Avanza el debate de la reforma política

El cuerpo se creó este año con el fin de ser un espacio para el diálogo y el consenso. Si bien no tiene la competencia de dictaminar proyectos, el objetivo principal es arribar a propuestas que estén apoyadas por distintos bloques. Desde la dirección aseguran estar “muy satisfechos” con lo alcanzado en el corto tiempo que lleva su funcionamiento.

Por Melisa Yael Jofré

Este año se creó por primera vez, en la Legislatura porteña, una comisión especial que abre el debate en torno a temas concernientes de la reforma política en la Ciudad de Buenos Aires. El bloque de SUMA+ fue quien salió favorecido con la conducción del Cuerpo y, más precisamente, la legisladora Natalia Fidel estará a cargo de su presidencia.

La misión consiste en que esta comisión especial no sea una más de las comisiones especiales que se constituyen y pasan “sin pena ni gloria” por el trabajo legislativo, sino realmente contribuya a generar un espacio para el diálogo y el consenso de iniciativas.

En sí, el Cuerpo fue oficializado mediante la sanción de un proyecto de los diputados Alejandro García y Francisco Quintana (Pro), votada el pasado 10 de marzo, y está conformada por los diputados Carlos Tomada (FpV), Paula Oliveto Lago (CC-ARI), Francisco Quintana, Claudio Niño y José Luis Acevedo (Pro).

El director designado fue el abogado Guillermo Chas, quien explicó a Semanario Parlamentario que “originalmente la idea del Cuerpo consistía en tener el poder para dictaminar proyectos y recibir expedientes”, porque “había algunos antecedentes muy menores de comisiones especiales que pudieron dictaminar”.

Sin embargo, frente a la negativa del oficialismo para atribuir tales competencias a la comisión, la decisión de Fidel fue “hacer más de lo que hace una comisión especial” para que “no se perdiera el norte de producir trabajo legislativo”.

“Nos pusimos a pensar qué vuelta de tuerca le podíamos dar a la comisión, para que, siendo una comisión especial, de todos modos en las reuniones se tuviera por objeto tratar contenido legislativo, tratar proyectos de ley o resolución y así llevar la cuestión de la reforma política a la práctica, a la realidad. Es decir, hacer cosas tangibles”, contó Chas.

Además, el director de la comisión aseguró que el espacio se utilizará como “una mesa de debate” donde cada uno de los sesenta diputados –no sólo los que integran la comisión- puedan llevar “iniciativas que tienen elaboradas, presentadas, y entonces nosotros unificamos los proyectos de un mismo tema y los ponemos en el temario del día”.

De esta manera, la idea central consiste en que los legisladores que poseen proyectos sobre un mismo tema “puedan poner en común sus ideas, sus ejes, y en base de eso analizar qué coincidencias hay, qué diferencias y tratar de llegar a un texto consensuado”.

El abogado subrayó que el objetivo es arribar a un proyecto consensuado “que después esté presentado en coautoría con los diputados que integran la comisión o los que hayan trabajado en el tema”.

Chas confesó estar “satisfecho” con el trabajo alcanzado hasta el momento, ya que la comisión viene reuniéndose quincenalmente, y con los intercambios de visiones y posturas que se registraron en los encuentros de los asesores.

En tanto, insistió con que la meta principal es que “la mesa de la Comisión de Reforma Política sirva como un espacio para construir consensos previos que permitan que, cuando los proyectos ingresen lleguen con más fuerza, con el acuerdo de distintos bloques y que no queden durmiendo la siesta por años y años hasta que pierden estado parlamentario en las comisiones permanentes hacia donde son girados”.

Consultado por el apoyo del oficialismo, el director dijo: “estamos conformes, de hecho que la comisión exista fue por la predisposición del oficialismo a crear un espacio propio de debate en la Legislatura”.

“Desde la comisión, por instrucción de la diputada Fidel, nos vinculamos y tenemos un diálogo constante con las áreas del Ejecutivo que están tratando estas temáticas, que son la Subsecretaría de Reforma Política y la Dirección General de Reforma Política. También, estamos participando activamente en Dialogando BA, que es el ciclo que están generando ellos para debatir de estos temas”, agregó.

En cuanto a los tiempos para que se terminen de elaborar propuestas consensuadas que puedan presentarse con la firma de varios legisladores, Chas precisó que “en el corto plazo” se estarían dando las condiciones para llevar a un texto sobre la observación electoral ciudadana. Por otro lado, el debate público de candidatos “genera un poco más de trabajo”, pero no se descartan avances en los próximos meses.

En este momento, se cuenta con cuatro proyectos sobre el debate de candidatos, presentados por los legisladores Maximiliano Ferraro (CC-ARI), Natalia Fidel (SUMA+), Roy Cortina (PS) y Fernando Muñoz –con mandato cumplido-, que impulsa María Rosa Muiños, la vicepresidenta segunda del Parlamento porteño.

Las iniciativas plantean la implementación de un debate público, televisivo y obligatorio en las elecciones a jefe de Gobierno, tanto en la primera vuelta como en un eventual balotaje; como así también la posibilidad de que, al menos, el primer candidato a legislador y comunero de las listas también tengan acceso a dicha instancia. La autoridad de aplicación sería el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

Por otro lado, el director aseguró que una vez finalizado el tratamiento de los primeros temas se avanzará en la redacción de una norma sobre el Código Electoral y una reforma a la Ley 104, de Acceso a la Información.

Deuda pendiente

Respecto de la redacción de un Código Electoral propio, la Legislatura porteña ya supo tener una comisión especial destinada a tal fin. Pese a ser un reclamo histórico, actualmente la Ciudad continúa sin un régimen de esta índole.

La diputada Paula Oliveto Lago, miembro de la Comisión Especial de Reforma Política, presentó este año un nuevo proyecto para que se apruebe lo que establece la Constitución de la Ciudad en su artículo 82, cuando dice que “la Legislatura con la mayoría de los dos tercios del total de sus miembros sanciona el Código Electoral y la ley de los partidos políticos”. Como antecedentes cuenta con iniciativas de los exlegisladores Sergio Abrevaya, María Eugenia Estenssoro y los diputados Maximiliano Ferraro, Hernán Arce, Javier Gentilini y Hernán Rossi.

En los fundamentos de su propuesta, Oliveto Lago consideró que “contar con un régimen electoral propio es una deuda de la autonomía porteña que ya no podemos soslayar. Resulta imprescindible ejercer dicha competencia para otorgar a los ciudadanos la posibilidad de poseer un régimen regulatorio propio en el trascendental tema de elegir a sus autoridades”.

La legisladora resaltó que “la Ciudad de Buenos Aires ha enfrentado, desde los albores de su organización política, reiterados y sucesivos conflictos con el Gobierno federal vinculados precisamente con su autonomía en materia electoral”. Y recordó: “la ausencia de un régimen electoral y de partidos que le sean propios a los ciudadanos porteños han exigido la aplicación de las normas electorales subsidiarias nacionales que, en la mayoría de los casos, no resultan adecuadas a las instituciones y necesidades de la Ciudad, permitiendo llevar a cabo los procesos de participación del cuerpo electoral de un modo eficiente”.

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