Desde el regreso a la democracia en 1983, para quienes accedieron al principal sillón de Balcarce 50 los primeros meses no fueron un sendero de pétalos. Las pulsaciones institucionales y económicas condicionaron el accionar inicial. Una síntesis de lo que padecieron Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y ahora Mauricio Macri, da cuenta de ello.
Lógicamente para Raúl Alfonsín restablecer el funcionamiento de las instituciones establecidas por la democracia estuvo condicionado por el acecho de los militares, a quienes les costó asumir su nuevo rol lejano al poder. En ese sentido los principales dirigentes de la UCR no dejan de reconocer que lo de Alfonsín fue una épica donde la dirigencia peronista, en particular, inicialmente no participó activamente, dado que les costaba elaborar el duelo electoral.
A la hora del inventario de los cursos de acción de la gestión radical, hasta su precipitada entrega a Carlos Menem -tras una permanente vigilancia a los militares, quienes exigían reconciliación nacional sin revisar lo sucedido en la dictadura desde o antes del 24 de marzo de 1976-, el primer recuerdo preciado es el del juicio a los excomandantes del Proceso. En efecto, a solo tres días de asumir, Alfonsín firmó el decreto 167, por el que instruía la persecución penal de los cabecillas de Montoneros y el ERP, mientras que el decreto 158 disponía el juicio a los excomandantes que integraban las tres juntas militares que condujeron el Proceso, por su responsabilidad en los homicidios, torturas y detenciones ilegales perpetradas entre 1976 y 1983.
Amén de ello, los radicales se concentraron en armar una política económica que saldara la herencia con la que recibieron el poder, en particular la deuda externa, la que subió abruptamente tras una decisión unilateral de Estados Unidos de agregar 600 millones de pesos a los intereses de la dejada por los militares.
La centralidad de las ideas-fuerza del ministro Bernardo Grispun era recuperar el papel de los devastados grupos económicos nacionales, donde las pequeñas empresas eran las más perjudicadas, a través de créditos con bajos intereses, lo que se complementaba con un aumento del salario real, para optimizar la distribución y su incidencia en el mercado interno, con dispar resultado.
También apuntó Alfonsín al ámbito sindical, que a lo largo de su gestión lo tendría jaqueado, impulsando trece paros en su contra. En febrero de 1984 la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley sobre Reordenamiento Sindical, que promovía la creación de nuevas uniones gremiales, pero que despertó la reacción adversa de las dos CGT. El proyecto terminó naufragando en el Senado, con el voto del neuquino Elías Sapag, que inclinó la votación al rechazo.
Antes de cumplir los seis meses, a mediados de mayo del 84, el Gobierno de Alfonsín presentó el Programa Alimentario Nacional, que distribuía alimentos a cinco millones de personas, que algunos llegaron a comparar luego con el plan de Jefes y Jefas de Hogar.
No se puede soslayar que la UCR asumió en un contexto internacional adverso, lo que en el caso de la Argentina se complicaba además por la suba de los intereses de la deuda externa y la baja de los precios agrícolas, con su lógica repercusión en los nacionales.
Sin lugar los primeros seis meses de Grispun y Alfonsín transitaron por estos cursos de acción de la política nacional e internacional, con todo lo que ello implica.
De Anillaco vengo
El ejercicio de la voluntad popular deparó el triunfo del riojano Carlos Menem en las elecciones de 1989, exgobernador y expreso político de la dictadura, quien desde entonces permanece en la vidriera política, hoy obviamente con un brillo sustancialmente opacado, en el Senado Nacional. Su mandato vence el año que viene.
En su caso, los seis primeros meses de gobierno se adelantaron debido a que Alfonsín resolvió adelantar la entrega del poder para no alargar una suerte de agonía acelerada por el propio futuro Gobierno. Siempre se recuerdan las “gestiones” de Domingo Cavallo en el exterior, adelantándole a los mercados financieros que la próxima administración no atendería acuerdos que hiciera el Gobierno saliente. Ergo, más vale que no le prestaran plata.
Rodolfo Terragno fue designado para viajar a Anillaco para entrevistar y acordar con el electo presidente su arribo a Balcarce 50 antes de lo establecido constitucionalmente. Según contó años después el entonces jefe de Gabinete, cuando arribó al chalet ya estaba allí uno de los hombres más influyentes de los medios de comunicación.
Enfrentar las convulsiones económicas con las que debieron lidiar el riojano y compañía demandó más de un intercambio de ideas, en cuyo marco empezó a madurar el planteo de licuar el rol del Estado en el escenario económico y que el mercado fuera el que las definiera. La puja entre los sindicatos y los empresarios no daban tregua y Menem debía columpiarse para no romper con ninguno de ellos.
