Se trata de un proyecto presentado por el radical José Riccardo, que pretende que los diputados y senadores que la integren se ocupen en un lapso no mayor a seis meses de investigar todos los actos que se denuncien en ese sentido.
El diputado José Riccardo, presidente de la Comisión de Educación, dio a conocer un proyecto de ley para crear la Comisión Investigadora Bicameral por la Verdad sobre la Corrupción Estatal-Privada en la República Argentina (CONAINCO).
Este proyecto plantea como objetivo de la comisión la elaboración de un informe que compilará los datos y testimonios recibidos, señalará los mecanismos utilizados para concretar actos de corrupción, tanto sean exclusivamente del sector público como aquellos en los que intervengan actores de ese sector y del sector privado, y propondrá medidas legislativas y administrativas para evitarlos en el futuro.
Si alguno de los hechos de los que tome conocimiento pudiesen, eventualmente, considerarse delictivos, deberá formular las correspondientes denuncias ante la Justicia.
Esta Comisión deberá formular dentro de los 30 días de constituida un de trabajo, con una estimación del tiempo que le demandará completarlo, que en ningún caso excederá de los seis meses.
Entre las actividades que podrá incluir en su plan de trabajo, estarán la recepción de información y denuncias, la citación a particulares, entidades y organizaciones no gubernamentales, empresarios, empresas y cámaras empresarias, asociaciones sindicales y partidos políticos, el pedido de informes a empresas, organizaciones no gubernamentales, a dependencias de los tres poderes del Estado Nacional, Provincias y Municipal y Estados Extranjeros, el requerimiento a funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, de sus organismos dependientes, de entidades autárquicas y de las fuerzas armadas y de seguridad, así como autoridades de los gobiernos de provincias, que le brinden informes, datos y documentos y la solicitud de informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.
La comisión, según Riccardo, dependerá del Congreso de la Nación y estará compuesta por cuatro diputados y cuatro senadores, que serán designados por sus propios cuerpos legislativos, de entre los que se elegirá un presidente. La Comisión dictará su propio reglamento interno y nombrará el personal de apoyo y técnico que estime necesarios.
Concluido su trabajo, la Comisión expondrá su informe y conclusiones en sesión especial reunida a tal efecto y remitirá la totalidad de la información y documentación recopilada, cualquiera fuera el soporte que la contenga, al Archivo de la Biblioteca del Congreso de la Nación, para su consulta pública.
