Se presentó en el Parlamento el Registro Nacional de Femicidios y el Informe de Monitoreo de la Ley 26.485 a siete años de su sanción.
Se realizó en el Congreso la presentación del Registro Nacional de Femicidios y la actualización del Informe Deudas pendientes en la eliminación de la violencia contra las mujeres elaborado por Mujeres de la Matria Latinoamericana – MuMaLá convocado por la diputada nacional Victoria Donda y Raquel Vivanco, coordinadora nacional del movimiento.
De acuerdo con el relevamiento realizado entre el 3 de junio del 2015 y el 31 de mayo del 2016 a través del análisis de medios digitales gráficos, se registraron en la Argentina un total de 217 femicidios y 24 femicidios vinculados (9 femicidios vinculados de mujeres y niñas y 15 femicidios vinculados de varones y niños). También se registraron 8 travesticidios.
Al respecto Vivanco manifestó que “el Consejo Nacional de las Mujeres invierte tan sólo 0,0055 % del presupuesto nacional para aplicar la Ley 26.485, lo que equivale a $4,50 por mujer para prevenir la violencia machista” y agregó: “A un año del masivo reclamo de #NiunaMenos, volvemos a exigir al Poder Ejecutivo decisión política y mayor presupuesto para erradicar la violencia a las mujeres”.
Estuvieron presentes en la jornada el diputado nacional por Libres del Sur Federico Masso, y Jorge Ceballos, referente de Libres del Sur de la Prov. de Buenos Aires, entre otros.
Algunos de los datos que surgen del Registro Nacional de Femicidios son:
El 86% de los femicidios fueron cometidos por hombres del círculo íntimo y conocidos de las víctimas. El 4% fue cometido por extraños y el 10% se desconoce.
El 20% de las mujeres habían realizado denuncias, y el 12% tenían medidas de protección dictadas por la justicia.
El 65% de los femicidios se concentra en la franja etárea que va de los 16 a los 40 años de las víctimas.
De igual manera, el informe deudas pendientes para la eliminación de la violencia contra las mujeres indica:
Desde el año 2008 hasta la actualidad el presupuesto asignado al CNM no superó un dígito del total del presupuesto nacional.
Desde los años 2015 y 2016 el 80% de los gastos de dicho presupuesto está destinado a cubrir gastos de personal.
Se observa a nivel nacional la falta de casas refugios, de ayuda económica, la falta de asesoramiento jurídico y lugares de asistencia.
