Decenas de organizaciones no gubernamentales, organismos de derechos humanos, académicos y periodistas de todo el espectro ideológico y político reclamaron modificaciones al proyecto de ley de Acceso a la Información pública impulsado por la alianza oficialista Cambiemos.

La iniciativa, que tuvo dictamen de comisión el 21 de abril, establece entre otras cosas la creación de una Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), encargada de velar por el cumplimiento de la norma y resolver los reclamos que se presenten.

Entidades que van desde las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, el CELS, Justicia Legítima hasta Amnistía Argentina, Cippec, Poder Ciudadano, ADC, ACIJ, pasando por el Foro Argentino de Periodismo (Fopea) advirtieron que la iniciativa “no prevé garantías suficientes de independencia” para el organismo de control, ya que su titular puede ser designado y removido a voluntad del Poder Ejecutivo.

Es la misma objeción que planteó la oposición, durante el debate en comisión.

Varias de las ONG y los especialistas en acceso a la información que consensuaron el texto difundido este jueves ya habían expresado estos reclamos en la audiencia realizada por el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda. En aquel momento, el oficialismo aceptó cambios en la iniciativa enviada por Ejecutivo, pero no modificó la situación del organismo de control.

“Además de establecer la regla de la publicidad de toda la información en manos del Estado y del acceso a ella por parte de cualquier individuo que la solicite, la ley debe crear mecanismos eficaces de reclamo ante su incumplimiento. Por esta razón, los estándares internacionales exigen y la experiencia comparada demuestra que es necesario contar con una autoridad independiente e imparcial que controle el efectivo cumplimiento de la ley”, sostiene el comunicado en el que se manifiesta la “preocupación” porque no se cumple con ese “requisito fundamental”.

El proyecto establece que la designación del titular de la AAIP la realiza el Poder Ejecutivo y que su remoción también depende del Ejecutivo, con la intervención de una comisión ad hoc del Congreso que emite un dictamen de carácter no vinculante. Para las ONG y los especialistas esto “supone un condicionamiento para el cumplimiento adecuado de sus fines y vulnera el principio de independencia del órgano de control”. “Un modelo regulatorio de tales características pone en riesgo el cumplimiento efectivo de los fines de la ley”, alertan.

En contrapartida, proponen que el mecanismo de designación se realice mediante concurso público de oposición y antecedentes y que se le de intervención al Poder Legislativo. En cuanto a la remoción, reclaman que no quede sujeta sólo a la decisión del Ejecutivo sino que también el Congreso deba prestar su conformidad.

Además de las ONG, acompañaron el texto figuras destacadas de la sociedad civil de diversos orígenes políticos. La lista la integran Raúl Zaffaroni, Martín Becerra, Andrés Gil Domínguez, Roberto Gargarella, Juan Gabriel Tokatlian, Liliana de Riz, Gustavo Grobocopatel, Daniel Sabsay, Manuel Garrido, Nora Cortiñas, entre otros.