Obtuvo dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales una resolución para autorizar al juez Luis Rodríguez a allanar el domicilio y las oficinas del legislador en una causa por enriquecimiento ilícito. El interbloque UNA acompañó la propuesta, pero pidió reformar la Ley de Fueros. Rechazo del Frente para la Victoria y Margarita Stolbizer.
La alianza Cambiemos consiguió avanzar este martes en la Cámara de Diputados con un proyecto de resolución para autorizar el allanamiento al domicilio y las oficinas del legislador y exministro de Planificación Federal Julio De Vido, en una causa por enriquecimiento ilícito.
La iniciativa obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Pablo Tonelli (Pro), y cosechó el rechazo del Frente para la Victoria y Margarita Stolbizer (GEN), aunque fue apoyado por el interbloque UNA.
El proyecto fue avalado con 15 firmas tras un debate intenso, mientras De Vido presidía una reunión de la Comisión de Energía y Combustibles en una sala contigua del Anexo de la Cámara.
Tonelli, autor de la propuesta de resolución, explicó que “el único alcance” es autorizar el allanamiento que había sido frenado por el juez a raíz de un pedido de la defensa de De Vido, que se amparó en sus fueros como diputado nacional.
“De ninguna manera (la resolución) implica afectar al diputado De Vido en sus fueros ni suspenderlo”, aclaró el macrista.
El interbloque UNA, que suscribió al dictamen, pidió tratar un proyecto de Graciela Camaño que modifica la Ley de Fueros para que “al ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores o la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas”, el juez esté obligado a comunicar tales medidas al presidente de la respectiva Cámara.
Esa norma, sancionada en medio del escándalo por las coimas en el Senado, limitó los fueros de legisladores, jueces y funcionarios.
En tanto, Stolbizer repudió el hecho de “traer los conflictos políticos al ámbito del Congreso” y habló de una “sobreactuación” del oficialismo y de un “bastardeo a las instituciones”.
La líder del GEN recordó que el propio juez decidió dejar sin efecto el allanamiento y que no le pidió autorización a la Cámara de Diputados, la cual no le debe “indicar” qué hacer.
Por el contrario, el demócrata cristiano Juan Brügge consideró que “la Cámara puede decidir si da una autorización o no, aun si no hay pedido del juez”.
En tono duro, Diana Conti (Frente para la Victoria) denunció una “chicana política, burda e inadmisible” por parte de Tonelli, y advirtió que como integrante del Consejo de la Magistratura “tiene poder de apriete sobre los jueces”.
Conti –al igual que su par Rodolfo Tailhade- había presentado un proyecto para repudiar la iniciativa de Tonelli, por lo que su bloque firmó un dictamen de rechazo.
Como protagonista del debate por la Ley de Fueros en el año 2000, Elisa Carrió encaró la defensa del proyecto como una forma de marcar la “correcta interpretación constitucional”, que indica que la Carta Magna sólo plantea la inmunidad de arresto.
“No podemos permitir que ningún miembro de este Parlamento se ampare en los fueros para quedar impune”, sostuvo su par de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, y añadió que en igual sentido ningún juez debería suspender un allanamiento por tal motivo.
Firmaron el dictamen Tonelli, Carrió, Sánchez, Jorge D’Agostino, Miguel Nanni, Ricardo Alfonsín, Karina Banfi, Guillermo Durand Cornejo, Carla Carrizo, Lucas Incicco, Daniel Lipovetzky y Silvia Lospennato, por Cambiemos; y Brügge, Mónica Litza y Horacio Alonso por el interbloque UNA.
