Cuando un macrista como Federico Pinedo admitió que el gobierno estaba viviendo “sus peores días” en el poder, no fueron pocos los que sugirieron que no era una frase “políticamente correcta”. Lo que el senador estaba queriendo decir, por si no hubiera quedado claro, incluía un mensaje de optimismo: pasado este trance, vendrán tiempos mejores.

Todos los reacomodamientos tarifarios se habían hecho para entonces, aunque faltaba un nuevo e inoportuno aumento de los combustibles, que en esta sucesión de malas noticias oficiales resultó ser “la del estribo”. Sin embargo faltaba algo peor, para que el malhumor social escalara: la llegada de las facturas. Porque una cosa fue anunciar aumentos y otra muy distinta cuando las boletas comenzaron a llegar a los usuarios. Allí fue cuando otras voces en el gobierno repitieron las palabras del presidente provisional del Senado: “Estos son los peores días”, una suerte de versión aggiornada de la sugerencia de “pasar el invierno”, de los años 60.

Consecuentemente aparecieron las reacciones de las que habíamos advertido en este mismo espacio cuando los tarifazos estaban en etapa de proyecto. El peligro de la judicialización de esas reactualizaciones era concreto, a la luz de la experiencia: los amparos frenaron la actualización que quiso aplicar Eduardo Duhalde en 2002, pasado el cimbronazo de la megadevaluación; ante las trabas judiciales, decidió que ya tenía suficientes problemas y que era preferible dejarle ese tema a su sucesor, que en lugar de abordarlo decidió asumirlo como bien preciado del “modelo”: tarifas bajas en función de la política “pro-consumo” que decidió aplicar. Cuando tras su reelección Cristina Kirchner resolvió impulsar el sinceramiento de precios bajo el nombre de “sintonía fina”, la tragedia de Once puso fin a la experiencia.

Igual, hubo ciertas actualizaciones que aplicaron los Kirchner, que también generaron amparos, por lo que no podía esperar otra cosa el actual gobierno. Los mismos ya comenzaron a aparecer en diversos distritos, pero los reclamos más airados surgieron a través de los gobernadores patagónicos, que llegaron a la Casa Rosada en busca de una respuesta convincente. No muy satisfechos, obtuvieron al menos un tope para los aumentos en el gas, que desnudó la desaprensión oficial a la hora de calcular los incrementos. No hace falta esforzarse para imaginar cual es para la sociedad el ministro más impopular del Gabinete; la misma sensación subsiste en el seno del mismo gobierno, donde Marcos Peña tuvo que salir a desmentir hace algunos días la renuncia de Juan José Aranguren.

Los amparos serán apelados. El gobierno espera que esas trabas judiciales no se generalicen y aguarda que en todo caso las instancias superiores no frenen lo que prefieren definir como “el sinceramiento de la economía”. Al final, queda la palabra de la Corte Suprema, que ya tiene desde la época de los Kirchner un caso testigo sobre el cual resolver, que paradójicamente para el macrismo cuenta con un dictamen de la procuradora Alejandra Gils Carbó favorable a convalidar el aumento. Es el momento en el que el gobierno se inquieta porque el Tribunal Supremo sigue teniendo escasos tres miembros, cuando como bien se recordará quiso de entrada elevarlo a cinco por la desaconsejable vía del decreto.

Esa alternativa instalada en el inasible Senado tiene fecha de resolución: el 15 de junio, cuando el oficialismo irá a suerte y verdad por los dos tercios que les permitan a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti convertirse o no en miembros de la Corte. Ya hay acuerdo para tratar sus pliegos ese día; no hay confirmación aún sobre el resultado, pero el Ejecutivo necesita una definición, que intuye será positiva.

Siente el gobierno que necesita cambiar el statu quo que se percibe en el Congreso, tras haber tocado fondo con la ley antidespidos, que a duras penas logró transformar en “derrota digna” casi sin consecuencias. Pero más que nada revertir la sensación de ajuste perpetuo que se ha instalado a partir del consabido “sinceramiento”. Son las razones que convergen en el punto de inflexión que esta administración pretende haber generado con los anuncios del viernes, léase pago a jubilados y blanqueo. Hábilmente unió ambos elementos de modo tal que una instancia que se le haría absolutamente cuesta arriba en estas circunstancias y correlación de fuerzas, pueda avanzar. Una importante fuente legislativa lo confirmó el jueves a este medio, al señalar que ambos temas formarían parte del mismo proyecto, de modo tal de evitar que solo uno prospere.