Menem llegó con la promesa de “salariazo” y la “revolución productiva”. Tiempo después admitiría descarnadamente que si decía lo que iba a hacer realmente, no lo votaría nadie. Lo cierto es que al asumir, el 8 de julio de 1989, en plena hiperinflación, los precios experimentaron ese mes una suba del 197%, mientras que los salarios quedaban relegados con reacomodamientos de entre el 110 y el 160%. Los precios de las tarifas de servicios, rezagadas frente a la escalada de precios, subieron la friolera de un 700%.
El riojano sorprendió de entrada, con un sorprendente giro ideológico que mostró al presidente peronista fundiéndose en un abrazo con la UCeDé. Nombró al líder de ese partido, Alvaro Alsogaray, asesor presidencial a cargo del tema de la deuda externa y más tarde nombró a su hija María Julia al frente de la privatización de ENTEL, una de las privatizaciones que impulsó el Gobierno menemista en sus primeros meses de gestión.
Pero más sorprendente aún fue el acuerdo con el grupo Bunge & Born, en el que trabajaron el por entonces futuro ministro de Trabajo, Jorge Triaca, Eduardo Menem y Eduardo Bauzá, entre otros, que sondearon a los empresarios para que fueran partícipes de la nueva era. Un hotel de La Recolecta fue el ámbito propicio para fecundar esa tarea. Por el mismo se hizo cargo de la economía Miguel Roig, quien falleció a menos de cumplir una semana. Lo sucedió Néstor Rapanelli, quien aplicó una devaluación de casi el 100% y decidió un ajuste fiscal, mientras Carlos Menem definía el plan como “economía popular de mercado”.
La “alianza estratégica con Bunge & Born duraría justo seis meses y concluyó en el marco de un nuevo espiral inflacionario.
La convertibilidad pondría fin a la inflación y le daría a Carlos Menem la posibilidad de implementar la reforma constitucional y con ello lograr la reelección en 1995. Ya soplaban vientos diferentes, pero las complicaciones llegaron desde afuera. Se lo recuerda como el efecto Tequila, cuando México devaluó su moneda y el consiguiente retiro de fondos internacionales de la Argentina, donde se profundizaron el déficit fiscal, la recesión y la desocupación, que llegó al 18%. Si bien la economía no se desmoronó, sobrevino la recesión, que se prolongó un buen tiempo.
Se hizo necesaria una segunda reforma del Estado implementada por Domingo Cavallo, que obligó a un ajuste que incluyó la venta de empresas públicas y bancos provinciales, con la reducción de personal y transferencia a la Nación del sistemas jubilatorios. La consecuencia fue que el peronismo le retaceó al Gobierno la aprobación del Presupuesto y otras prerrogativas para el Poder Ejecutivo.
En esos primeros seis meses de su segundo mandato, se produjo la caída de Domingo Cavallo, quien había chocado con los senadores oficialistas por el tema de la Ley de Patentes, y luego se enfrascó en una dura pelea con Alfredo Yabrán por la privatización del Correo. Un Cavallo desatado escaló en su pelea contra los ministros Carlos Corach (Interior) y Elías Jassan (Justicia), a quienes denunció de manipular a los jueces, y terminó instalando en la discusión pública el tema de la corrupción oficial. Obviamente Menem terminaría reemplazándolo por Roque Fernández, cuando ya avanzaba el séptimo mes de Gobierno.
Un radical regreso
Pasaron los años y el ejercicio de la voluntad popular propició el regreso de la UCR a través de Fernando de la Rúa acompañado del entonces diputado nacional frepasista Carlos “Chacho” Alvarez, en una alianza gestada en los bares de las inmediaciones del Congreso, de la cual Parlamentario fue un testigo de privilegio.
Las convulsiones económicas no cedían y cada día se potenciaban para incidir a la hora de las decisiones en los meses iniciales. En ese contexto surgieron los roces entre los habitantes del Palacio de Hacienda, la Casa Rosada, el Comité Nacional de la UCR, más los bloques de senadores y diputados nacionales. El ministro José Luis Machinea debía hacer malabarismo para conformar a todos, lo que no le impidió galvanizar algunas de sus ideas para enfrentar la herencia del menemismo.
Parir un plan económico generó un clima de enfrentamiento entre quienes tenían la responsabilidad de decidir, lo que obligó a De la Rúa a convertirse en árbitro apelando a su intuición y no a su conocimiento económico.
