Un grupo de diputados nacionales del FpV-PJ, encabezado por su titular, Héctor Recalde, solicitó al juez federal Jorge Casanello que impida la venta de la empresa IECSA, de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, en el marco de la investigación que tiene a su cargo sobre Lázaro Báez, ante “la clara vinculación societaria entre ambos empresarios que compartieron y participaron de emprendimientos conjuntos en obras públicas”.

Los diputados que firmaron la petición, María Teresa García, Carlos Kunkel, Juliana Di Tullio y Rodolfo Tailhade, manifestaron en el escrito que “IECSA y Austral Construcciones se presentaron juntas en diversas licitaciones por casi 10 mil millones de dólares, lo cual muestra un ‘affectio societatis’ estable, pero sólo ganaron algunas, lo cual tampoco confirma el favoritismo que se le atribuye a Báez”.

“Un hecho repentino reafirma la necesidad de adoptar medidas al respecto”, sostienen los diputados, quienes agregaron que “sorpresivamente y en forma concomitante con la vinculación de la empresa IECSA a las empresas investigadas en las causas que involucran a Lázaro Báez, tomó estado público la voluntad de sus actuales accionistas de vender abruptamente dicha empresa”, en referencia a las informaciones publicadas acerca de que Calcaterra vendería las acciones del Grupo.

“Es decir que, sospechosamente, en cuanto avanza la investigación sobre las empresas de Báez y surge la conexión con IECSA, precisamente en el tema obra pública, se busca rápidamente vender IECSA o al menos, dar la apariencia de venta, trasladando el manejo de IECSA a nuevos titulares, aun cuando se encuentran vinculados al entramado de sociedades que de forma directa o indirecta trabajan y/o forman parte del Grupo Macri”, dice el escrito presentado al juez.

Asimismo, se solicitó: “No deberían descartarse además medidas tendientes a resguardar la responsabilidad patrimonial en la que eventualmente pudieren incurrir los socios, gerentes, síndicos y directores de IECSA, y por ello debería considerarse ordenar un embargo de los bienes registrables de quienes resulten imputados, como así también la inmovilización y congelamiento de los fondos de sus cuentas bancarias, con la finalidad de asegurar el patrimonio involucrado en los ilícitos que se investigan en autos”.