Por José Angel Di Mauro. Desde hace semanas la gobernadora bonaerense tomó nota de eso y arbitra medidas coordinadas con la Nación. Temen que estén fraguando estallidos en determinados puntos del Conurbano y ven intencionalidades ocultas en ese objetivo.
De haber sucedido algo de estas características durante la gestión anterior, el tema hubiera ameritado cuanto menos una cadena nacional, el despliegue de militantes apoyando a la jefa y un discurso uniforme de parte de los voceros adhiriendo a la denuncia encendida de la líder. Está claro que ninguna de esas reacciones ha tenido ni tendrá lugar ahora; un poco por las formas deliberadamente diferenciadas, y otro por considerar que darle entidad a esas versiones -por más reales que sean- agravaría el cuadro, y terminaría generando debilidad en el denunciante.
La inquietud oficial existe ante un clima enrarecido que se viene percibiendo en las últimas semanas. Quien más atenta y preocupada está sobre la cuestión es la gobernadora bonaerense, que así lo dejó entrever durante el ágape por el Día del Periodista que se celebró esta semana en La Rural, donde la sonrisa permanente de Mariú Vidal no estuvo tan presente. Y ante la consulta puntual, no negó su intranquilidad.
La mandataria y su equipo están siguiendo atentamente los movimientos que se dan en los sectores más calientes del conurbano bonaerense, donde temen que se estén gestando “estallidos inducidos”, tal la definición que admitió por lo bajo un funcionario.
La inquietud obviamente fue transmitida al gobierno nacional, con el que la administración bonaerense está unida por mucho más que el color político: una cuestión de supervivencia y perdurabilidad; no existe el éxito de uno de los dos gobiernos sin el del otro.
La preocupación fue atendida con recursos puntuales para destinar a las zonas más calientes. La relación entre ambas administraciones es más que directa: la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, es esposa de la mano derecha de Vidal, su ministro de Gobierno Federico Salvai. Stanley es además quien ocupó el cargo de ministra de Desarrollo Social que dejó la propia María Eugenia Vidal en 2011 para acompañar a Mauricio Macri como vicejefa de Gobierno.
El temor es genuino, por eso el monitoreo es constante. Lo mismo los contactos con los jefes comunales. Cuando en plena campaña se le preguntaba al candidato Macri por los intendentes mejor ponderados por él, a partir de lo que había podido conocer del Conurbano, mencionaba un reducido grupo -no más de cuatro-, entre los que figuraban dos kirchneristas que hoy integran el kirchnerismo puro y duro, ese que a los que el macrismo ve queriendo adelantar los relojes a como de lugar.
Con todo, el oficialismo ve hoy los focos de eventuales conflictos en La Matanza, en cuya intendencia se refugiaron funcionarios que soñaban integrar el gobierno nacional o el bonaerense si ganaba el FpV. Su exintendente, el jefe del PJ bonaerense Fernando Espinoza, cometió un sincericidio en marzo pasado cuando deslizó que “si explota el Conurbano, salta el presidente”. Con su intendenta y el de Moreno -epicentro del estallido en 2001 y hoy comandado por un hombre ligado a La Cámpora- se reunió en la semana el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, incorporado al equipo armado para timonear esta eventual crisis. También participó de la reunión Espinoza. Así y todo, con esos intendentes hay diálogo, aseguran desde el gobierno. No es lo mismo con aquellos a los que Macri elogiaba cuando no estaba ni cerca de la presidencia.
En este mismo sentido el jefe del bloque de diputados provinciales de Cambiemos, Jorge Silvestre, formuló en la semana una denuncia inquietante. Según él, en municipios administrados por el FpV se estarían guardando adrede fondos girados por la provincia para la compra de mercadería para los comedores escolares. Precisamente cuando varios intendentes de la oposición salieron a criticar el creciente deterioro de la situación social en la Provincia, cosa que llevó a la gobernadora a recordarles que “la pobreza no empezó el 10 de diciembre”. Lo reiteró este fin de semana, durante un encuentro con su Gabinete para evaluar estos seis meses de gestión.