“Cada día que pasaba era un parto del monte”, confesó a esta revista uno de los hombres que habitó en el primer piso de Balcarce 50 cuando se lo consultó sobre esta revisión histórica.
En las reuniones de gabinete y las privadas -según años después relataron sus protagonistas- florecían las disidencias, las que con el correr del tiempo se agudizaron en los ya famosos primeros meses de gestión. “Eran reuniones interminables”, recordó un ex ministro de pura cepa radical.
De entrada nomás el Gobierno de De la Rúa buscó aplicar reformas que su antecesor había dejado inconclusas. En el primer mes de su gestión intentó aliviar las cargas del sistema jubilatorio sobre el Estado, reduciendo la Prestación Compensatoria a quienes ganaran más de 640 pesos. Tiempo después, el especialista en cuestiones provisionales y entonces diputado radical Eduardo Santín contó que por entonces existía un proyecto que buscaba reducir las jubilaciones que superaran los 3.100 pesos, de modo tal que con el excedente se pudieran mejorar las jubilaciones mínimas. En ese marco, el ministro de Economía tenía en la mira la posibilidad de eliminar los regímenes provisionales especiales, como así también aumentar la edad jubilatoria de las mujeres.
En febrero del año 2000, el Gobierno de De la Rúa impulsó el proyecto de reforma laboral, aprobado el 26 de abril en el Senado. Hugo Moyano ya había hablado para entonces de la existencia de una “Banelco” a cargo del ministro de Trabajo Alberto Flamarique para aflojar voluntades en la Cámara alta.
En junio de 2000, al filo de los seis meses, el vicepresidente Chacho Alvarez firmaba en ausencia de De la Rúa -de viaje en el exterior- el DNU que desregulaba las obras sociales.
Luche y vuelve
La agonía radical-frepasista incentivada por una llamativa insurgencia social obligó a preparar los bártulos, después de que el entonces presidente del bloque de diputados nacionales del PJ, el cordobés Humberto Roggero anunció el inicio del juicio político al presidente de la Nación, en un claro mensaje que en otras palabras sugería: “renuncia o te bajamos”.
El contexto de la jugada de Roggero era la Plaza de Mayo y el conurbano bonaerense, un volcán en erupción y cuya explosión era cuestión de horas, lo que aceleró la puesta en marcha del motor del helicóptero.
Tras el radical retiro, el sillón de la Casa Rosada fue ocupado brevemente por Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Camaño -en ese orden-, hasta que arribó el entonces senador nacional Eduardo Duhalde, quien debió enfrentar su gestión en un clima enrarecido, para lo cual estableció un diálogo con sectores sindicales, empresarios, partidos políticos y fundamentalmente la Iglesia, en reuniones celebradas en Olivos.
En su discurso inaugural, el 1° de enero de 2002, pronunció su recordada frase: “El que depositó dólares, recibirá dólares”, promesa que no pudo cumplir. Paralelamente dispuso la salida de la Ley de Convertibilidad, con la consecuente devaluación del peso en un 50%. A su vez, aplicó la Ley de Emergencia Económica por la cual se pesificaron los contratos privados y públicos, ahorros bancarios y fondos provisionales.
Se congelaron las tarifas de los servicios públicos privatizados y se aplicaron impuestos a las exportaciones para capturar la sobreganancia derivada de la devaluación y financiar el programa de ayuda a los desocupados.
A los cinco meses de gestión, el PBI había caído un 10,7%, el desempleo se disparaba al 21,5% y las reservas del BCRA no superaban los diez mil millones de dólares. El dólar coqueteaba con los cuatro pesos, la pobreza rozaba el 50% y la indigencia el 27%. Para entonces, más precisamente a fines de abril, Jorge Remes Lenicov había dejado de ser ministro de Economía, reemplazándolo Roberto Lavagna. Al primero se le reconoce el mérito de haber hecho el “trabajo sucio”.
En rigor, la economía había dejado de caer en marzo de 2002 y en abril comenzó a crecer, la inflación se mantuvo bajo control y no hubo ningún estallido social.
Viento del sur
Tras idas y vueltas de candidatos del PJ, Duhalde optó por el gobernador santacruceño Néstor Kirchner para enfrentar a Carlos Menem, quien decidió no presentarse en la segunda vuelta, pese a haber ganado en la primera.
Más por imposición de Duhalde que por convicción, Lavagna siguió siendo ministro de Economía con el santacruceño como presidente, quien en su primera función pública giró 80 millones de pesos para cancelar haberes adeudados y destrabar así el prolongado conflicto docente en la provincia de Entre Ríos.
