Decisiones administrativas y ejercicio de poder

Por María Inés Pilatti Vergara. La senadora nacional habla de las medidas adoptadas por esta gestión y un ajuste del Gobierno en el presupuesto universitario.

Existen algunos analistas que siguen favoreciendo la teoría del “gobierno débil”, que explicaría algunos “errores” cometidos por la actual administración en sus primeros meses de “Decretos para todos y todas”; otros escogen el mote de “inexperto” o “ingenuo” para argumentar la negligencia respecto de los impactos sociales de sus políticas empleadas o las colateralidades en el mercado interno del proceder avalado de las grandes empresas dominantes.

En vísperas del cambio de semestre y la llegada inminente de múltiples inversiones (sic), resulta inverosímil seguir sosteniendo ambas formulaciones: la fortaleza en el ejercicio del poder por parte del Ejecutivo no debería asombrar a nadie.

En este contexto, es que la última decisión administrativa 519/2016 firmada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, debe ser leída. Para los que acusan de “cinismo” al Gobierno cuando veta la Ley Antidespidos “en favor del empleo”, o ahora que nuevamente ajusta el presupuesto universitario luego de las movilizaciones invisibilizadas de mayo y el desfile de rectores por el Congreso Nacional (otorgando detalle y pertinencia ante su grave situación) sepan que no es más que la demostración de coherencia y poder.

Fruto de pactos y acuerdos, supo romper la mayoría del FpV en Diputados, y con ello el control de comisiones claves; fruto de incentivos financieros supo seducir gobernaciones (y sus respectivos senadores) apalancando iniciativas que no hubieran visto celeridad alguna; profundizó el gran acuerdo mediático con la derogación de la Ley de Medios y la facilitación de las nuevas adquisiciones y fusiones que aumentan la brecha y poder del monopolio (oligopolio cartelizado, si más le gusta).

Hoy vemos, entretelones, el desarrollo del pacto judicial respecto de la conformación de la Corte Suprema, sin equidad de género, sin ampliación de miembros, tal cual desea su honorable presidente.

Así como el “error” del decreto 13/2015 permitió frenar y pisar partidas educativas, en oportuna sintonía a la política macro de ajuste y congelamiento de la economía (los economistas que creen ser cirujanos… ¿hacen siempre lo mismo, vio?, operan al enfermo) o los siderales ajustes tarifarios sobrepasando el 700-1800% se realizaron para que eventualmente el “equilibrio de consenso” estuviera en torno al 400% (igual que cuando echan 2000 trabajadores para que se reincorpore la mitad, un cuarto se precarice y un cuarto quede en la calle), este recorte a las universidades y espacios culturales no debiera ser considerado como algo improvisado, como un Estado eficiente que “determina que hay gasto no ejecutable e innecesario”.

Se trata de un paso previo al cambio del paradigma de construcción de poder en territorio: que no sean ni las universidades, ni los institutos, ni los centros culturales…que no sean los municipios los beneficiarios del control y seguimiento, los garantes del vínculo. Que sean las provincias.

Ya son muchas las promesas que el ministro del Interior ha dado en los últimos 6 meses sin cumplir…de algún lado tiene que salir el financiamiento. Empezaron por 878 millones menos para los nombrados ut supra. Justo cuando los senadores deben votar por sí o por no a la incorporación de los jueces de la Corte, una coincidencia notable. Educación, justicia, cultura, federalismo, serán en algún caso “costos hundidos”, en otros, “costos prospectivos” dentro del plan de negocios del Presidente. Lo importante es que ni las provincias, ni la justicia, ni el Congreso obstaculicen el Plan de Inversión Ejecutivo para nuestra República. Cabe la pregunta de qué tendrán para decir ahora las universidades, más aún, cuál será la opinión de los intendentes, aquellos que por cercanía interactúan, reciben y administran todas las quejas de la “Revolución de la Alegría”.

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