La iniciativa obtuvo dictamen en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, a pesar de la ausencia de su titular, Guillermo Pereyra, quien se opone e la ley. Respaldo del vicegobernador de Santa Cruz y del intendente de Río Turbio.
El proyecto de ley para reeditar la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF), impulsado desde el Frente para la Victoria, obtuvo dictamen favorable este miércoles en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado.
Se trata de la empresa intervenida desde 2002 que opera el yacimiento santacruceño de Río Turbio, y que demandaría el desembolso de cinco mil millones de pesos si se aprueba la ley, que le otorga un status jurídico.
El proyecto, ya aprobado en la Cámara de Diputados, declara “de interés nacional el desarrollo de la exploración y explotación del carbón mineral y sus derivados, como recurso para la generación de energía eléctrica”.
Ahora, la propuesta de ley deberá sortear la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que también se reunió este miércoles en plenario, pero quedó a un senador de alcanzar el quórum reglamentario.
La nota de la jornada la dio el senador y gremialista petrolero Guillermo Pereyra (Movimiento Popular Neuquino), que como titular de la Comisión de Minería no asistió a la reunión, y desde el año pasado insiste con la “inviabilidad” del proyecto.
Durante el debate, en el Salón Illia, el santacruceño Alfredo Martínez (UCR) pidió esperar al resultado de una auditoría ordenada en febrero por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, sobre el yacimiento de carbón y la termoeléctrica de Río Turbio.
Esa auditoría, que incluye aspectos “económicos, financieros y ambientales”, estará finalizada para fines de mayo, informó Martínez, por lo que pidió aguardar hasta ese entonces para conocer el estado de posibles juicios pendientes.
En este sentido, el radical recordó que el artículo 7 establece que el Estado deberá absorber los pasivos de la empresa, mientras que el 8 encomienda a la Procuración del Tesoro atender las acciones legales que hayan sido iniciadas contra la empresa, gastos que deberá afrontar el Estado.
Sin embargo, su par santacruceña María Ester Labado consideró que la auditoría “no es un impedimento para avanzar con la ley”, al remarcar el riesgo de que deba volver a la Cámara baja si se le introducen cambios.
Fernando “Pino” Solanas fustigó el proyecto al sostener que “es un verdadero disparate” que va “a contramano de todo”. “La generación de electricidad con carbón no tiene ninguna perspectiva. El tema central es la reconversión productiva”, aseguró en tono enardecido.
El legislador de Proyecto Sur-UNEN enfatizó que no sólo “es un disparate económicamente” sino que “es obsoleto desde el punto de vista tecnológico”, a lo que sumó las alertas por los niveles de contaminación.
A favor del proyecto
La iniciativa fue defendida por el vicegobernador de Santa Cruz y exsenador Pablo González, quien destacó que el proyecto fue acompañado por distintos bloques en la Cámara de Diputados y resaltó que “es una ley que genera trabajo genuino”.
González sostuvo que se busca “la viabilidad de una zona geopolítica importante” y “generar energía para el crecimiento del país”, y afirmó que la ley “fija garantías para la continuidad” de la empresa que opera el yacimiento.
El vice de Alicia Kirchner advirtió que con la privatización de la empresa, en 1992, sus trabajadores quedaron en “condiciones paupérrimas” y que con la norma tendrían participación en el 10 por ciento de las ganancias, y representación en el directorio.
También se hizo presente en la reunión el intendente de Río Turbio e interventor de la empresa hasta el 10 de diciembre, Atanacio Pérez Osuna, quien le respondió a Solanas. “No se puede comparar la extracción en el mundo con la de Río Turbio, donde ni siquiera se ha llegado al millón de toneladas”, dijo.
Además, destacó que se trata de “la caldera más moderna que existe en el mundo” y auguró que “si no se encuentra una solución” se perderán miles de puestos de trabajo. “Todo gira en torno al yacimiento”, resumió.
