Ni la UCR ni la Coalición Cívica están dispuestos a aceptar que los funcionarios puedan regularizar fondos. Negociaciones en la Casa Rosada a la espera del proyecto de ley.
El megaproyecto de ley para actualizar los haberes jubilatorios y liquidar juicios pendientes sembró diferencias en el seno de Cambiemos a partir de la intención del Gobierno de darle a los funcionarios la posibilidad de acogerse al blanqueo de capitales que financiará estos beneficios.
La Coalición Cívica de Elisa Carrió fue la primera fuerza en reclamar que los integrantes de los tres poderes del Estado queden excluidos del blanqueo, “ya que constituiría un acuerdo de impunidad”, indicó el partido en un duro comunicado.
Pero además, según supo parlamentario.com, la propia UCR se opone a que los funcionarios puedan formar parte de este mecanismo, con el que el Gobierno espera repatriar unos 20 mil millones de dólares, en el mejor de los casos.
Con ese mensaje, el jefe del bloque radical y del interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados, Mario Negri, acudió este lunes a Casa Rosada, donde esperaba convencer al jefe de Gabinete, Marcos Peña, de modificar ese punto.
El respaldo de la UCR y de la Coalición Cívica es un requisito excluyente para la aprobación de la iniciativa en la Cámara baja, donde el Pro aspira a consensuar además con los bloques de la oposición.
Por eso, funcionarios macristas asistirán este martes a una reunión de interbloque a puertas cerradas, alrededor de las 18 en el Anexo C de Diputados.
Allí estarán, en principio, el secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci; la subsecretaria de Políticas de Seguridad Social, Alejandra Breggia; y la subsecretaria de Coordinación de los Regímenes de Seguridad Social, Mercedes Bourquin.
Fuentes del radicalismo recordaban que el propio blanqueo de capitales sancionado en 2013 a instancias del kirchnerismo excluía a funcionarios públicos.
