Con 162 votos, la alianza oficialista consiguió aprobar en la Cámara de Diputados la “ley ómnibus”, que incluye además el acuerdo con las provincias por los fondos coparticipables. Hubo respaldo de los bloques de Sergio Massa y Diego Bossio, dos exdirectores de la ANSES, y rechazo del Frente para la Victoria, que volvió a partirse. La discusión se vio atravesada por el caso de José López.
Con abrumadora mayoría, Cambiemos se alzó en la Cámara de Diputados con la media sanción del proyecto para saldar deudas con los jubilados y abrir un nuevo blanqueo de capitales, que contó con respaldo de los bloques de dos exdirectores de la ANSeS, Sergio Massa y Diego Bossio, y el rechazo del Frente para la Victoria, que sufrió tres bajas.
La “ley ómnibus” enviada por el Poder Ejecutivo, que sufrió numerosas modificaciones en la discusión en comisiones, obtuvo 162 votos a favor, 76 en contra y 3 abstenciones, al cabo de un debate que se extendió por poco más de doce horas.
Tras la votación en general, registrada poco después de las 0.30, se inició el tratamiento en particular, que por la extensión de esta ley ómnibus se prolongó hasta bien entrada la madrugada, al punto tal de concluir recién a las 3.54. Esto es, el tratamiento en particular duró casi tres horas y media.
Previamente, faltando muy pocos artículos, a las 3.52 se retiró el bloque Frente para la Victoria cuando varios de sus legisladores se quejaron por el tratamiento del artículo 89, que -dijeron- no podía ser tratado de esa forma en el recinto y a esas horas. Un minuto después se dio por terminada la sesión.
Para la votación en general, el oficialismo no solo contó con el respaldo del Frente Renovador y el bloque Justicialista –que trabajaron en conjunto para forjar cambios al texto oficial-, sino también del Partido Socialista; el GEN de Margarita Stolbizer; Juntos por Argentina, de Darío Giustozzi; y Compromiso Federal, de los hermanos Rodríguez Saá, entre otros.
El dato de color de la jornada lo dio el Frente para la Victoria, que al igual que en el debate por el acuerdo con los holdouts volvió a votar dividido, y sufrió la baja de tres diputados misioneros encabezados por el exgobernador Maurice Closs.
La discusión en el recinto estuvo atravesada por el escándalo que involucra al exsecretario de Obras Públicas de las gestiones kirchneristas, José López, hallado intentando ocultar casi 9 millones de dólares en un monasterio del partido de General Rodríguez.
Quien fuera su superior, el actual diputado Julio De Vido, no asistió a la sesión, siendo que hasta este miércoles tenía asistencia perfecta. Precisamente al inicio del debate, el oficialismo intentó aprobar sobre tablas la resolución para autorizar el allanamiento al domicilio y oficinas del exministro de Planificación Federal, pero no reunió la mayoría reglamentaria.
A raíz del impactante descubrimiento, varios diputados de la oposición exigieron extender la exclusión del blanqueo de capitales a los familiares de los funcionarios y a los contratistas del Estado.
“Poner a los funcionarios y no poner a los parientes es lo mismo que no poner a nadie. Es una burla decir que se está dejando afuera a los funcionarios de los tres poderes”, lamentó el aliado K Carlos Heller, del Partido Solidario.
Tanto Heller como Alcira Argumedo (Proyecto Sur) y el Frente de Izquierda votaron en contra del proyecto, mientras que el exgobernador puntano Claudio Poggi lo hizo a favor.
Las tres abstenciones correspondieron a los integrantes del bloque Libres del Sur.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina (Pro), abrió el debate y expresó: “Es una decisión que considero valiente por el desafío fiscal que implica en el presente y en el futuro, pero es una decisión de estricta justicia que pone a nuestro sistema previsional conforme a derechos”.
Y en lo que fue un guiño al kirchnerismo, señaló que la iniciativa “construye sobre lo hecho, no viene a dinamitar ninguno de los derechos ni de las mejoraras que se han hecho a nuestro sistema previsional en los últimos años, que sabemos tiene una alta cobertura, que ha hecho esfuerzos para subir la jubilación mínima”.
Sin embargo, Laspina remarcó que “había una enorme injusticia, que era liquidarle mal las jubilaciones a casi dos millones de abuelos que no recibían lo que se merecían”.
Por otra parte, destacó que el proyecto abre una “nueva relación en términos fiscales y previsionales con las provincias”, al ratificarse el acuerdo para la devolución progresiva de los fondos coparticipables que retenía la ANSES y permitir nuevos pactos con la Casa Rosada por las cajas previsionales.
El economista macrista destacó que el proyecto “es fruto de un enorme proceso de diálogo y consenso con las fuerzas de la oposición”.
El exministro de Economía Axel Kicillof fue uno de los oradores más críticos del proyecto, al calificarlo de “invotable”, sobre todo por la supuesta intención del Gobierno de desprenderse de las acciones que la ANSES tiene en empresas privadas, y que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
“Estamos generando una expectativa falsa”, se quejó el diputado del Frente para la Victoria, quien además criticó la Pensión Universal a la Vejez que crea el proyecto –sostuvo que genera “jubilados de segunda”- y cuestionó el blanqueo de capitales, por no excluir a los parientes de los funcionarios.
Diego Bossio –otro diputado que formó parte de la gestión kirchnerista pero luego abandonó ese espacio- remarcó “la obligación de proteger todo lo que hemos construido”, al mencionar el FGS y la Ley de Movilidad Jubilatoria
Así, hizo un llamado a cuidar un sistema de seguridad social “que tiene el nivel de protección más importante de América Latina”, y pidió seguir defendiendo su carácter “público y de reparto”, al recordar que el 98% de los argentinos está jubilado.