Alguien que dialoga mucho en la actualidad con María Eugenia Vidal, y que tal vez vaya a ser clave en las elecciones del próximo año en el distrito, es Elisa Carrió, quien fiel a su estilo salió sin medias tintas a denunciar que “hay grupos que trabajan para voltear a Macri”. Puntualmente citó “una reunión de organizaciones populares” y señaló a la organización Barrios de Pie, que protagonizó las últimas semanas protestas en el Conurbano y la Capital Federal reclamando “alimentos” y “trabajo genuino”. Hay quienes piensan que Carrió dice lo que la gobernadora no puede; como sea, Vidal y el gobierno nacional piensan que hay organizaciones de base que trabajan para limar al gobierno. En este marco sitúan a los encapuchados del ignoto Resistencia Popular, que aparecieron en la semana cortando la 9 de Julio. También hacen notar la cercanía del kirchnerismo con sectores acostumbrados a la belicosidad callejera, y ponen como ejemplo la reunión política del último sábado de mayo en un local de Tendencia Piquetera Revolucionaria, grupo liderado por el hijo de Juliana Marino, exembajadora del kirchnerismo en Cuba, donde estuvieron Andrés “Cuervo” Larroque, Luis D’Elía y el intendente de Avellaneda, en la previa a la inauguración del edificio Cristina Kirchner, en esa localidad.
Ven intencionalidad también en los dichos de Guillermo Moreno, quien lejos de retractarse ratificó su comparación entre Macri y Videla. Si bien en Cambiemos disfrutan cuando esos personajes cobran protagonismo, no dejan de ver una intencionalidad en esas actitudes, como cuando en los actos los militantes cantan “Macri basura, vos sos la dictadura”.
Volviendo a la intendenta de La Matanza, fue autora del amparo que frenó el tarifazo eléctrico en esa localidad, que luego replicaron otros intendentes. Precisamente esos frenos a los aumentos de tarifas son otro escollo que está encontrando el gobierno, que apuesta a que la Corte Suprema en última instancia termine revirtiendo esas acciones judiciales. No es seguro y el Tribunal Supremo tiene cierta renuencia en pronunciarse sobre el tema. El peor de los mundos sería para el gobierno ver frustrada la implementación del “sinceramiento” de las tarifas, después de haber sufrido todo el desgaste de haberlo aplicado.
Para no depender tanto de la voluntad de Ricardo Lorenzetti es que el gobierno necesita completar cuanto antes la Corte. Finalmente eso podría resolverse este miércoles, fecha elegida para votar los pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Cuando se convocó para ese día, se descontaba que el oficialismo tendría asegurado los dos tercios que necesita para aprobarlos, pero la última semana concluyó sin certezas.
Encendió luces de alarma un proyecto del kirchnerismo para elevar a 13 el número de integrantes de la Corte, pero más que eso el dato fue la cantidad de firmas que tuvo la iniciativa: 14. Son los que resistirían la decisión de Miguel Pichetto de acompañar la elección de esos jueces. No serían los únicos renuentes, algunos por cuestiones de género -consideran indigerible una Corte con 4 varones y una sola mujer-; otros por conveniencia política. El viernes el gobierno contaba 42 votos seguros; faltarían 6. Si no aparecen, podría postergarse una semana la votación, pues el gobierno no puede perderla. Igual, la postergación sería un traspié duro.
Un día antes de esa sesión todavía en duda, el Frente para la Victoria convocó a un plenario de cuatro comisiones para debatir todos los proyectos para ampliar la Corte. Los cuatro cuerpos legislativos son presididos por miembros de esa bancada, y en todas es bloque es mayoría. El promotor de la movida es el kirchnerista Marcelo Fuentes, autor del proyecto para constituir una megacorte similar a la que proponía Raúl Zaffaroni. Claramente le quieren marcar la cancha a Cambiemos.
