La senadora Sandra Giménez (FpV-Misiones) presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia del sector de las pymes por 180 días. El proyecto pretende aportar soluciones para mejorar “las críticas condiciones”, dice la autora, en las cuales “están sumergidas las pymes producto de las políticas económicas del Gobierno Nacional de Cambiemos que conduce el ingeniero Mauricio Macri”.

Recuerda la senadora misionera que el pasado 17 de mayo se presentaron en el Senado de la Nación, en el ámbito de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa los representantes de APYME, organización que nuclea a las pymes de todo el país, para brindar un diagnóstico y ciertas propuestas que ayuden a revertir la situación que enfrentan.

Producto de este encuentro Sandra Giménez busca, dentro de un esquema de emergencia por 180 días, amortiguar los efectos de las medidas de política económica implementadas por el Gobierno nacional. Los beneficios incluidos en el proyecto de ley van desde la suspensión de los ajustes tarifarios y el congelamiento de las tarifas, la bonificación de impuestos nacionales y cargas sociales, la disponibilidad de créditos subsidiados y la implementación de un régimen de regularización de las deudas impositivas acumuladas como consecuencia de la caída del nivel de actividad.

Específicamente el proyecto plantea la suspensión del aumento de las tarifas de los servicios públicos y fijación de las tarifas según el plazo al cuadro tarifario vigente en cada uno de ellos a noviembre de 2015; bonificación de 50% de la alícuota del impuesto a las ganancias, a la ganancia mínima presunta, el impuesto a los débitos y créditos bancarios y a los bienes personales; y bonificación de 50% de las cargas sociales por el personal registrado que alcanzará a 75% si en el período de vigencia del régimen el empleador incrementa en más de 50% la planta de personal registrado. La referida bonificación no tendrá impacto previsional sobre los trabajadores, es decir, se computarán a los fines previsionales como contribuciones pagados al cien por ciento (100%).

Por otra parte plantea el otorgamiento de préstamos a través del Banco de la Nación Argentina que permitan el sostenimiento de la actividad comercial o productiva a una tasa que no podrá superar el 15%; como así también la disponibilidad de un régimen de regularización de deudas impositivas y previsionales acumuladas que permitirá su cancelación en un plazo de al menos 120 meses, desde la sanción de la presente ley.