La legisladora porteña se reunió en Uruguay con la jueza antilavado, Adriana de los Santos, y aportó información sobre la causa que investiga “la ruta del dinero K”.
La diputada Graciela Ocaña aportó nuevos datos a la justicia uruguaya sobre la causa conocida como “la ruta del dinero K”, que investiga desvíos de fondos fraudulentos a través de la empresa “Helvetic Services Group”, propiedad de Lázaro Báez.
La legisladora porteña amplió la denuncia que realizó meses atrás sobre presunto lavado de dinero, producto de la sobrefacturación de obras públicas en Argentina, a través de la firma del polémico empresario.
“Nos reunimos en Montevideo con la jueza Adriana de los Santos y la fiscal María Camiño, a cargo de la investigación, para conversar la situación jurídica de la causa”, contó Ocaña, acompañada por el legislador Diego García de García Vilas y el letrado Gustavo Bobbio.
Durante el encuentro, la diputada entregó documentación sobre transacciones realizadas en bancos de Uruguay “por valores que rondan los 15 millones de dólares”.
La información, explicó, proviene de datos publicados en el Sistema Público de Consulta de Expedientes Electrónicos Judiciales de los Estados Unidos, en el marco de una causa que se tramita en Nevada, donde se encontraron movimientos financieros realizados entre 2010 y 2013 por “Helvetic Services Group”.
Por otra parte, se barajó la posibilidad de que los fondos embargados a Báez en el país vecino “puedan retornar a la Argentina, ya que sería producto de un delito cometido en nuestro país, que es el de defraudación a la administración pública”, señaló Ocaña.
Se trata del embargo que trabó la jueza de los Santos a “El entrevero”, un campo que -según declaró Leonardo Fariña- adquirió Báez a un valor de 16,5 millones de dólares en la costa de José Ignacio.
Finalmente, tanto la jueza como la fiscal coincidieron con Ocaña en la necesidad de que haya colaboración entre la justicia uruguaya y argentina para la resolución de los hechos.
