La Asociación por los Derechos pidió que se declare inconstitucional la ley que establece la cantidad de diputados que le corresponden a cada provincia, ya que no se modifica desde 1983.
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) pidió este lunes a la Corte Suprema de Justicia que declare la inconstitucionalidad de ley que establece el reparto de bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.
Es que por la falta de actualización de esa norma hay distritos que están siendo perjudicados con respecto a otros, en especial la provincia de Buenos Aires.
Pese a que el artículo 45 de la Constitución dice que el reparto de bancas debe ajustarse después de cada censo, la distribución no se modifica desde 1983.
Con la población de entonces, a Buenos Aires le tocaron 70 diputados sobre un total de 257, el 27,2 por ciento de las bancas. Si se determinara la cifra según los parámetros fijados en la ley sancionada ese año, pero de acuerdo con el censo de 2010, la Cámara baja pasaría a tener 312 diputados, 55 más que hoy, y a la provincia de Buenos Aires le corresponderían 100 bancas, el 32 por ciento del total.
Como ejemplo de lo que consideró una “discriminación”, la ADC argumentó que “un diputado de la provincia de Buenos Aires representa casi 10 veces más votantes que su colega de Tierra del Fuego”, por lo que, con la actual legislación “el voto del bonaerense vale 10 veces menos” que el del ciudadano fueguino.
La llamada “ley Bignone” perjudica, entre otras, a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta y Mendoza, que tienen menos diputados que los que les corresponde.
“El voto de un ciudadano de cualquier provincia argentina debería tener igual incidencia en la composición de la cámara representativa, y no ocurre así”, afirmó la ONG.
La ADC lamentó que la ley no contempló el desarrollo poblacional y demográfico y “garantiza un piso de cinco diputados por provincia aun a aquellas que no reúnen la población para acceder a esa representación política”.
