Imputaron al ministro Aranguren en causa por la compra de gas a Chile

Lo dispuso el fiscal Carlos Stornelli, en el marco de la causa iniciada a principios del mes de mayo por una denuncia de diputados de La Cámpora.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, fue imputado por el fiscal Carlos Stornelli, en el marco de la causa que se inició a partir de la denuncia de los diputados del Frente para la Victoria Martín Doñate y Rodolfo Tailhade.

La denuncia era por la sospecha de que el ministro podría verse favorecido con el incremento de las tarifas de gas “al cumplir un doble rol como funcionario público y accionista de Shell”, como así también por la “decisión estratégica” de importar gas por el puerto de Chile en lugar de las vías que ya estaban en uso, el gasoducto con Bolivia por ejemplo, decisión que “puso en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG (British Gas, adquirida el año pasado), la mayor proveedora de Gas del vecino país trasandino”.

La denuncia fue radicada en el Juzgado Federal Nro. 9 cargo de Luis Rodríguez, e interviene la Fiscalía Nro. 4, a cargo de Carlos Stornelli.

Los legisladores sugirieron la “presunta comisión de delitos de acción pública de extrema gravedad”, aunque aclararon que el encuadramiento legal debería surgir de la investigación. Doñate y Tailhade sostuvieron que el funcionario “debería renunciar inmediatamente” y la Justicia “actuar con celeridad por la gravedad institucional que implica que las medidas tomadas por Aranguren no sólo asfixian a la población, sino que lo benefician directamente en su actividad privada”. En este sentido, precisaron que la Declaración Jurada Patrimonial del ministro “da cuenta que posee más de 13 millones de pesos en acciones ‘clase A’ de la empresa Royal Dutch Shell”.

En el texto de la denuncia, los diputados kirchneristas citaron una noticia periodística que indica que “recientemente el Ministerio de Energía ha tomado la decisión estratégica de importar gas por el puerto de Chile en lugar de las vías que ya estaban en uso, como el gasoducto con Bolivia”.

“Esta decisión –advirtieron- puso en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG (British Gas, adquirida el año pasado), la mayor proveedora de gas del vecino país trasandino”.
“Apenas asumió Aranguren nosotros llamamos la atención sobre su designación, porque está incumpliendo con la Ley de Ética Pública. Lo hicimos ante la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso, jamás debió asumir y debería renunciar”, señaló Martín Doñate, uno de los denunciantes, tras conocerse la noticia. Agregó que “la ley indica que una persona que asume un cargo como el de Aranguren debe dejar pasar tres años desde que fue directivo de una empresa a la que debe controlar. Además Aranguren sigue siendo accionista de Shell, es una irregularidad absoluta la situación”.

El legislador señaló que “hay elementos muy graves. Aranguren benefició a Shell, y además tiene acceso a información de YPF, competidora de Shell. Hay una serie de decisiones que se tomaron como al compra de gas a Chile, se compró gas 128% más caro de lo que se lo comprábamos a Bolivia, y la compra se hizo de forma directa. Chile le compra a una subsidiaria de Shell, no es productor de gas, es revendedor”.

Precisó además que “en la compra de gas a Chile la empresa que se beneficia es la empresa British Gas que es de Shell”, y puntualizó que “creemos que Aranguren cobró dividendos en febrero de Shell, y Shell ha ganado fortunas con las decisiones que se tomaron de aumentos de combustible y de gas”.

“Lo hemos denunciado en el oficina anticorrupción y Laura Alonso no hizo nada por esto”, se quejó.

El senador nacional Fernando “Pino” Solanas también denunció al ministro y a Julio Aníbal Balboa, presidente de Energía Argentina S.A. (ENARSA) por violar el Régimen de Contrataciones al comprar gas a Chile un 128 por ciento más caro del precio que Bolivia le vende a la Argentina. Precisamente este jueves el senador ratificó su denuncia, en este caso ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 a cargo de la doctora María Romilda Servini de Cubría, y la Fiscalía Federal Nº 12 a cargo de Patricio Evers.

Paralelamente el senador presentó un proyecto de ley para que el ministro concurra al Senado para que exponga un amplio informe acerca de la política energética llevada adelante por el gobierno nacional y los fundamentos de los aumentos de las tarifas de luz y gas y todo lo relacionado con las últimas contrataciones directas para la compra de gas que se efectuaron a Chile.

El proyecto fue acompañado con la firma de los senadores Miguel Angel Pichetto, Jaime Linares, Guillermo Pereyra, Daniel Lovera, Adolfo Rodríguez Sáa, Carlos Cascerio, Magdalena Odarda y Alfredo Luengo.

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