Más allá de las disidencias que puedan escucharse en lo sucesivo, la aprobación en general está garantizada: nadie va a oponerse a que se les pague a los jubilados, pero la votación en particular será tan extensa como extenuante. Entre esos artículos estará el blanqueo -al que más de un oficialista terminará votando con la nariz tapada-, que si bien es más estricto que el último y fracasado que propuso el kirchnerismo en 2013, generará resistencias y no pocas observaciones, como el hecho de que los funcionarios puedan sumarse al mismo. Pero saldrá, descuenta el oficialismo, como así también garantiza su éxito, tantas son sus expectativas. Cuenta para ello con que a partir de enero de 2017 entrará en vigencia un acuerdo de intercambio de información entre 48 países de la OCDE, con lo que el gobierno podrá contar con herramientas para rastrear fondos no declarados en el exterior. El momento para regularizar es este; la oportunidad es esta.

Otra instancia para la polémica es la intención oficial de vender acciones de la ANSeS en empresas privadas. Si bien el ministro Alfonso Prat-Gay aclaró que “no es necesario salir a vender las acciones, tenemos los ingresos para empezar a hacer los pagos” de las sentencias, la posibilidad no está descartada a futuro. Sin embargo, entre los “cepos” dejados por el kirchnerismo figura el impuesto en septiembre del año pasado a través de una ley que blindó las acciones adquiridas tras la estatización de las AFJP, estableciendo que el Estado solo podrá vender acciones en empresas privadas con autorización de dos tercios de ambas cámaras del Congreso. Esa mayoría “imposible” de alcanzar para el oficialismo sería subsanada de una manera simple: derogando la ley.

No se descarta que ese simple artículo figure en el megaproyecto que ingresará al Parlamento este martes. Si el gobierno se propone tener las manos libres para hacerlo, esta es la manera y el momento, aunque no hay garantías de que el Senado no elimine ese artículo. El viernes había quienes no descartaban que el Ejecutivo optara por la vía del decreto, para evitar sorpresas.

También se barajó la posibilidad de que el proyecto ingresara a través del Senado, pues se sabe que el titular de la bancada PJ-FpV, Miguel Pichetto, prepara un proyecto de blanqueo “más permisivo” que el del gobierno. Sin embargo no será así por dos razones: el proyecto incluye modificaciones impositivas que obligan a su ingreso por Diputados, y la Comisión de Presupuesto del Senado es manejada por la oposición, lo que haría prever un dictamen menos ajustado a las necesidades del Ejecutivo.

Algunos apresurados interpretaron la puesta en escena de la presentación del proyecto oficial, el viernes en el barrio de San Cristóbal, como el inicio de la campaña electoral de Mauricio Macri con vistas a las trascendentales elecciones de medio término. Más bien fue el intento de contrarrestar la visión de un gobierno más preocupado en atender a los poderosos. Si hasta podría advertirse en esta medida una dosis de kirchnerismo: qué otra cosa sino una inyección al consumo implicará el pago de fuertes sumas de dinero y una recomposición a tal cantidad de jubilados.

En su discurso, tras pedirle una y otra vez “celeridad” al Congreso, el Presidente pidió por último “que se debata con seriedad, con profundidad, pensando en el futuro, porque esto no se tiene que volver a repetir, necesitamos un sistema jubilatorio justo, equitativo y sustentable en el tiempo. Así que esperemos que empecemos a debatir cosas, en términos de mediano y largo plazo, que es algo que la Argentina necesita”. Precisamente el proyecto puesto a consideración prevé la constitución de una comisión que deberá trabajar en ese sentido. Ese debate “en profundidad” sobre el sistema no se descarta que vaya a incluir una reconsideración de la edad jubilatoria. Será más adelante, cuando las mayorías parlamentarias lo permitan.