El diputado Marcelo Díaz presentó un proyecto por el cual el fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires deberá accionar legalmente para que la ley de Coparticipación Federal resulte efectiva para la provincia.

Puntualmente, el jefe del Bloque de GEN Progresistas en la Legislatura bonaerense encara -por un camino diferente al de otros proyectos existentes- la solución para una problemática que afecta gravemente a Buenos Aires, la provincia más perjudicada por poseer una participación sensiblemente inferior a la que le correspondería de aplicarse estrictamente la Ley de Coparticipación. “La aplicación de las leyes 24.073 y 24.621, que colocan un tope al ‘Fondo de Reparación Histórica del Conurbano’, provoca que la PBA continúe sufriendo detracciones injustas e inconstitucionales”, sostiene el legislador.

Díaz, principal referente de Margarita Stolbizer en la provincia, va más a fondo: “Cuando a partir de los 90 se crearon modificaciones que beneficiaron al resto de las provincias en perjuicio de la nuestra, se dejó congelada nuestra participación en el Fondo en 650 millones de pesos convertibles en relación a la ley de convertibilidad derogada en 2002. Ese número sigue vigente hoy, la referencia del tope se sigue haciendo a pesos convertibles por las sucesivas renovaciones de la Ley de Impuesto a las Ganancias, ignorando que desde su misma denominación se está hablando de una moneda que ya ni existe más, esa moneda incluso dejó de ser de curso legal; imaginen la distorsión, ese número es como un dibujo, una ficción irrisoria, es como si habláramos de Australes o de Patacones”.

En 1995 se determinó que la provincia bonaerense recibiría hasta $650 millones anuales de pesos convertibles del 10% de la masa coparticipable neta de ganancias, mientras que el excedente se repartiría entre las restantes jurisdicciones; este monto es al que alude Diaz y que permanece fijo hasta la actualidad, y su tope congelado desde hace más de 20 años, mientras se transfieren cada vez más recursos hacia otras jurisdicciones.

Esas son las razones por las que Díaz asegura que es el Fiscal de Estado quien debe actuar para “derribar el pacto fiscal respectivo y que volvamos a coparticipar según la ley de impuesto a las ganancias, provocando la anulación de las leyes por las que se congeló el tope bonaerense sobre la base de la distorsionada liquidación desde la salida de la convertibilidad y la consecuente extinción del “peso convertible” como moneda de curso legal; y la vuelta al sistema anterior a los pactos fiscales, para luego reclamar judicialmente de forma retroactiva desde el 2003 a la fecha lo que nos corresponde, ya que la cuantificación de ese retroactivo es un importe similar a todo el stock de deuda de la provincia. Dado que solo en el 2016 la retracción representa una cifra similar al déficit de nuestra provincia para el mismo ejercicio”.

“La coparticipación no es un mecanismo de transferencias por el que Nación generosamente financia a las Provincias, sino que estamos ante una distribución de recursos de propiedad compartida”, expresó el diputado Díaz y agregó “no queremos ver más a Gobernadores de rodillas frente al Poder Ejecutivo nacional, debe terminarse la penosa situación en la que ha sido puesta nuestra provincia desde hace años, y eso no sólo está en manos del Ejecutivo provincial: la Constitución encarga al Fiscal del Estado la defensa del patrimonio del fisco y debe actuar. Nuestro proyecto es coherente con lo que siempre propiciamos: fortalecer los ámbitos institucionales y el debido funcionamiento del sistema, mediante la exigencia del cumplimiento del rol que le corresponde a cada uno”.