Desde 1904 a la actualidad, al régimen jubilatorio para personal del Estado le sucedió la creación de múltiples regímenes para el personal del sector público nacional, del sector privado y regímenes especiales y diferenciales (tareas insalubres, determinante de vejez prematura etc). Simultáneamente, se fueron creando regímenes a nivel provincial, municipal y de profesionales, etc… en distintos tiempos y circunstancias, de manera inorgánica, con colisiones, superposiciones, inequidades, falta de solidaridad, entre sí, y casi todos sin sustentos actuariales y financieros, etc. Y no sólo por causa “del federalismo” la legislación nacional también hizo su aporte en esos efectos. Convenios de corresponsabilidad, gremial, fuentes de financiamiento de diversas fuentes, orígenes y sectores , privatización del sistema o administración y uso de los fondos por el tesoro nacional, etc.

La estructura original del Instituto Nacional de Previsión Social por la ley 14.236 (1953) constituyó un paso fundamental en integrar y sistematizar (no uniformar) los regímenes legales y nacionales vigentes. Destacamos la autonomía en su conducción y la autarquía en su financiamiento mediante un sistema de capitalización solidario y público. Toda la legislación posterior, en donde la intervención del P.E de sucesivos Gobiernos (democráticos o de-factos) en la conducción del Sistema y en la administración y disposición de los fondos del capital acumulado, terminaron con el volumen de ese importante capital. El sistema paso a tener una voluminosa y divergente deuda con los jubilados.
En un trabajo de investigación económico-financiero del sistema previsional cuya síntesis fue publicada en la Revista Estudios (IERAL 1974) destacábamos la importancia de convertir el sistema previsional vigente, en un verdadero sistema, en su organización, conducción, financiamiento y alcance de largo plazo, de reparto público obligatorio y de capitalización privada voluntaria, con una conducción autónoma y autarquía financiera, y no debía omitirse la asistencia de sociólogos, demógrafos, actuarios, tributaristas y economistas, como asistentes de los ideólogos de la legislación definitiva del sistema. La historia fue totalmente diferente y un resumen actual, del que podríamos detallar muchos otros informes y estudios, a lo largo de los tiempos pasados. Es esta declaración, del ahora expresidente de la AGN Alejandro Despouy el año pasado, en la Ciudad de Córdoba: “El manejo discrecional de los fondos públicos, la mala gestión de la Administración Nacional de Seguridad Social y la falta de transparencia y de rendición de cuentas son problemas graves del gobierno de Cristina Fernández. Se presta al Gobierno, a tasas muy bajas, dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que se destina a programas estatales, pero también en forma considerable al sector privado”. En anteriores publicaciones hemos expuesto sobre la significación de proyectar con rigor actuarial, demográfico y económico, en el mediano y largo plazo, un sistema de financiamiento, las fuentes propias de financiamiento y las erogaciones de un sistema jubilatorio nacional. Ratificamos la aplicación insustituible de herramientas de la demografía y de la matemática actuarial en esas proyecciones. Una vez más, ratificamos la afirmación, respecto de la insuficiencia del actual –laberinto – de recursos no tributarios, tributarios con asignaciones especificas, por tiempo determinado, con afectación del régimen de coparticipación, etc etc. que son las actuales fuentes de recursos para – mal – atender los principios de universalidad, integralidad e inmediatez.

Como así también hoy cumplir con insuficiencia, un justo régimen de movilidad automática de haberes que cumpla el concepto sustitutivo de los haberes jubilatorios, respecto de los salarios, y cumplir con el texto del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y atender las reiteradas sentencias de la C.S.J. sobre la materia. Un tema de actualidad es el de la problemática de los haberes jubilatorios. El haber jubilatorio es un sustituto de la remuneración, por eso el monto a percibir por el jubilado, debe tener una relación directa con la remuneración que percibe el trabajador por igual categoría, oficio o función, es lo establecido en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Cumplir de manera universal e integral en el largo plazo, esa problemática, exige que el régimen tenga los recursos financieros suficientes y sostenidos en el tiempo, y no tenemos hoy un estudio de largo plazo para el financiamiento del régimen jubilatorio nacional.- Otra reflexión es que no debemos confundir la liquidación del monto inicial de los haberes al otorgamiento de la jubilación —y sus posteriores ajustes por aplicación de la movilidad de las remuneraciones, de igual cargo oficio o función, del ahora jubilado—, con las actualizaciones por cambios en el valor de la moneda. En seguridad social no debemos hacer que el árbol nos tape el bosque, la protección integral y universal del hombre es objetivo supremo.

El proyecto de ley enviado por el PEN, con un programa denominado de Reparación Histórica para jubilados y pensionados, es decir reparación del pasado respecto del futuro es muy poco preciso, solo el Art. 12 que crea un Consejo de Sustentabilidad Previsional (respetuosamente nos parece una ambiciosa denominación) si consideramos la redacción de ese artículo y el casi nulo tratamiento del mismo, tanto en las valiosas exposiciones (a las que no estábamos acostumbrados ) en las reuniones de comisiones y en el amplio y rico debate en la Cámara de Diputados.-

Imaginamos una nueva redacción para el citado artículo 12°: Créase en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, un organismo denominado, CONSEJO DE ESTUDIO PREVISIONAL, que tendrá a su cargo la elaboración de un Proyecto de Ley de creación de un nuevo Sistema Previsional, de carácter universal, integral, solidario, público, de reparto y sustentable financieramente durante los próximos 20 años. El PODER EJECUTIVO NACIONAL elevara el proyecto en tiempo y en forma, a consideración del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.-El CONSEJO DE ESTUDIO PREVISIONAL estará integrado también con un representante de los trabajadores activos, un representante de los beneficiarios del actual sistema previsional, y un representante de los empleadores del sector privado.- Uno por lo menos de esos representante deberá ser del sexo femenino.- Un equipo de profesionales de sociología, demografía, matemática actuarial, tributos, macro-economía y especialistas en seguridad social, asesoraran a los integrantes del Consejo.- El CONSEJO DE ESTUDIO PREVISIONAL deberá cumplir su cometido dentro de los TRES (3) años de la entrada en vigencia de la esta Ley, y deberá remitir cada seis meses un informe de avance, a la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social.

Juan Carlos Tomasetti fue profesor de Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba. Docente en ICAP