En primer lugar, el proyecto de ley que discute el Congreso declara la emergencia en materia de litigiosidad previsional por el término de tres años, prorrogables por otros tres por el Poder Ejecutivo. En ese marco, se establece un programa por el cual se reajustan los haberes previsionales y se cancelan las deudas originadas con […]
En primer lugar, el proyecto de ley que discute el Congreso declara la emergencia en materia de litigiosidad previsional por el término de tres años, prorrogables por otros tres por el Poder Ejecutivo.
En ese marco, se establece un programa por el cual se reajustan los haberes previsionales y se cancelan las deudas originadas con los juicios.
El pago beneficia tanto a aquellos jubilados que lograron sentencia firme como a aquellos cuyos juicios están en trámite, e incluso a quienes no iniciaron juicio.
El texto reza que dicho pago “podrá ser atendido con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)”, aunque parte de la oposición sugiere que el Gobierno buscaría desprenderse de las acciones que la ANSES tiene en distintas empresas privadas.
Es que, entre las disposiciones finales, el proyecto deroga la ley 27.181, de septiembre de 2015, por la cual se prohíbe al Estado nacional la venta de acciones de la ANSES en empresas privadas sin el aval de los dos tercios del Congreso.
El programa se financiará asimismo con el dinero proveniente del blanqueo de capitales, que finalmente excluye a los funcionarios públicos.
Dicho régimen de sinceramiento fiscal durará hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive, y se podrán declarar tenencia de moneda nacional o extranjera, inmuebles, muebles y demás bienes en el país y en el exterior.
El texto aclara que no se podrán repatriar fondos de países denominados “de alto riesgo”, que integran la “lista negra” del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
El proyecto además implementa una “Pensión Universal para el Adulto Mayor”, de carácter vitalicio y no contributivo, para hombres y mujeres de 65 años, que equivale al 80 por ciento de la jubilación mínima.
También se crea el Consejo de Sustentabilidad Previsional, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, que deberá elaborar, en los tres años que dure la emergencia, un proyecto de ley de reforma previsional integral.
Ese proyecto deberá ser discutido en una Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria, que también se crea en la iniciativa.
En otro orden, el proyecto ratifica el acuerdo suscripto a fines de mayo pasado entre el Estado nacional y las provincias, por el cual se les devuelve el 15 por ciento de fondos coparticipables que les corresponde.
Cabe recordar que, mediante el decreto 406/16, el Poder Ejecutivo había establecido el “Acuerdo para el nuevo federalismo”, consistente en la devolución escalonada y progresiva de la coparticipación que se les retiene a las provincias desde 1992, de aquí al año 2020, con el 3 por ciento por año.
La iniciativa oficial incluye, por otro lado, modificaciones parciales a los impuestos sobre los Bienes Personales –que se eliminará en 2019-, Ganancias y Ganancia Mínima Presunta.
En el caso de Bienes Personales, el mínimo no imponible será de 800 mil pesos en 2016, 950 mil en 2017 y 1 millón 50 mil en 2018.
