Representantes del Poder Judicial y de distintas instituciones se mostraron a favor de limitar el mandato del procurador general, pero en contra de la creación de la figura de los subprocuradores.
El proyecto del Poder Ejecutivo para introducir una profunda reforma en el Ministerio Público Fiscal sumó voces a favor y en contra este martes, en un plenario de comisiones de Justicia y Legislación Penal de la Cámara de Diputados.
Se trata de una iniciativa que, para los bloques de la oposición, tiene como único objetivo recortar poder a la actual procuradora general, Alejandra Gils Carbó, identificada con la agrupación Justicia Legítima.
En ese sentido, el proyecto propone acotar el mandato del jefe de los fiscales a cuatro años, algo que fue compartido en general por los especialistas que expusieron ante los legisladores, aunque hubo algunas diferencias en torno a la cantidad de años de duración adecuada.
Pero la reforma más controvertida radica en la creación de la figura de cuatro subprocuradores -en derecho penal, en delito organizado, en derecho público y en derecho privado-, bajo la idea de “descentralizar” funciones del procurador general.
Cambiemos –que necesita el apoyo de otras bancadas para avanzar con el proyecto- intentaría firmar dictamen la semana que viene, con modificaciones que se evaluarán en los próximos días.
El orador que abrió la ronda de exposiciones fue el exjuez Guillermo Yacobucci, quien mencionó que el plazo de ejercicio del procurador se define “desde lo político-discrecional”, ya que “no hay un argumento fuerte desde lo constitucional y jurídico” sobre el tiempo de duración en el cargo.
Por otra parte, consultado por el legislador Luis Petri (UCR), sobre los “superpoderes del procurador en la remoción y designación de fiscales”, Yacobucci opinó que esa facultad “resulta un cuarto poder alejado de la forma republicana”.
A su turno, el fiscal Ricardo Sáenz señaló que la figura de cuatro subprocuradores “atenta contra los principios jerárquicos y de unidad de acción del Ministerio”.
Remarcó que las funciones del procurador general “no pueden quedar reducidas” y que su cargo debe durar “cuatro años con la posibilidad de ser reelegido en un período consecutivo”. Asimismo, dijo que la remoción tendrá que ser por “decisión del Poder Ejecutivo” y, luego sí, por acuerdo del Senado.
Paula Litvachky, directora de Justicia y Seguridad del CELS, criticó la iniciativa y expresó: “Para nosotros el proyecto tiene graves problemas; en términos constitucionales hay una incorrecta interpretación del artículo 120 de la Constitución Nacional”.
La doctora apuntó el “debilitamiento importante y vacío de funciones” del procurador y enumeró “cuatro puntos problemáticos” del proyecto, como las “funciones recortadas al procurador, el plazo corto de gestión, las funciones ‘incorrectas’ del Consejo General y las atribuciones problemáticas en cuanto a la designación y remoción del procurador”.
El procurador de la provincia de Salta, Pablo López Viñals, consideró que “es bueno que la figura del procurador tenga un mandato limitado en el tiempo”. “Creo que es un acierto que se establezca esta limitación”, manifestó.
En tanto, el exdiputado nacional de la UCR Ricardo Gil Lavedra sostuvo que “la finalidad que persigue este proyecto es equilibrar las funciones en el Ministerio Público”, “darle mayor control interno” y “mayor grado de transparencia a los recursos”.
Sobre los sobprocuradores, aclaró que ya existen en países como Brasil y México. “Se podrá discutir si está bien cuatro, dos o tres, pero la figura en sí misma, en materia de especialización, no está mal”, interpretó el abogado constitucionalista.
Gil Lavedra recordó que el control externo sobre la Procuración General debe estar a cargo del Congreso, con una comisión bicameral que está prevista en la ley, pero que nunca funcionó.
El proyecto oficial también facilita el procedimiento para remover al procurador y prevé una participación más activa al Consejo General del Ministerio Público Fiscal.