Al primer mes de gestión, Kirchner puso en marcha la renovación de la Corte Suprema, dictando un decreto para renovarla y acabar así con “la mayoría automática”. A los tres meses, anulaba las leyes del perdón, en tanto que en materia económica presentaba ante el FMI el paquete antievasión, que pretendía ser el primer paso de la reforma tributaria. Por entonces se hablaba de la necesidad de obtener un superávit fiscal primario del 3,3%, con un aumento progresivo que en dos años lo hiciera llegar al 4%.
En septiembre, lanzaba una oferta de reestructuración de la deuda en default, por la cuarta parte del monto original adeudado.
Con perfume de mujer
Cumplió su ciclo institucional y Néstor Kirchner optó que su esposa fuera la heredera. Cristina Fernández de Kirchner puso al frente del Palacio de Hacienda al joven economista Martín Lousteau, quien en función de los altos precios internacionales de la soja, empezó a diseñar un plan económico, y simultáneamente mantener la vigencia de las paritarias y apostar a las pymes.
Deseosa de marcar una evolución en el proyecto kirchnerista, una de las primeras medidas de Cristina fue crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Consciente del problema energético que tenía por delante, el último día hábil de 2007, puso en marcha un plan de emergencia de ahorro de energía, que consistía en atrasar la hora oficial 60 minutos, cambio que se extendió hasta el 16 de marzo siguiente, al tiempo que se iniciaba el reparto de lámparas de bajo consumo.
Cristina había con la misión de darle a su gestión una pátina de mayor institucionalidad, pero de entrada nomás ese objetivo comenzó a trastabillar cuando estalló el caso Antonini Wilson, el venezolano que traía un maletín con casi 800 mil dólares que después atribuirían a la campaña de Cristina Kirchner.
Fue solo un mal trago. Lo peor llegaría con el conflicto que se conocería como la guerra con el campo, que se extendió por 127 días. Estalló en el verano, cuando Cristina Kirchner firmó a instancias de Martín Lousteau la resolución 125, que establecía un nuevo esquema de retenciones móviles para las exportaciones de soja, girasol, trigo y maíz, cuya tasa variaría en función de los precios internacionales de esos granos. Se desataron a partir de marzo bloqueos en puertos y rutas de parte de productores rurales que rechazaban las medidas. Ante las reacciones, el ministro de Economía confirmó que no habría “absolutamente ningún cambio” en el sistema de retenciones, ante lo cual se reforzaron las movilizaciones en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
El 25 de marzo, la presidenta condenó las protestas hablando de “piquetes de la abundancia” y asegurando que no se dejaría “extorsionar”. Como respuesta, en las principales ciudades estallaron los primeros cacerolazos de la gestión kirchnerista, y hubo incidentes en Plaza de Mayo. La escalada desembocó en el desabastecimiento de alimentos básicos en las principales ciudades; el último día de marzo el Gobierno anunció compensaciones para pequeños productores agropecuarios, pero las protestas continuaron.
Para el 1 de abril, el kirchnerismo convocó a un acto en Plaza de Mayo, donde la presidenta reiteró sus críticas al sector rural. Al día siguiente, se suspendían las protestas para dar lugar a la negociación, pero para fines de ese mes se anunciaba la aplicación de la Ley de Abastecimiento.
Lousteau renunció el 25 de abril, siendo reemplazado por Carlos Fernández. Las protestas continuaron, con huelgas agropecuarias. El 25 de mayo Cristina presidió un acto en Salta, donde pidió poner “por delante los intereses de la Patria”, en tanto que el campo reunía 300 mil personas en Rosario, frente al Monumento a la Bandera. El acto tuvo tal tono opositor, que el Gobierno decidió romper las negociaciones, mientras el Partido Justicialista tildaba de “golpista” al campo.
El 9 de junio Cristina anunció un programa para que lo recaudado en concepto de retenciones fuera a financiar la construcción de hospitales y caminos, mientras que pocos días después el dirigente rural Alfredo de Angeli era detenido por la Gendarmería, en una ruta de Gualeguaychú.
El 17 de junio la presidenta anunció por cadena nacional el envío del tema al Congreso de la Nación. Una semana después, el vicepresidente Julio Cobos lanzaba una convocatoria a gobernadores, pero era desautorizado por la presidenta y solo concurrieron mandatarios opositores, mientras se instalaban carpas frente al Congreso.
