Auditoría sobre la gestión Boudou en el Senado arroja deudas por casi 130 millones de pesos

Según un relevamiento realizado por la UBA a instancias de Gabriela Michetti, su antecesor había incorporado más de 2.000 nuevos contratados y pasó a planta permanente a otros 1.300.

Un resultado impactante es el que arrojó la auditoría encargada por la vicepresidenta Gabriela Michetti sobre la gestión de su antecesor, Amado Boudou: deudas de casi 130 millones de pesos y un aumento de sueldos en más de 700 millones.

Michetti dio a conocer este lunes en un comunicado las conclusiones del relevamiento que inició este verano la Universidad de Buenos Aires, en medio de la polémica por los despidos de miles de empleados.

Según dicha auditoría, Boudou aumentó el gasto en sueldos del Senado en “más de 700 millones de pesos”, ya que a través de dos decretos de febrero y noviembre de 2015 “había incorporado más de 2.000 nuevos contratados y pasó a planta permanente a otros 1.300”.

Sumado a ello, Boudou “dejó de pagar casi todas las cuentas del último año de su gestión: no pagó los pasajes de avión en la estatal Aerolíneas Argentinas, ni las cuentas de luz, gas y TV por cable, por lo que le dejó a la nueva administración una deuda de 126 millones de pesos”.

La nueva gestión encabezada por Michetti debió hacer frente a esa herencia y canceló casi la totalidad de la deuda con Aerolíneas, que llegaba a los 58 millones de pesos, se informó de manera oficial.

Con la actuación de la comisión revisora de los contratos firmados por Boudou en 2015, que se constituyó con el apoyo de todos los bloques del Senado, de las 2.035 rescisiones, 615 fueron reconsideradas: 175 por casos de diversas discapacidades y otros 460 por otras causales, pero las reincorporaciones se concretaron en planta temporaria con reducción de una a tres categorías. A esto deben sumarse 275 jubilados.

Además, se cancelaron más de 300 comisiones de servicio, el sistema por el cual empleados jerárquicos de otras reparticiones públicas eran “comisionados” al Senado, que se hacía cargo de sus salarios.

Paralelamente, se puso en marcha el proceso de chequeo biométrico de ingresos y egresos de los empleados, un sistema “antiñoquis” para evitar el desmadre en el manejo de personal que caracterizó a la última gestión.

La inflada plantilla permanente fue reducida, con acuerdo de los sindicatos, en un 35 por ciento y el nuevo organigrama en el que trabaja la secretaría administrativa del Senado prevé la reducción en otro 35 por ciento de los cargos políticos, por lo que las direcciones generales pasarán a ser dos en lugar de ocho.

Este “ahorro”, estimado en 651 millones de pesos, equivale a 55 millones de pesos mensuales.

Entre otras de las situaciones que arroja la auditoría, en 400 expedientes de personal se encontraron irregularidades, donde los empleados tenían dos cargos en el Estado. Se tomaron al azar 1000 expedientes de personal y “el 100 por ciento estaba mal hecho”, con falta de documentación. Y se encontraron cinco casos de empleados que vivían en el exterior.

Asimismo, se encontraron casos de sobreprecios en algunas contrataciones, como por ejemplo la contratación de Streaming, que se abonaba 7.000 dólares por mes, y hoy se abona 1.200 dólares.

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