Por iniciativa del socialista Roy Cortina, legisladores de la oposición ofrecieron una conferencia de prensa en la Legislatura, donde informaron la situación actual que atraviesan los centros de atención de la Ciudad y denunciaron la falta de presupuesto, profesionales e infraestructura, así como las “deficiencias del Gobierno de la Ciudad” en la materia.
El legislador Roy Cortina (PS) encabezó una conferencia de prensa en la que se presentó un paquete de proyectos para abordar la problemática de las adicciones y se denunció el estado de abandono y la falta de profesionales que sufren los centros de atención de la Ciudad.
El vicepresidente tercero de la Legislatura enfatizó en que de los 112 mil millones de pesos del Presupuesto de la Ciudad, sólo se destina a la problemática de las adicciones “77 millones de pesos, que representa el 0,06 por ciento”.
Y agregó que “de esos 77 millones de pesos, el 65% se utiliza para tercerizar el servicio en comunidades terapéuticas, que en su mayoría están fuera de la Ciudad”.
Además, informó que las partidas asignadas están afectadas al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, que cuenta con tres casas de atención ambulatoria. No obstante, del Ministerio de Salud dependen tres centros de atención: Carlos Gardel, Enrique Biedak y La otra base del encuentro.
Cortina señaló que de esta manera la situación “no se reconoce como un problema de salud pública”, y exhibió imágenes sobre el deterioro edilicio que sufren los centros.
En cuanto a la falta de profesionales, reveló que de los empleados de planta permanente del Ministerio de Salud, sólo 44 trabajadores son los que se desempeñan en esta área.
Por otro lado, advirtió que “ningún hospital de la Ciudad tiene un servicio de adicciones”, sino que el único que cuenta con un “grupo de trabajo” es el Hospital Álvarez, ubicado en Flores. Y aclaró que “el Hospital Fernández tiene un centro de toxicología que no es lo mismo. Decir que las adicciones se tratan en el Fernández es un completo error”.
También, el diputado socialista subrayó que en las campañas publicitarias oficiales realizadas en los últimos ocho años–excepto la impresión de algunos volantes- “no hubo ni una publicidad oficial que se utilice para hacer una campaña de prevención respecto a las adicciones”.
Para finalizar, Cortina denunció la “poca prioridad que el Gobierno porteño le da al tema de las adicciones”, y en referencia a las Mesas de Diálogo sobre adicciones, encabezadas por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, luego de la consternación que produjo la tragedia de Costa Salguero, dijo que “la visibilidad mediática de la mesa oculta la absoluta desinversión y el abandono en la que está el área de las adicciones”.
El presidente del bloque SUMA+, Hernán Rossi, acompañó los proyectos y expresó que “hay que legislar sobre la realidad”. Aseguró que hay un “mensaje muy claro” al Poder Ejecutivo sobre que el “dramático problema de las adicciones no se resuelve con voluntarismo”, sino con “políticas públicas que pueden surgir a través de leyes”.
Y criticó que, a veces, “el diálogo peligrosamente se confunde con marketing”, en alusión a las mesas de debate organizadas por Larreta. “Este paquete de leyes es una herramienta útil para el gobierno”, resaltó.
En tanto, Maximiliano Ferraro (CC-ARI) destacó la posibilidad de “visibilizar la problemática y poner el tema en cuestionamiento para que desde la Legislatura podamos contribuir a que las cosas en la Ciudad se hagan bien”.
Mencionó la necesidad de un “trabajo transversal e interministerial” entre las áreas de salud, educación y desarrollo social.
También en referencia a las mesas de diálogo impulsadas desde el oficialismo, el legislador manifestó: “no me opongo a que exista una comisión de notables pero hubiera sido bueno que también esté integrada por el Poder Legislativo”.
Las iniciativas
Uno de los proyectos presentados por Cortina propone que el Ministerio de Salud porteño conforme un área con la misión específica de coordinar la Red Integral de Prevención y Atención de las Adicciones prevista en la ley 2.318, que fue sancionada en 2007 con el objetivo de implementar un plan de prevención y asistencia al consumo de sustancias psicoactivas.
Otra iniciativa plantea que el 10 por ciento de lo asignado anualmente a la publicidad oficial se destine a financiar una campaña permanente de visibilización de la problemática de las adicciones y sensibilización social frente a los riesgos asociados al consumo de drogas.
El tercer proyecto impulsa el desarrollo de estrategias tendientes a tratar la prevención de las adicciones en el ámbito educativo, tales como la incorporación de contenidos curriculares específicos, realización de talleres, debates, espacios de consultas y reuniones informativas con padres, entre otras.