Cinco días antes de cumplirse los primeros seis meses de gestión, Diputados aprobaba el proyecto en la Cámara de Diputados, girándolo al Senado, donde sería rechazado.
Se va la segunda
Aun antes de comenzar su segundo período personal y tercero del “proyecto”, Cristina dio señales de racionalidad. Su equipo económico comandado por su futuro vice, Amado Boudou y su sucesor Hernán Lorenzino, comenzaron a dar pasos concretos hacia una vuelta a los mercados de capitales y se dio inicio a la “sintonía fina”, como se llamó al retiro de los subsidios. Paralelamente, el 28 de octubre instalaron el cepo cambiario ante la fuerte caída de las reservas. Todo esto arrancó en la previa al inicio de los seis meses comprendidos en esta nota. Pero ya en el primer mes de su segundo mandato, la señora Kirchner arrancó con el pie izquierdo, al informarse sobre el hallazgo de un tumor en las tiroides que motivó una inmediata intervención quirúrgica, que luego se supo innecesaria.
La elaboración del esquema de reducción de subsidios siguió avanzando y para eso se universalizó la implementación de la tarjeta SUBE: pueden recordarse las extensas colas al sol que ese verano se realizaban para conseguirlas, ante lo que se anticipaba como un ajuste a partir de marzo.
Sin embargo sobrevino la tragedia de Once, el 22 de febrero de 2012, que dejó un saldo de 51 muertos, y la decisión de reacondicionar las tarifas de transporte voló por los aires.
En su reaparición pública tras el silencio que sucedió a la tragedia, la presidenta emitió su emblemático: “Vamos por todo”. Cambió la agenda y se le apuntó a YPF. Cristina comenzó a preparar el terreno al advertir sobre la manera como impactaba en la balanza comercial el fuerte gasto en energía. Necesitaba cuanto antes recuperar la iniciativa, afectada no solo por la tragedia del tren Sarmiento, sino también por el escándalo del caso Ciccone, respecto al cual había decidido alinear a su Gobierno en la defensa de Amado Boudou.
Retomó la iniciativa cuando anunció la expropiación de YPF. El kirchnerismo consiguió otra epopeya para sumar al relato oficial y se convenció de que con ello podría revertir también las cuentas exhaustas por el rojo energético. Pero para entonces eran muchos los frentes abiertos por el cristinismo, que ya había instalado en la vereda de enfrente a Hugo Moyano. Mientras tanto el escándalo con el vicepresidente Boudou había arrastrado al procurador general de la Nación, Esteban Righi, en cuyo puesto Cristina propuso a Daniel Reposo, cuya postulación se derritió en el Senado por su currículum endeble. Al cumplirse los seis meses del mandato, Cristina debió retirar su pliego ante la falta de votos para promoverlo.
Globos amarillos
“Estamos en el peor momento”. La confesión no salió de la boca de un legislador del FIT, sino del de Marcos Peña, el jefe de Gabinete, lo que despertó más de un comentario en sus propias filas y con mayor fuerza en las huestes de la oposición, que se regodearon con esa frase.
La pronunció en las horas camino del sexto mes, y se refería a las consecuencias sociales del aumento de las tarifas después del congelamiento K, pero enfatizó que las medidas adoptadas apuntaban a revertir este panorama, y que en el segundo semestre otro sería el cantar.
Cambiar el rol del Estado como mediador y abrir las puertas para que el libre mercado sea el ordenador de la economía, repercutió en estos seis primeros meses en todos los planos. Una opción que marca una bisagra en la historia desde el 83 hasta estos días y en lo que resta para llegar a fin de año, para dilucidar cómo sigue el andar macrista.
El andamiaje económico tiene un punto de partida sustancial: la aprobación en el Congreso del pago del canje con los holdouts, lo que habilitaba al Gobierno de presentarse al mundo con las puertas abiertas de par en par para las inversiones, además de otras medidas tendientes a favorecer las empresas mineras, las entidades financieras y la producción del campo.
Un recorrido sobre los seis primeros meses de quienes accedieron a Balcarce 50 es ejemplo como todos ellos debieron enfrentar las tensiones institucionales en la habitual puja de poder. O mejor dicho cómo pudieron ubicarse en estos escenarios de arenas movedizas.
En rigor, más allá de que se enfatiza de que falta un proyecto de Cambiemos, en particular desde la oposición, funcionarios del Gobierno afirman que Mauricio Macri no da pasos en falso, más bien todo lo contrario. “El veto a la ley antidespidos, es una muestra de ello”, señalan para recitar luego que el próximo semestre será la muestra de la vigencia del proyecto político.