Entre otros cambios, pidió que se respeten los índices para la redeterminación del haber inicial y la movilidad previstos por los fallos de la Corte, porque su incumplimiento puede derivar en nuevos juicios “dado que se perjudica al jubilado”. De este modo “estamos resolviendo una situación a medias”, enfatizó Bossio.
Massa, quien estuvo al frente de la ANSES entre 2002 y 2007, no habló en el recinto. Sí lo hizo el referente económico del bloque, Marco Lavagna, quien indicó que el proyecto “no es una solución mágica” pero “va en la línea correcta”, y ponderó los cambios introducidos en comisiones.
Entre estos, mencionó que el costo de los abogados a los que deberían recurrir los jubilados que decidan litigar quedará a cargo de la ANSES; y que el Gobierno se comprometió a cumplir con los pagos de las sentencias firmes.
En este sentido, el presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Héctor Daer, consideró “necesario que la ANSES genere un adecuado ciclo para seguir pagando las sentencias y que aquellos que adhieran a este programa tengan una agilidad para que no sigamos postergando indefinidamente los pagos a los jubilados que tienen mal calculado su haber y su actualización”.
Margarita Stolbizer, del GEN, advirtió que “terminamos votando una iniciativa buena, como es el pago a jubilados, pero que esconde una iniciativa mala, como es la del blanqueo”.
De todos modos, la diputada señaló que “para estimular el consumo, lo que hace falta es poner plata en la calle, y la decisión más acertada de este gobierno es poner la plata en manos de quienes van a salir a gastarla”.
“(Los jubilados) no son aquellos que van a poner la plata debajo de un colchón, o que van a ir a tirar la plata a un monasterio”, chicaneó Stolbizer sobre el caso de López.
La socialista Alicia Ciciliani también criticó el capítulo referido a blanqueo, así como la modificación de las alícuotas del impuesto a los Bienes Personales, que el Ejecutivo pretendía eliminar en 2019, aunque finalmente debió dar marcha atrás.
Por el PTS, Myriam Bregman se sumó a las diatribas por el blanqueo: “Este proyecto busca blanquear la estafa que significan esos dineros de los López, de los Jaimes y los De Vidos, que no podrían existir sin el concurso de los empresarios de la construcción y de todos los capitalistas que vivieron del Estado durante todos estos años”.
El proyecto
El núcleo del proyecto es la declaración de la emergencia en litigiosidad previsional para que el Poder Ejecutivo firme acuerdos con los jubilados para pagarle los juicios que iniciaron contra la ANSES por la mal liquidación de sus haberes. Este acuerdo implicará el cese del litigio a cambio de un pago en dos partes: 50 por ciento en efectivo y el resto en 12 cuotas trimestrales consecutivas que se irán actualizando a lo largo del tiempo.
El pago de estos juicios, la actualización de los haberes y la nueva Pensión Universal a la Vejez serán financiados con los fondos del blanqueo de capitales que autorizará la futura ley y que irán al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.
Sin embargo, la iniciativa también habilita la venta de acciones que la ANSES tiene en empresas privadas -producto de la estatización de las AFJP en 2008- para hacer frente a los pagos en caso de requerirlo. El Grupo Clarín, los bancos Macro, Francés y Patagonia, Alto Palermo, Metrogas, Metrovías, Edenor, Quick Food e Irsa son algunas de las compañías en donde la Anses tiene acciones. Así, el proyecto macrista propone derogar la ley sancionada por el kirchnerismo que prohibía vender las acciones sin autorización de los dos tercios de ambas cámaras del Congreso.
Por pedido de la oposición, el oficialismo aceptó incluir un agregado que indica que las tenencias accionarias de la ANSES no deberán ser inferiores, en principio, al 7%.
La mencionada Pensión Universal a la Vejez beneficiará a mayores de 65 años y significará el 80% del haber mínimo. Pero por pedido del bloque de Bossio, se extendió por tres años más la moratoria previsional lanzada por los gobiernos kirchneristas para que aquellos que tengan la edad jubilatoria pero no los aportes necesarios puedan recibir la jubilación correspondiente, con el descuento de los aportes que no hicieron.
Con respecto al blanqueo de capitales, se ratificó que quedarán excluidos los tres poderes del Estado en sus tres niveles –nacional, provincial y municipal-. Otra modificación importante fue la relativa al artículo que preveía cárcel a los que difundieran información sobre los blanqueadores.
Por otra parte, la iniciativa establece que la Nación financie el déficit de las cajas previsionales, extendiendo durante 90 meses la moratoria a 13 provincias que no las transfirieron. Es otro de los puntos atractivos para varios gobernadores. El jefe del bloque del FpV-PJ en el Senado, Miguel Pichetto, pedía extender ese plazo a 120 meses: ese fue el motivo de una reunión que mantuvo este miércoles con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, y los diputados Nicolás Massot (Pro), Mario Negri (UCR) y Massa. Finalmente, se acordó dar un margen a la autoridad de aplicación de la ley para modificar este aspecto.
En otro de los cambios destacados, el oficialismo accedió a no eliminar el impuesto a los Bienes Personales en 2019, un tema que será discutido más adelante por la comisión bicameral que crea el proyecto; de todos modos, se mantiene la modificación en las alícuotas.
Más importante aún, se exceptuó del pago del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores que tienen sus impuestos al día y están exentos del impuesto a los Bienes Personales, que ahora tendrá un piso de 800.000 pesos.
