– ¿Cuál es la posición del Frente Renovador sobre el proyecto de pago a los jubilados?

– Todavía no tenemos posición tomada. La única posición que tomamos es que nosotros planteamos desde la campaña de 2013 que íbamos a trabajar por la recomposición de los haberes jubilatorios. En la primer entrevista que tuvo con el presidente cuando asumió, Sergio Massa presentó propuestas entre las que estaba la recomposición de los haberes jubilatorios. Tendremos que analizar la letra chica del proyecto que envía el Poder Ejecutivo. Algunos títulos todavía nos dejan un poco de incertidumbre. Por ejemplo, cuando se habla del porcentaje que se les va a reajustar a los que están en proceso judicial respecto de los que no lo están; el reconocimiento de los retroactivos; y obviamente el financiamiento de esta recomposición.

– Sobre ese último punto, ¿qué opinan de la posibilidad de vender acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) o el blanqueo de capitales?

– En principio, la ley establece que el FGS no se puede tocar, porque es un fondo anticíclico, que tiene que existir ante la posibilidad de que el sistema económico entre en crisis, ya que con eso hay que sustentar el pago de las jubilaciones. Por eso esto tiene que pasar por el Congreso, y se habla de la venta de acciones. Nuestro planteo era gravar la renta financiera y el juego. Además, toda una maquinaria que tenía que ver con el trabajo de las pymes: sacarle tanta presión tributaria y beneficiar fiscalmente a aquellas pymes que reinvirtieran utilidades. Eso significaría que blanqueen a sus empleados, lo que a su vez significaría más ingresos al sistema previsional, más producción y más consumo. Era un engranaje que tenía bajo control el tema del financiamiento y el sostenimiento del pago de esos reajustes.

– ¿Cómo ve el tema del pago a los jubilados que no iniciaron juicio?

– Lo que dicen los títulos es que le estarían reconociendo un 35 por ciento del ajuste y no habría retroactivo a reconocer. Pero de todos modos, cada caso es un caso particular. Yo no sé en qué se basan para decir que van a pagarles un 35 por ciento, porque quizás a algunos les corresponde un 10 por ciento, si es que se ajustan a los fallos judiciales; a otros les corresponderá el 20 por ciento, a otros el 30 y a otros el 40. Dicen que a los que están en proceso judicial les van a pagar un 45 por ciento del ajuste. Volvemos a lo mismo: los fallos dependen de cada caso particular. Los que más se van a ver beneficiados son los de la vieja ley, por el fallo Badaro; los de la nueva ley son los del fallo Elliff.

– El proyecto también contemplará una pensión universal a la vejez, ¿qué opina al respecto?

– Como ellos ya habían anticipado que no iban a ampliar la moratoria que finaliza el 18 de septiembre –aunque para las mujeres ya finalizó, porque por más que cumplan 60 años de acá a septiembre no les alcanza el período para pagar los 30 años-, esta pensión a la vejez viene a reemplazar la moratoria. Se está hablando de dar un 80 por ciento del haber mínimo, tener 65 años tanto el hombre como la mujer, que accederían a tener la cobertura del PAMI, que no tienen que recibir ningún otro tipo de beneficio, y esto no genera derecho a pensión. Pero hay que esperar el proyecto. Tampoco sabemos qué va a pasar con el haber mínimo, si está contemplado. Hoy el Salario Mínimo, Vital y Móvil está en 8.050 pesos y el haber mínimo sigue siendo de 4.900 pesos. Creemos que debería elevarse por lo menos a 7.000 pesos.

– Se espera un debate intenso…

– Nosotros no vamos a poner palos en la rueda. Sí vamos a plantear lo que como espacio nos parece más justo en beneficio de los jubilados. Entre diciembre y febrero hubo una pérdida del poder adquisitivo del 40 por ciento, y han recibido tan solo un 15,35 por ciento de aumento. Yo he visto boletas de agua de jubilados de 636 pesos sin subsidio y cobrando un haber mínimo, o impuestos municipales que han tenido que pagar casi 1000 pesos cobrando el haber mínimo. Fue un ajuste sangriento, sin anestesia.