Los senadores sesionarán este miércoles para debatir el proyecto del radical Julio Cobos sobre un sistema de ahorro para viviendas, y una modificación a la Ley de Defensa del Consumidor.

En el primero de los casos, el exvicepresidente de la nación explicó que “luego de años trabajando en torno a esta problemática finalmente trataremos el proyecto ‘Casa de ahorro’ destinado al ahorro en metros cuadrados y al préstamo para la construcción de viviendas. El sistema consiste en la creación de las UVIs (unidades de viviendas) que se actualizan con el índice del costo de la construcción y que permite resguardar el valor de lo ahorrado a lo largo del tiempo”.

“Este proyecto intenta resolver dos grandes problemas que tiene nuestro país, la pérdida de la cultura del ahorro y la deuda estructural con la construcción de vivienda. Las UVIs permitirán a los gobiernos nacional, provincial y municipal disminuir el déficit habitacional existente, sobretodo en el sector social que más dificultad tiene para acceder a los créditos hipotecarios”.

Por último, Cobos destacó “este es un proyecto de ley que presenté anteriormente en diputados en diputados y finalmente ahora hemos logrado los acuerdos necesarios y el apoyo para tratarlo de distintos sectores políticos, tanto del oficialismo como de la oposición. Ha sido un intenso trabajo que es un buen ejemplo de labor parlamentaria y de las políticas de acuerdo que requiere la Argentina y, por lo tanto, estoy confiado en que esto mañana se plasme en el recinto y consiga media sanción”.

Asimismo tratarán un proyecto que viene en revisión de Diputados, que modifica la Ley de Defensa del Consumidor sobre la información que el proveedor está obligado a suministrar. A través de la modificación se establece que “el proveedor está obligado a suministrarle al consumidor” en forma clara y detallada los servicios que provee y las condiciones de su comercialización a través de soporte físico, a menos que el cliente opte por recibir información a través de otros medios.

Se trata de un reclamo hecho por el gremio de los Camioneros contra el servicio de correos, privado y estatal, para forzar la posibilidad de que los resúmenes de cuenta de las tarjetas y las promociones sigan enviándose en soporte papel.