El Gobierno Nacional presentó una demanda penal contra el exministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido, y otros funcionarios de la administración kirchnerista, por presunto fraude contra el Estado mediante movimientos millonarios de fondos a favor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

La demanda fue radicada por el interventor de la mina Omar Zeidan, en el despacho del juez federal Daniel Rafecas y según se informó apunta a que la mina recibió fondos por $ 26.000 millones entre 2005 y 2015, pese a lo cual las instalaciones se encuentran en un estado evidente de abandono físico y prácticamente sin actividad productiv.

Según la auditoría realizada por el Estado se habría detectado una sospechosa triangulación con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), razón por la cual la demanda incluye al decano de la facultad regional Río Gallegos de esa casa de estudios, Martín Goicoechea, y al presidente de la fundación de esa dependencia, Hugo Sánchez.

También figuran como demandados el exsecretario de Minería Jorge Mayoral, Roberto Baratta, coordinador del viejo Ministerio de Planificación, Atanacio Pérez Osuna, exinterventor de YCRT, y otros ex directivos de YCRT.