabinete, Marcos Peña, inició su informe de gestión ante la Cámara de Diputados con una manifestación de “preocupación y rechazo” por las agresiones que sufrió Carlos Zannini, mano derecha de Cristina Kirchner y exsecretario de Legal y Técnica, durante un viaje en avión.

A continuación, sostuvo que el gobierno de Cambiemos asumió con el “mandato de poder liderar una nueva etapa en la democracia sabiendo que veníamos de un tiempo político de mucha confrontación, discusión, y con un eje muy claro que el presidente planteó en este Congreso el 10 de diciembre y el 1 de marzo, que es trabajar en una agenda futuro”.

Esta agenda, recordó, es “pobreza cero”, “terminar con el narcotráfico” y “unir a los argentinos”, en ese orden de importancia. Entonces, señaló: “sentimos que llegando pronto al quinto mes de gobierno hemos podido avanzar rápidamente en esta agenda de trabajo”.

Luego repasó las principales medidas económicas que implementó el gobierno de Mauricio Macri: la “normalización del comercio”, “eliminar cepos y traba que golpeaban nuestra economía”, “abrir los brazos” a otros país y la “construcción de confianza que se fue generando de manera muy rápida” para “ir solucionando barreras y frenos para el desarrollo” del país.

También habló de la “normalización del crédito que permitirá a nuestras empresas y gobierno de tres niveles financiar cosas que se financian en otros lugares y que muchas veces generan falta de competitividad que afecta la producción”.

“No estar en un agenda defensiva”, resumió, en una crítica solapada al kirchnerismo.

Posteriormente afirmó: “creemos claramente en el rol del Estado, no sólo regulando y promoviendo la economía, dinamizando la inversión en infraestructura física central para todo el trabajo productivo, sino también en la infraestructura social”.

Por otra parte, destacó que el Gobierno trabaja en una reforma política y en una judicial que deberán ser aprobadas por el Congreso. En relación al tema justicia, aseguró que el suyo es “un gobierno que no se mete” en la tarea de jueces y fiscales y abogó por que “aquel ciudadano que rompa la ley tenga las penas que prevén la Constitución y las leyes”.

Luego se refirió al tema del narcotráfico y denunció que “hubo inacción o incapacidad” por parte de los gobiernos kirchneristas para enfrentarlo. En tanto, sostuvo que la lucha contra la mafia de las drogas es una “responsabilidad que va más allá de un gobierno; va a toda la dirigencia política”.

Por eso instó a la clase política a unirse para enfrentar al narcotráfico, al que definió como “una de las mayores amenazas a nuestra forma de ver la vida, institucional, calidad democrática”. En concreto, llamó a “mejorar los instrumentos legales”, “la capacidad del Estado” para controlar las fronteras y las estrategias de “prevención y asistencia” en materia de adicciones.