La norma involucra también a los titulares de cámaras empresariales, que podrían ser alcanzados por una tipificación similar a las de los funcionarios públicos.
Casi al mismo tiempo que los gremios movilizaban para el acto de las centrales obreras, la diputada nacional Elisa Carrió les apuntaba a los sindicalistas al presentar un proyecto de ley que los tiene como protagonistas. Es que el mismo establece que gremialistas, titulares de obras sociales y de cámaras empresariales estarán obligados a presentar sus declaraciones juradas de bienes.
La iniciativa contempla que se pueda promover una investigación judicial ante posibles enriquecimientos injustificados.
“Las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales, empresariales (cámaras, asociaciones, federaciones, confederaciones y otras formas de agrupación corporativa) y de las obras sociales” deberán presentar declaraciones juradas “por los cinco períodos fiscales anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley”, señala la iniciativa de ley.
No es la primera vez que Carrió presenta un proyecto de estas características. De hecho, ya ha presentado similares durante anteriores mandatos, pero ahora amplía el listado de personas obligadas a presentar declaraciones juradas a garantizar el acceso rápido, libre y gratuito a la Justicia de todo ciudadano y la posibilidad de promover la investigación judicial ante posibles enriquecimientos injustificados en la función pública o en el ejercicio de cargos o actividades con relevancia para el interés público.
En caso de aprobarse la iniciativa, se reprimirá con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del 50 al 100% del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua a aquellos que al ser debidamente requeridos, no puedan justificar “la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo”, incluyendo de esta manera a eventuales testaferros.
