Pidieron ante la justicia dejar de lado el incremento dispuesto el 1° de abril pasado, argumentando que las normas no citan cuál es la facultad de la autoridad emisora para fijar precios, carecen de dicha atribución y por tanto existe un exceso en las facultades propias del ministerio.
La diputada nacional Margarita Stolbizer y Héctor Polino, de la Asociación Consumidores Libres, presentaron ante la Justicia una medida cautelar contra el Ministerio de Energía y Minería, el Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS) y Metrogas, solicitando se dejen sin efecto las Resoluciones 28 y 34 que dispusieron a partir del 1ro de abril los nuevos precios para el gas natural en cuencas productoras y en boca de pozo.
En el escrito solicitan se suspendan los aumentos de tarifas de la distribuidora de gas Metrogas fijadas para el corriente año, se abstenga de tener todo tipo de participación en la Renegociación del contrato de concesión de Metrogas y revisión tarifaria al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, al actual interventor del Enargas: David Tezanos y cualquier otro funcionario que se encuentren comprendidos dentro de las incompatibilidades previstas en la ley de Ética pública, y se suspenda la Renegociación y cualquier modificación tarifaria sin que se prevea y se produzca la debida participación de los usuarios afectados.
La Cautelar fue radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 8. Expte. 30786/2016
Los argumentos para la presentación son que las normas no citan cuál es la facultad de la autoridad emisora para fijar precios, carecen de dicha atribución y por tanto existe un exceso en las facultades propias del ministerio, lo que es violatorio de los principios constitucionales que garantizan a esos efectos los derechos de usuarios y consumidores en el artículo 42 de la Constitución Nacional; tampoco han citado criterios para el establecimiento de los precios que se fijan por cuanto la intervención resulta compleja de aplicación y arbitraria por el mecanismo utilizado; no se ha realizado la Audiencia Pública ni ningún proceso de consulta previa de conformidad a lo que hubiera correspondido; y por último, aparece con claridad el conflicto de intereses a que se refiere la Ley Nacional de Ética Pública, debiendo haber correspondido la abstención de los funcionarios intervinientes.
Pero de manera especial, Stolbizer pone énfasis en los conflictos de intereses que rodean hoy las decisiones en materia tarifaria: “El sector energético está prácticamente autorregulado. Los funcionarios que toman decisiones provienen del mismo sector al que hoy controlan y otorgan aumentos. La Oficina Anticorrupción debería estar ocupándose de resolver estas cuestiones, de dictar un protocolo frente a los multiples casos de conflictos de interés que tiene el actual gobierno. El ministro, el secretario, el subsecretario y el interventor del Enargas tienen intereses o vienen de la industria petrolera y por aplicación de la ley de ética pública se deberían haber abstenido de participar”.
La diputada advirtió que las subas en las tarifas que afectan a la población en general debieron hacerse en forma paulatina: “Nosotros comprendemos la necesidad de resolver la situación, pero no era de esa manera; hay que tener mucho más cuidado en la definición de las prioridades y a dónde se apunta. Las subas de tarifas me preocupan como ciudadana y en términos políticos, porque estas son las cuestiones que también debilitan a un gobierno”.
