La Cámara baja se reunirá desde las 12 para debatir la ley de acceso a la información pública, la devolución del IVA de la canasta básica y la emergencia ocupacional. El oficialismo habilitará el tratamiento del último y más polémico proyecto.
La Cámara de Diputados se prepara para una sesión maratónica que tendrá la ley antidespidos como tema más polémico, mientras en las últimas horas se hizo fuerte la versión de que Cambiemos podría abstenerse para facilitar la aprobación del proyecto impulsado por el Frente para la Victoria.
El oficialismo buscaría así que triunfe el texto con media sanción del Senado, que declara la emergencia ocupacional por 180 días y fija la doble indemnización, para después llegar al veto presidencial de Mauricio Macri.
De esta manera, el costo político sería menor que el del veto a la propuesta del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, que contempla el fomento a las pymes y el trabajo para jóvenes, discapacitados y mayores de 50 años, lo que significa más dinero de las arcas estatales.
El dictamen del massismo sólo podrá votarse si antes fracasan los correspondientes al Frente para la Victoria y a Cambiemos, que lisa y llanamente pide rechazar la media sanción del Senado; el dato saliente es que ningún bloque podrá triunfar por sí solo.
En la previa del debate, el jefe del bloque de diputados K, Héctor Recalde, mantuvo una reunión con su par del Senado, Miguel Pichetto, y también con Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) y Pablo Micheli (CTA Autónoma).
La sesión de este miércoles durará, como mínimo, 20 horas, según estimaciones realizadas en una reunión de Labor Parlamentaria en el Anexo C de la Cámara baja, donde se sugirió que el debate por la emergencia ocupacional arrancará alrededor de las 23.
En ese encuentro, Cambiemos se comprometió a aportar los dos tercios necesarios para habilitar el tratamiento de la ley antidespidos sobre tablas –dado que el dictamen no tiene los siete días de vigencia reglamentarios-, pero puso como condición que el proyecto sea el último del temario.
El primer tema de la sesión será la ley de acceso a la información pública, que, a pesar de algunas objeciones, cuenta con consenso general de todos los bloques.
La iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo obliga a los tres poderes del Estado a brindar la información requerida por cualquier ciudadano en un plazo de 15 días –prorrogables por otros 15-, y establece sanciones para el que así no lo hiciera.
El texto enumera una serie de excepciones para la entrega de información, por ejemplo, cuando se trate de datos confidenciales relativos a la seguridad nacional y al secreto bancario; y además se contempla la transparencia activa por parte de los sujetos obligados.
En segundo término, Diputados se abocará al debate por la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los productos de la canasta básica alimentaria, otro proyecto enviado por el Ejecutivo.
El texto apunta a devolver a un sector de la población un monto del 15% como mínimo –fijado en $300- sobre los bienes de esta canasta, y los beneficiarios de la ley serán quienes perciben jubilaciones; pensiones por fallecimiento o pensiones no contributivas nacionales; la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo.
A pesar de que en los últimos días Cambiemos dejó trascender que podría incluir en la sesión un proyecto para autorizar el allanamiento sobre el domicilio y las oficinas del diputado Julio De Vido, finalmente la propuesta no fue incluida en el Orden del Día de la sesión.
Su impulsor, Pablo Tonelli (Pro) tiene la posibilidad de pedir su tratamiento sobre tablas, pero necesitará el difícil aval de los dos tercios de los votos, porque el texto nunca fue tratado, y menos aún cuenta con dictamen de comisión.
